El descuento de la luz para consumidores vulnerables alcanza su nivel más alto desde 2018, cuando se cambiaron los criterios para su concesión, que hasta entonces se regían exclusivamente por términos de potencia contratada y a partir de entonces lo hicieron según la renta, a excepción del caso de las familias numerosas. Son 1,7 millones de hogares, un 60% más que los 1,07 millones de beneficiarios que había hace ocho años y un 20% menos que el máximo alcanzado con las pautas anteriores.
La mayoría de usuarios que reciben esta ayuda (1,1 millones) lo hacen debido a criterios de renta; 460.244 son familias numerosas, que tienen derecho a él automáticamente; 76.134 son pensionistas con pensión mínima, y 41.450 son receptores del Ingreso Mínimo Vital, a quien se les otorga el derecho al bono social de forma directa, según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Todos los usuarios deben solicitar la ayuda para poder recibirla, así como tener contratada la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC) y disponer de una potencia contratada igual o inferior a 10 kilovatios (kW).
El gran incremento entre los perceptores del bono social se produjo entre 2021 y 2023, cuando los precios de la electricidad se dispararon a raíz de la invasión rusa de Ucrania y se produjo una crisis energética global. A mediados de 2021, el número de receptores de este descuento se situaba en 1,11 millones, mientras que a finales de 2023 alcanzó los 1,59 millones, unos 480.000 más, según las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
El bono social eléctrico implica un descuento en la factura de la luz de entre el 25% y el 40% de la factura de la luz para aquellos usuarios que están acogidos a la tarifa regulada de la luz (indexada a la evolución del mercado mayorista) en función del grado de vulnerabilidad (vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social). Pero en 2021, como parte de las medidas anticrisis, el Gobierno elevó de manera temporal los descuentos hasta el 65% y el 80% del recibo para la gran mayoría de los beneficiarios.
En 2024, con la vuelta a la ‘normalidad’ en los precios de la energía, el Gobierno fue revirtiendo progresivamente algunas de las medidas, como el aumento en los descuentos del bono social, hasta situarlo en los porcentajes actuales (entre el 42,5% y el 57,5%), que se han prorrogado constantemente. La última prórroga fue a finales de 2025 y supone mantener esas tasas durante todo este año.
A pesar del número creciente de perceptores, un estudio elaborado por EsadeEcPol y publicado en septiembre de 2024, que midió por primera vez las tasas de cobertura del bono social, concluyó que casi 8 de cada 10 potenciales beneficiarios (24,5%) no recibía esta ayuda. El análisis partía de las cifras de 2022, cuando el número de receptores del bono social era de 1,3 millones, según la CNMC. De hecho, la tasa subía al 45,5% para las familias numerosas, siendo solo del 20% para la categoría de renta baja, y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima. Entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibía el bono. Entre los de ingreso bajo, apenas el 40%.
Por comunidades, Andalucía es la que tiene más beneficiarios (354.261), seguida de Catalunya (196.562) y Madrid (187.729). La provincia de Barcelona acumula casi el 70% de las ayudas en Catalunya (135.404), mientras el resto se divide entre Girona (18.498), Lleida (12.386) y Tarragona (30.274). Las regiones con menos perceptores son La Rioja (14.208), Cantabria (16.983) y Navarra (23.185).
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