El exconsejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes, uno de los ciudadanos venezolanos a los que la ex fiscal general del país sudamericano Luisa Ortega Díaz vinculó a los negocios irregulares del depuesto presidente Nicolás Maduro, fue el personaje ‘clave’ para que la compañía recurriera al empresario español Julio Martínez Martínez, para que este realizara gestiones relacionadas con la operativa de transporte aéreo en Venezuela, según explican a esta redacción fuentes conocedoras de los hechos. Las citadas fuentes rechazan que el actual presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el secretario, Roberto Roselli, ambos detenidos y después puestos en libertad, fueran las personas que instaron a su contratación.
«Tenemos una investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP [fondos para luchar contra el hambre]. Una empresa mexicana registrada a nombre de dos personas. Se presume que es de Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Uguedo Vargas y Alex Saab», denunció la exfiscal de este país Ortega Díaz, que se refería a la firma mexicana Browse Gran Limited, que ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Esta funcionaria pública huyó del régimen chavista para refugiarse en Madrid. En Venezuela la investigación sobre esta denuncia no siguió adelante. Los denunciados han negado cualquier irregularidad.
De forma reciente Alex Saab, empresario a quien se considera aliado de Nicolás Maduro, fue arrestado y después liberado en una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y venezolanas, según adelantó la prensa colombiana. Otro de los detenidos en esta operación habría sido Raúl Antonio Gorrín, dueño de la cadena venezolana de televisión Globovisión, quien de forma reciente fue exonerado de sus imputaciones en la Audiencia Nacional.
Nicolás Maduro durante su detención en Estados Unidos / EFE
En España, la Fiscalía Anticorrupción acusa a directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones de euros, al considerar que este dinero pudo utilizarse para llevar a cabo «operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela», según consta en una querella, a la que ha tenido acceso este periódico. En concreto, se trataría de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)», especifica un auto de la Audiencia Nacional.
Collazos y Lorente
En la actualidad, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, y la fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente, investigan en secreto presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias por el uso supuestamente irregular del dinero del rescate público de Plus Ultra. Precisamente, tras la detención de Maduro a manos del ejército de Estados Unidos, las autoridades suizas anunciaron el bloqueo de fondos que atribuyen al detenido presidente venezolano y a su entorno familiar.
Algunos de los denunciados en España por Anticorrupción ya están siendo investigados por el supuesto blanqueo «a gran escala» de importantes sumas de dinero «de personas sujetas a sanciones internacionales», según apuntan documentos del Ministerio Público de Suiza, que centran su atención en el supuesto lavado de dinero de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela».
El venezolano Rodolfo Reyes fue nombrado el 9 de febrero de 2017 consejero de Plus Ultra, una firma que recurrió a los servicios de la mercantil Análisis Relevante, creada en 2020 y propiedad del mencionado Julio Martínez Martínez. Este último ha reconocido que requirió la asesoría de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien califica como un «amigo» con quien sale a correr de forma periódica. Sin embargo, ha negado que solicitara ayuda a Zapatero por asuntos relacionados con la aerolínea.
Zapatero no ve irregularidades
En el mismo sentido, el expresidente del Gobierno español, que también ha negado cualquier irregularidad en su actividad como autónomo, ha rechazado que los pagos recibidos del empresario Julio Martínez Martínez tuvieran vínculos con Plus Ultra y, mucho menos, con el rescate de la compañía en 2021 por parte del Gobierno socialista. Según aseguran desde su entorno, la relación profesional que mantiene con Martínez Martínez se ciñe a una “prestación de servicios como consultor con Análisis Relevante Sociedad Limitada». EL PERIÓDICO ha podido confirmar que en la web de la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, que se denomina Whathefav, se incluía como cliente a Análisis Relevante. El diario El Mundo cifra en unos 450.000 euros los ingresos de Zapatero procedentes de la empresa de su amigo.
José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el Palacio de Miraflores de Caracas / PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA
Según las fuentes consultadas, Rodolfo Reyes, que se desprendió hace meses de todas las acciones familiares que tenía en Plus Ultra, también habría sido quien habría negociado los créditos por 1,2 millones de euros que la aerolínea recibió de tres empresas del denunciado Simón Leendert Verhoeven. Según Anticorrupción, una parte de los 53 millones del rescate habría servido para devolver estos préstamos de un dinero que escondían en Suiza altos funcionarios venezolanos. Sin embargo, esta redacción no tiene conocimiento de que la investigación en España, que permanece secreta, incluya a Reyes.
Tal y como adelantó esta redacción, los empresarios peruanos Felipe y Enrique Baca Arbulu se valieron de la empresa Trowbridge, creada en España, para adquirir al menos una vivienda en el extranjero, según informan a esta redacción fuentes implicadas en el caso. La empresa Trowbridge, que inició su actividad el 16 de diciembre de 2020 con un capital de 3.000 euros, amplió el 10 de mayo de 2021 este capital en 970.000 euros. Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo de 2021 la operación de respaldo público a la aerolínea, que recibió el 18 de marzo de 2021 un préstamo ordinario por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 19 millones de euros. El resto de la ayuda pública, hasta los 53 millones, se canalizó a través de un préstamo participativo de otros 34 millones de euros.
Los hermanos Baca Arbulu, de nacionalidad peruana y francesa, son dos los querellados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Plus Ultra, en el que también estarían imputados Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español.
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