En pleno escándalo político por las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante, el gobierno de Barcala tiene que virar el foco hacia los tribunales. Pero no por la denuncia presentada por el Ayuntamiento, al igual que hizo la Conselleria de Vivienda, el PSOE y Sumar, ante la Fiscalía Anticorrupción, que ahora se trasladarán a un juzgado, sino por las batallas de dos funcionarios por dos jefaturas del Consistorio alicantino. Dos vistas orales de dos asuntos conectados, con apenas cinco días de diferencia.
La primera de las citas tendrá lugar el próximo miércoles, 18 de febrero, en las instalaciones judiciales de la calle Pardo Gimeno. Ahí están citadas las dos partes implicadas en el proceso del intento de jubilación forzosa del jefe de la Policía Local, José María Conesa. Una decisión del gobierno de Barcala que, actualmente, se encuentra suspendida cautelarmente por la titular de la sección de lo Contencioso-Administrativo número cuatro.
El choque tiene origen en el decreto, impulsado por el ejecutivo municipal, que ordenaba la jubilación forzosa del jefe de la Policía el pasado 8 de agosto, fecha en la que el comisario jefe cumplió 65 años. Esa decisión, paralizada por el momento y cuya validez debe decretar ahora la jueza, subrayaba que «Ley General de la Seguridad Social determina que, durante 2025, la edad de jubilación ordinaria es la de 65 años para las personas que tengan acreditados 38 años y 3 meses de cotización».
Por contra, apuntaba el decreto del gobierno de Barcala, «la edad de 66 años y 8 meses será la ordinaria para las personas que tengan acreditados menos de 38 años y 3 meses cotizados«. Al hilo, el decreto para la jubilación forzosa del jefe de la Policía Local añadía que «el personal de la Policía Local queda excluido de la posibilidad de permanencia voluntaria en la situación de servicio activo a partir de la edad de jubilación ordinaria».
Los años, raíz del conflicto
En este conflicto ahora judicial, el ejecutivo local defiende que Conesa tenía acreditados en febrero del pasado 2025, fecha del decreto, más de 35 años y medio como funcionario municipal, a los que se sumarían, siempre según Recursos Humanos, casi cuatro años en una anterior ocupación vinculada a la Armada, «reconocidos en este Ayuntamiento por la Comisión Municipal de Gobierno en octubre de 1989». Así, desde el gobierno local se consideró en su momento que procedía «declarar la jubilación forzosa de Conesa por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que resulta de los años de cotización acreditados«.
La jueza, que ahora debe determinar el fondo del asunto, decretó en julio de 2025, a apenas unos días de que Conesa cumpliera los 65 años, la suspensión del decreto de jubilación. La magistrada argumentó que la cuestión era de «naturaleza jurídica y de índole interpretativa», por lo que consideró «prudencial suspenderla hasta que sea esclarecida previo análisis de la normativa y jurisprudencia». Esa fecha ya ha llegado con el señalamiento de la vista para este miércoles.
Se trata de un choque más, puede que el definitivo, entre el jefe de la Policía y el alcalde de Alicante. Hace casi dos años, el gobierno local impulsó un intento de reorganización del cuadro de mandos con un objetivo evidente: intentar controlar al actual jefe de la Policía Local. Sin embargo, ese intentó duró poco. Apenas dos meses.
El evidente enfrentamiento entre ambos, sin embargo, venía de atrás. No son pocos en el Ayuntamiento los que ponen el foco en las polémicas oposiciones a la Policía Local, que estuvieron marcadas por acusaciones de nepotismo en un escándalo que saltó en marzo de 2022. Nada se pudo demostrar, pero el escándalo dejó un poso que se ha mantenido en el tiempo.
Sin embargo, la del miércoles no es la única cita judicial entre las partes. Justo un día antes, el martes 17, la Sección 2 de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se reunirá para fallar sobre el recurso del Ayuntamiento ante la suspensión cautelar de la jubilación forzosa. Así que doble cita judicial sobre un mismo asunto: la permanencia, o no, de Conesa al frente de la Policía Local hasta principios de 2027.
Otro asunto
Aunque este no es el único proceso judicial abierto en el Ayuntamiento por una jefatura. A finales del pasado año, una letrada municipal presentó una demanda contra la decisión del gobierno de Barcala de modificar en 2025 la forma de elección del jefe de los Servicios Jurídicos, que pasó del histórico concurso de méritos a la fórmula de libre designación por decisión política.
El recurso, que ahora se abordará en una vista oral, busca impugnar tres decisiones vinculadas del equipo de gobierno municipal: la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la posterior convocatoria del puesto por el sistema de libre designación y el definitivo decreto de Alcaldía que nombró al nuevo jefe del Servicio Jurídico.
El Ayuntamiento modificó en mayo de 2025 el sistema de provisión del puesto, que desde 1998 se cubría oficialmente por un concurso de méritos por la fórmula de libre designación (conocida popularmente como «a dedo»). Esta decisión habría tenido, según la demandante, un objetivo premeditado: restringir la concurrencia de aspirantes al cargo y permitir que únicamente dos funcionarios pudieran optar al puesto.
Previamente a abrir la vía judicial, la funcionaria agotó el recorrido a nivel municipal, presentando un recurso de reposición, que desestimó la Junta de Gobierno alegando que la funcionaria no estaba legitimada para impugnar el acuerdo. Para buscar un respaldo a esa decisión, el entonces concejal de Recursos Humanos solicitó un informe al Servicio Jurídico que justificara el cambio de procedimiento de elección del responsable del área, que según el ejecutivo pretendía dar «un mejor servicio a la ciudadanía».
Esa petición, según constó en la demanda, fue dirigida a los dos únicos funcionarios de Servicios Jurídicos que podrían optar, tras la nueva fórmula elegida, al puesto de jefe de Servicios Jurídicos, lo que podría derivar en un conflicto de intereses. Antes de dar a conocer la resolución de ese recurso, la demandante presentó un segundo recurso, en este caso a la convocatoria del puesto de trabajo por libre designación.
Fue el pasado septiembre cuando el alcalde dio luz verde a la designación de Rafael Ramos como jefe de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. Era uno de los dos únicos funcionarios que podían optar al puesto al modificarse el procedimiento, que ahora será el titular del juzgado de la sección de lo Contencioso-Administrativo número uno el que dictamine si fue correcto.
Suscríbete para seguir leyendo
