La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha situado la vivienda en el centro del arranque político de los socialistas andaluces de cara a las próximas elecciones autonómicas previstas para el primer semestre del año. Lo ha hecho en un foro organizado por su partido en Dos Hermanas (Sevilla), donde ha desgranado un paquete de medidas que, según ha avanzado, formará parte esencial del programa electoral con el que aspira a alcanzar la Presidencia de la Junta.
El acto, que ha contado con la intervención inicial de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha servido a Montero para poner cifras y plazos a su propuesta. Entre los anuncios más destacados figura el compromiso de impulsar la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía con el objetivo de incrementar la oferta y contribuir así a contener los precios. La dirigente socialista ha defendido que ampliar el parque residencial es una condición necesaria para revertir la actual dinámica de encarecimiento y “recuperar el tiempo perdido”.
Un plan de 100.000 viviendas y más inversión pública
Montero ha recordado que en Andalucía existen actualmente 110.000 personas inscritas en los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda, un dato que ha utilizado para plantear la magnitud del reto. A partir de esa cifra, ha lanzado la pregunta de cuántas viviendas necesita realmente la comunidad y ha enmarcado la respuesta en una planificación a medio y largo plazo que combine inversión pública, reformas normativas y colaboración con el sector privado.
La líder del PSOE-A ha definido la política de vivienda como una de las primeras actuaciones que pondría en marcha en caso de gobernar y la ha calificado como el “quinto pilar del Estado del Bienestar”. En esa línea, ha defendido que el acceso a una vivienda digna debe consolidarse como un derecho exigible ante los tribunales, al tiempo que ha reclamado que las comunidades autónomas no obstaculicen la aplicación de las medidas impulsadas desde el Gobierno central.
En el terreno presupuestario, Montero ha planteado que España avance progresivamente hasta destinar el 1% del PIB a políticas de vivienda. Según sus cálculos, ese objetivo supondría movilizar en torno a 2.300 millones de euros anuales entre las distintas administraciones. A esa cifra ha sumado el compromiso de la Junta de Andalucía de aportar una financiación específica de 1.000 millones de euros cada año si los socialistas regresan al Ejecutivo autonómico.
La dirigente ha vinculado esta propuesta al nuevo modelo de financiación autonómica defendido por el Gobierno, que, según ha señalado, permitiría a Andalucía contar con 5.700 millones de euros adicionales entre recursos tributarios y fondos de compensación. En ese escenario, ha sostenido que destinar 1.000 millones a vivienda sería compatible con el mantenimiento del resto de políticas públicas.
Otro de los ejes del plan pasa por replicar en el conjunto de Andalucía el modelo desarrollado en Dos Hermanas. La fórmula planteada contempla que los ayuntamientos cedan suelo sin coste y que los promotores privados se comprometan a reservar un porcentaje de las promociones para vivienda protegida y a ajustar los precios. Esas viviendas, ha indicado, pasarían a formar parte del patrimonio municipal o autonómico y no podrían incorporarse al mercado libre tras haber sido financiadas con recursos públicos.
Derogar la ley andaluza y facilitar el acceso a los jóvenes
Montero también ha anunciado que, en caso de llegar a la Junta, derogará en sus primeros 100 días la actual Ley de Vivienda de Andalucía, recientemente aprobada. Como medida específica para facilitar el acceso a la propiedad, ha planteado que los jóvenes que adquieran su primera vivienda puedan aplazar el pago del 20% correspondiente a la entrada y a la reserva del inmueble hasta la finalización del préstamo hipotecario, lo que, según ha explicado, supondría un alivio económico inmediato.
Durante su intervención, la secretaria general del PSOE andaluz ha cuestionado la gestión del actual Ejecutivo autonómico en esta materia. Ha señalado que, pese a tratarse de una competencia fundamentalmente autonómica, la financiación de los planes de vivienda en Andalucía procede en gran medida del Plan Estatal sufragado por el Gobierno central. En ese contexto, ha reprochado a la Junta que no haya desplegado una estrategia propia con mayor implicación presupuestaria.
Montero ha defendido que las políticas públicas de vivienda no deben limitarse a atender únicamente a los colectivos más vulnerables, sino que deben extenderse a la clase media, que también encuentra dificultades para acceder a un inmueble pese a contar con empleos estables. Según ha expuesto, la falta de intervención en el mercado durante años ha contribuido a una escalada de precios que afecta a amplias capas de la población.
Además de las propuestas en materia residencial, la vicepresidenta ha aprovechado el acto para reiterar el compromiso del Ejecutivo central con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, independientemente de la posición que adopten otros grupos parlamentarios en el Congreso. En el cierre del foro, ha apelado a la movilización del electorado progresista andaluz ante la próxima cita con las urnas.
