El escándalo en las oposiciones de RTVE cumple ahora un año y medio sin que nada haya cambiado para los trabajadores directamente implicados. La filtración de las preguntas del examen en la categoría de informador obligó a suspender la prueba solo unos minutos antes de que comenzara, ante la mirada atónita de los más de 5.000 aspirantes que se presentaban a la cita, que tuvo que ser aplazada. En un auto fechado el 10 de diciembre de 2024, el juzgado de instrucción número 48 de Madrid imputó formalmente a dos cargos de UGT implicados en la filtración y difusión de las preguntas del examen a determinados candidatos. Un año después de ese movimiento judicial, UGT mantiene en sus cargos sindicales a ambos trabajadores, que siguen percibiendo un sueldo público en RTVE.
El primero de los imputados es César Moreno, secretario de Organización de UGT-RTVE en Madrid y la persona que remitió la noche antes de la prueba las preguntas del examen a una opositora afiliada a UGT. La opositora denunció que esa misma noche lo ocurrido y lo hizo llegar al tribunal a través de la periodista Cristina Ónega. El email contenía una serie de instrucciones muy precisas, pidiendo contestar de forma correcta un número determinado de preguntas (70) y fallar deliberadamente otro (6), para evitar levantar sospechas. Además, en ese mismo email se incluía una petición del borrado del propio mensaje para evitar dejar rastro.
A día de hoy, Moreno sigue en su puesto en el organigrama de UGT como secretario de Organización en la federación madrileña del sindicato, que también le ha designado como representante de UGT en varios órganos internos de RTVE. Así, Moreno representa a los trabajadores de RTVE en el Comité de Empresa, del que dimitió como presidente hace un año ante la amenaza de que le destituyeran, y donde se mantiene como integrante, según documentos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Moreno es además miembro de la Comisión de Igualdad de RTVE, donde UGT le ha situado como su delegado en esta materia.
El sindicato de Unión General de Trabajadores mantiene así la confianza en el trabajador que filtró las preguntas del examen, igual que lo hace en el caso del segundo imputado, Julián Pérez Olmos. Él fue uno de los dos miembros del tribunal de las oposiciones que estaban designados por UGT. Participó en la elaboración del examen, conocía las preguntas de la prueba y es la persona que figura como autor del documento con las preguntas filtradas, adelantado por EL PERIÓDICO, y que se remitió a ciertos opositores.
El trabajador de RTVE ya había sido tribunal en otros procesos de oposición anteriores que estuvieron bajo sospecha, donde en 2021 se sacó la plaza la segunda miembro de UGT en el tribunal junto a Pérez Olmos, Guiomar Zaballos. El número de aciertos y errores de su prueba -71 aciertos y 6 errores- se asemeja notablemente a las instrucciones difundidas en el email de la filtración.
Pérez Olmos también sigue contando con la confianza de UGT, que le ha situado como su delegado en la Comisión de Acción Social Corporativa y la Corporación RTVE, encargada de administrar las prestaciones sociales que se conceden a los trabajadores que lo soliciten, y en muchos casos determinar la cuantía de la ayuda económica que se asignan, según documentos a lo que ha tenido acceso este medio. Además, Pérez Olmos sería presidente de la Comisión de Control de Planes de Pensiones de RTVE, según fuentes de la corporación.
Los dos imputados están acusados de delito revelación de secreto por particulares, regulado en el artículo 199 del Código Penal y con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años. Todo ello, independientemente de que más tarde RTVE pueda reclamar el coste económico de la suspensión y la nueva convocatoria del examen de oposición, así como los gastos de desplazamiento y alojamiento en que incurrieron los opositores citados a la prueba fallida.
Sin sanción económica
Además de contar con el respaldo de su sindicato, los dos imputados tampoco han percibido sanción económica alguna y a día de hoy siguen percibiendo su salario público a cargo de RTVE. Una de las primeras decisiones de José Pablo López tras llegar a la presidencia de la corporación fue la de personar a RTVE como acusación particular en la causa abierta por el escándalo de las oposiciones, a través de la Abogacía del Estado. Precisamente, una de las incógnitas será la pena que solicite RTVE en el escrito de acusación, una vez que concluya la fase de diligencias previas. De momento, la mera judicialización de este episodio, que aún se está instruyendo, implicó la suspensión de la investigación interna.
El Convenio Colectivo de RTVE establece en su artículo 80 que cualquier expediente debe quedar suspendido en caso de que sean objeto de diligencias judiciales, y en estos casos no permite la suspensión de empleo y sueldo como medida cautelar. De esta manera, los investigados por la filtración de RTVE seguirán percibiendo su salario público al menos hasta que exista una sentencia que, en caso de ser condenatoria, vinculará a RTVE a la hora de aplicar las sanciones, que pueden conllevar hasta la expulsión.
«Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Corporación RTVE respecto de los procedimientos disciplinarios que se substancien», señala el Convenio, que también establece que estas sanciones podrán imponerse «sin perjuicio de la responsabilidad en que la persona trabajadora haya incurrido por los mismos».
Es decir, que más allá de las acciones internas que puedan aplicársele a los dos implicados en caso de ser condenados, RTVE también podrá exigir responsabilidades por los hechos. En este caso, una de las cuestiones que queda en el aire es la responsabilidad económica del episodio, que obligó a suspender una convocatoria para 5.000 aspirantes, con los consiguientes gastos, desde el alquiler de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, para realizar la prueba, hasta los viajes y estancia de los opositores que se desplazaron a la capital desde distintas partes del mundo.
Sindicatos, fuera de los tribunales
El presidente de RTVE impulsó varias medidas después del capítulo negro de las oposiciones de RTVE. Además de destituir al anterior responsable de RRHH, señalado también por las filtraciones, y de personarse en el procedimiento judicial, la actual dirección emprendió una negociación del Convenio Colectivo para dejar a los sindicatos fuera de los tribunales de oposición, después de la implicación de UGT en la filtración del último examen.
La modificación del convenio, publicada en el BOE a finales de noviembre, fijó una nueva composición de los tribunales de oposiciones. Si hasta ahora las organizaciones sindicales podían designar a la mitad de sus miembros -cinco de diez-, ahora será la dirección de RTVE quien designe a todos sus integrantes. El acuerdo, que fue adelantado por EL PERIÓDICO, fue suscrito por UGT, SI y USO, y se opusieron CCOO y CGT, y establece que «la Dirección de la Corporación RTVE designará a las personas trabajadoras que deban conformar los comités de valoración como miembros titulares o suplentes», y elegirá también al presidente de dichos tribunales, que se reducirán y pasarán a tener un máximo de cinco miembros.
Además, establece que no podrán designarse como miembros del tribunal a «directivos» de la corporación, pero tampoco a «representantes unitarios o sindicales de las personas trabajadoras u ostenten cargos sindicales». En el primer borrador del texto, se exigía también que los vocales de este órgano no pudieran haber tenido cargos en sindicatos en los últimos cinco años. Una restricción temporal que ha quedó eliminada en la versión final.
