Tras la condena al que fue Fiscal General del Estado y con un exministro sentado ahora en el banquillo, España entra en una secuencia de resoluciones judiciales que, combinadas con el calendario electoral, marcarán el rumbo inmediato del país. No es una coincidencia de agenda: es una coincidencia de destino. Durante meses, autos y urnas se alternarán como mecanismos de veredicto.
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El llamado «juicio de las mascarillas» ostenta una singularidad evidente. Cuando un exministro comparece ante un tribunal, no solo se juzgan conductas individuales, sino la capacidad del sistema para exigir responsabilidades a quienes lo dirigieron. Es un examen doble: a los acusados y a las instituciones.
La primera línea de tensión ha sido la competencia del Tribunal Supremo. La defensa sostiene que, tras renunciar al escaño, el alto tribunal ya no debería juzgar al exdirigente. La doctrina procesal, sin embargo, es clara: si la renuncia se produce después del auto de apertura de juicio oral, la competencia no desaparece.
Admitir lo contrario equivaldría a permitir que el acusado eligiera tribunal cuando ya conoce las pruebas y las penas solicitadas. Jurisdicción a la carta. El fiscal Anticorrupción lo ha resumido sin rodeos: sería «descabellado».
No es un matiz técnico. Remitir la causa a la Audiencia Nacional implicaría retrasar el juicio hasta que concluyeran otras instrucciones conexas. En términos menos jurídicos: empezar de nuevo cuando la partida ya está avanzada. El calendario, ese aliado silencioso de tantas defensas, haría el resto.
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A esa presión se ha sumado la ofensiva de recusaciones. Varios magistrados han sido cuestionados por haber intervenido en fases previas del procedimiento, como si un conocimiento superficial y periférico de un asunto fuera incompatible con juzgarlo.
La recusación es un mecanismo de garantía; convertida en deporte de contacto, amenaza con vaciar de estabilidad a los tribunales. Ni la Fiscalía ni las acusaciones han visto motivos para apartar a los jueces. Tampoco otras defensas. Algo poco habitual y, por eso mismo, significativo.
En paralelo, han aflorado estrategias orientadas más a ralentizar que a refutar. Peticiones de última hora, pruebas de dudosa utilidad, la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea –lo que suspendería el proceso durante meses o años– e incluso propuestas tan exóticas como los polígrafos, que sugieren una táctica de desgaste y llevan a preguntarse si alguien ha decidido modernizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con instrumentos más habituales en los platós que en las salas de vistas. Cuando la forma se convierte en el fondo, el tiempo pasa a ser la principal línea de defensa.
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Frente a ello, uno de los acusados ha optado por colaborar con la justicia, lo que le permite aspirar a atenuantes y mantener la libertad provisional. El ordenamiento premia la verdad, pero exige que aparezca. La sensación general, sin embargo, es que el objetivo dominante consiste en contener daños y evitar que la responsabilidad se expanda hacia arriba. Tirar de la manta siempre ha sido arriesgado, sobre todo para quien está debajo.
En este escenario, la actuación del Ministerio Fiscal adquiere un relieve particular. La oposición a las maniobras dilatorias y la defensa de la competencia del tribunal han permitido reencontrarse con la imagen de una institución que actúa conforme a su función y no a la coyuntura. Algo que, visto lo visto en tiempos recientes, ya constituye una novedad apreciable.
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Que el Supremo juzgue a un exministro no es una anomalía, sino una señal de normalidad institucional. Las democracias se distinguen precisamente por la capacidad de someter a control judicial a quienes ejercieron el poder. Lo excepcional sería lo contrario.
En los próximos meses no solo se decidirán responsabilidades penales, sino también la resistencia del sistema ante presiones simultáneas. Cada auto, cada recusación, cada comparecencia de testigos relevantes será observada con lupa política. Y cada cita electoral añadirá su propia lectura. El calendario, ese aliado silencioso de tantas defensas, haría el resto.
Las sociedades no se debilitan porque los tribunales juzguen a los poderosos, sino cuando dejan de hacerlo o cuando los procesos se convierten en un laberinto sin salida. Entre autos judiciales y electorales España comprobará si sus instituciones siguen siendo capaces de cumplir su tarea más incómoda: juzgar a quienes gobernaron sin que el juicio termine juzgando al propio sistema.
