La Conselleria de Vivienda tiene previsto acudir a la Justicia para intentar que se revoquen los visados que no cumplan con los requisitos de los adjudicatarios de viviendas protegidas de la polémica la urbanización Les Naus, ubicada en el entorno de la Condomina. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, anunció este jueves, durante un acto en Valencia, que la administración ejercerá previamente el necesario derecho de lesividad para intentar que se anulen las adjudicaciones de viviendas protegidas en los casos en los que se haya producido algún incumplimiento de los requisitos por parte de los propietarios.
Un anuncio que se produce una semana después de que la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento firmaran un convenio por el que será el Consistorio el que ejercerá el derecho de compra preferente de estas viviendas públicas en caso de que algún propietario solicitara poner a la venta su casa.
Esta situación está condicionada a la documentación extra que se recabe por parte de la conselleria, que ya la ha solicitado a al menos a diez adjudicatarios, tras conocer que el funcionario de la Dirección Territorial de Alicante que fue suspendido de empleo y sueldo la pasada semana validó el visado de una vivienda de protección pública solicitada por su propia esposa, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, sin incluir los datos de él, bajo el pretexto de estar en separación de bienes.
«Nosotros estamos en estos momentos con la investigación y, cuando finalice, todos aquellos expedientes, de momento tenemos uno, que hayan sido visados y otorgados irregularmente ejerceremos el derecho de lesividad para revocarlos», afirmó Camarero. La consellera de Vivienda añadió que además «será la Justicia la que determine a quién se adjudicaron las viviendas y quién las vendió, para esto está la Justicia».
«Sobre todos aquellos expedientes que hayan sido visados y otorgados irregularmente ejerceremos el derecho de lesividad para revocarlos»
Respecto al caso del funcionario suspendido de empleo y sueldo, Camarero afirmó que «confían» en que este funcionario «sea solo uno» en toda la administración autonómica, en la que esperan no encontrar casos similares en otras direcciones territoriales. «Confiamos en que solo sea un funcionario. Estamos actuando desde hace unos días en todas las fases que podemos y, si tenemos que hacer más actuaciones, lo diremos», apuntó Camarero.
Qué es y cómo se ejecuta
El derecho de lesividad es un procedimiento administrativo mediante el cual la administración busca anular un acto propio previamente dictado que, aunque sea favorable al interesado, resulta perjudicial o ilegal para el interés público. Se trata de un paso obligatorio antes de impugnar estos actos ante por vía contencioso-administrativa y permite corregir errores en actos firmes que no pueden ser revisados directamente por la vía de oficio. La administración tiene un plazo de cuatro años desde que se dictó el acto para declarar su lesividad y, posteriormente, dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
La ley incluye que, sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
La declaración de lesividad no será susceptible de recurso, aunque puede notificarse a los interesados a modo informativo, según la ley
En el caso de Les Naus, los visados de las viviendas se revisarán mediante este procedimiento, según ha avanzado este jueves la consellera. Si se comprueba que un adjudicatario no cumple los requisitos, por ejemplo, superar el máximo de ingresos o disponer de más inmuebles a su nombre, se iniciará el trámite para la revocación administrativa. No obstante, la actuación de la conselleria se coordina con los procedimientos abiertos en la Fiscalía: si la investigación judicial dictara alguna suspensión de este procedimiento, la tramitación administrativa se paraliza hasta que la autoridad judicial determine los pasos a seguir, según las mismas fuentes.
El foco inicial del procedimiento administrativo es un funcionario de la Generalitat que validó el visado de una vivienda de protección pública solicitada por su esposa, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, alegando separación de bienes. Este funcionario está suspendido cautelarmente de empleo y sueldo, y la conselleria trasladó toda la información recabada a la Fiscalía para que adopte las medidas pertinentes, sumándose a las denuncias formuladas previamente por el Ayuntamiento, el PSOE y Sumar.
Tras este caso, se detectaron otras posibles irregularidades en expedientes de adjudicatarios de Les Naus, por lo que se requirió a los propietarios los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos en un plazo de diez días. Una vez recibida, se determinará quiénes cumplen los requisitos y quiénes podrían ser objeto de revocación administrativa mediante el proceso inicial de lesividad. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso.
Investigación judicial y Fiscalía
El caso de Les Naus ha pasado a la esfera judicial tras la admisión a trámite por parte de la magistrada Amparo Rubio, quien se encarga de investigar la adjudicación de las 140 viviendas del residencial Les Naus, tras admitir a trámite la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. La causa, según las denuncias ante Fiscalía, apunta a presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas, afectando a funcionarios del Ayuntamiento, responsables de la cooperativa y la promotora, un notario y la exconcejala Rocío Gómez, entre otros.
Antes de que la magistrada asumiera la investigación, el asunto llegó a manos de la Fiscalía Anticorrupción. Una vez admitida la denuncia de Manos Limpias, la magistrada ha iniciado un procedimiento de investigación sobre el caso, con el objetivo de centralizar y coordinar todas las actuaciones. Los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, tienen previsto remitir al juzgado todas las averiguaciones realizadas hasta la apertura de las diligencias, incluyendo un escrito de denuncia con los indicios de delito que habían recopilado.
Mensaje, sin nombres, al PSPV y Compromís
Por otro lado, la vicepresidenta Susana Camarero advirtió este jueves que PSPV y Compromís podrían «llevarse una sorpresa» respecto a los adjudicatarios de viviendas de protección pública en la polémica promoción de Les Naus.
Camarero subrayó que la adjudicación de estas viviendas se realizó «en tiempos del Botànic« y, aunque no dio nombres, sugirió que podrían existir personas vinculadas al PSPV y Compromís que se beneficiaron de la promoción. «Se han contado demasiados bulos y se ha manipulado mucha información en los últimos días. Se ha señalado al Partido Popular, pero también habría que preguntarnos si no habrá algún funcionario o alguna persona próxima al PSPV o a Compromís que haya sido adjudicataria de alguna de estas viviendas. Quizás el PSOE y Compromís se lleven alguna sorpresa en las próximas horas«, afirmó Camarero.
Críticas a la oposición y al Botànic
Sobre las preguntas acerca de estas «sorpresas» que podrían dar tanto PSPV y Compromís en el caso de las viviendas de protección pública, Camarero acusó a la oposición de aprovechar cualquier argumento para hacer política. «La oposición utiliza siempre cualquier argumento para hacer oposición, y yo quiero recordar que es indignante que el Botànic se atreva a hablar de vivienda cuando hicieron cero vivienda social y no promovieron vivienda. Provocaron que la situación de la vivienda actualmente esté como está. La pregunta es si están convencidos de que no hay ninguna persona próxima a sus siglas que también haya comprado alguna vivienda», aseguró la vicepresidenta.
En su intervención ante los medios, Camarero dedicó también palabras a la secretaria general y candidata del PSPV, Diana Morant, criticando su conocimiento sobre la promoción. «Una de las cuestiones que más sorprende es la falta de conocimiento que tiene sobre lo que pasa en esta comunidad, y quizás tengamos que recordarle que esta promoción se inicia en 2018. Las personas adjudicatarias se apuntaron en la cooperativa en dos bloques, uno en 2018 y otro en 2021. La calificación provisional se pidió en 2021 y se otorgó en septiembre de 2023, bajo las normas del Botànic», afirmó Camarero.
La vicepresidenta señaló que algunas de las críticas de la oposición sobre los requisitos económicos y los precios de las viviendas son falsas. «Se ha dicho que las adjudicatarias tenían que tener un salario de 66.000 euros; es mentira, eran 54.000 euros. El cambio del decreto en 2023 lo hizo el Botànic, elevando el Iprem del 4,5 al 6,5 y aumentando los ingresos máximos en 14.000 euros. Nosotros en 2024 subimos la cifra en 7.000 euros para facilitar el acceso», puntualizó Camarero.
Mejora de los controles y revisión de expedientes
Camarero detalló las medidas adoptadas por su gobierno para reforzar los controles en las VPP. «Ahora el registro para solicitar visados es electrónico, lo que permite verificar ingresos y propiedades. Hemos reducido el tiempo entre la solicitud del visado y la compra de la vivienda, pasando de seis meses a diez días. Con esto garantizamos que las condiciones económicas sean reales al momento de la adquisición», explicó la vicepresidenta.
Asimismo, Camarero confirmó que se están revisando los 140 expedientes de la promoción de Les Naus. «Algunos expedientes carecen de documentación sobre ingresos o bienes. Se ha requerido la información, que deben entregar en un plazo de diez días. Si alguien no cumple los requisitos, ampliaremos la denuncia ante la Fiscalía», señaló Camarero.
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