El estado en que se encuentra la residencia pública CAMP Santa Faz de Alicante de personas con discapacidades físicas e intelectuales severas acaba en la Fiscalía Provincial de Alicante. Familiares de usuarios de este complejo con cinco inmuebles en los que residen cerca de un centenar de personas han puesto el caso en manos del fiscal jefe a través de un escrito en el que detallan las «deficiencias graves no atendidas por la Generalitat Valenciana». Un caso, el de este centro, que lleva años coleando pues el Síndic de Greuges también ha emitido resoluciones tras recibir, hace dos años por última vez (también en 2019 y 2020), la queja de familiares por plagas y problemas en las infraestructuras, así como por la cifra insuficiente de fisioterapeutas para tratar a los residentes.
La institución que dirige Ángel Luna afeó al Consell la falta de inspección, en ese momento, desde 2022. El Consell se comprometió en 2024, que es cuando el Síndic examinó el caso, a mantener las instalaciones. Ante la respuesta de la administración comprometiéndose a mejoras, Luna cerró el expediente con el compromiso de solucionar los problemas.
La Generalitat realizó entre 2024 y 2025 unas obras de mejora de 1,5 millones. Esta reforma es considerada insuficiente por familiares y trabajadores, que además sufren impagos de hasta 4.000 euros desde hace cuatro meses. El Consell rebate esas críticas porque los trabajos terminaron hace ocho meses.
Silla de ruedas
En el escrito remitido a Fiscalía, las familias que lo presentan resumen «una situación lamentable por las deficiencias del centro en cuanto a falta de personal y estado de las instalaciones, lo cual afecta a la vida y dignidad de estas personas que no pueden defenderse por sí mismas; con discapacidades físicas e intelectuales muy severas, que conllevan además de otras asociadas, no poder comunicarse, dificultades en la movilidad o, directamente, uso de silla de ruedas con necesidad de cuidados de forma continuada».
Añaden que la situación «es sobradamente conocida por la administración competente (…) Son problemas arrastrados año tras año, y median quejas, reclamaciones y escritos del consejo de centro, de trabajadores, totalmente desbordados, y a título personal de familiares de usuarios. Quejas que no son atendidas debidamente o guardadas en un cajón».
En el escrito registrado el 27 de noviembre de 2025 en Fiscalía reclaman que abra diligencias, efectúe comprobaciones, y adopte medidas. Que se tome declaración a direcciones, trabajadores y personal; que se pida a la Generalitat un dossier completo para conocer lo que se ha hecho y qué plan de inversiones tiene en cuanto a la mejora del centro a todos los niveles, y solicita que visiten el centro representantes de la Fiscalía para conocer de primera mano la situación. Asimismo, adjuntan correos a la dirección territorial y respuestas, y un escrito de los trabajadores.
Indican que desde julio de 2025 llevan solicitando una reunión con los responsables «sin que esto haya sido tenido en cuenta ni contestado. En ocasiones, y ante hechos ya de inseguridad para las personas (caída de parte de un techo, por ejemplo), se obtienen de vez en cuando visitas selectivas y un parcheo que no es sostenible, siendo la realidad que las personas y trabajadores de las diferentes residencias conviven con los graves problemas que se indican, año tras año. Estamos hablando de un centro público de personas con discapacidad y necesidades especiales que requieren de unas instalaciones y una atención digna».
Así, añaden que en los cinco centros del CAMP Santa Faz, donde residen alrededor de 100 personas con discapacidades severas, psíquicas y físicas, «se observan desde hace años, habiendo empeorado en los últimos, diversas situaciones puestas de manifiesto ante la Generalitat por diferentes vías y por los propios trabajadores, especialistas en integración social», recogidas también por los sindicatos.
Cuidados especiales
Por ejemplo, declaran falta de profesionales para atender a personas que necesitan cuidados especiales; así como deficiencias en las instalaciones e infraestructuras. El centro empezó a funcionar en 1982, y «requiere una reforma estructural y profunda que jamás se aborda de forma seria. Hay problemas por obsolescencia estructural y falta de reparación adecuada, en cosas tan básicas en Alicante como aire acondicionado (en verano se han soportado temperaturas en la noche de 30 grados); canalizaciones principales; desagües en zona de ducha que no tragan, cuadros eléctricos; hay existencia de plagas no controladas; obstáculos y badenes en la circunvalación del centro)».
La Generalitat ha defendido esta semana unas obras de emergencia que se realizaron entre 2024 y 2025, y que terminaron hace ocho meses, en las que aseguran que actuaron en la estructura de los edificios, en vigas, viguetas y hormigón, porque sufrían oxidación; en oficinas, talleres, aseos, zonas de circulación interior y exterior, y cubiertas; fontanería y conexión con los sumideros; mejoras de climatización y saneamiento; drenaje de zonas exteriores para evitar la acumulación de agua que provocaba la humedad en la cimentación; y actuaciones de seguridad y accesibilidad.
Las familias, sin embargo, inciden en que no hay un sistema de atención de aviso en caso de urgencias vitales viable ni un protocolo de actuación con personas que pesan, en algunos casos, 80 kilos o más y que no pueden moverse, «si hubiera algún incendio o percance importante en el centro este se convertiría en una ratonera. Hay residentes que están en cama de manera continuada. Ninguna cama pasa por ninguna puerta, que son estrechas».
Pocos médicos
También alertan de deficiencias en cuanto a la gestión médica, con un número de facultativos que consideran insuficiente para cubrir las necesidades de todos los usuarios. «Actualmente, son dos personas las que trabajan, únicamente entre semana, y en horario de mañana, quedando los usuarios en horario de tarde y los fines de semana, desprovistos de atención médica en el centro y al cuidado de los enfermeros, que si bien realizan su labor con total diligencia, no pueden suplir la figura de un médico ni tomar determinadas decisiones que exigen conocimientos específicos en materia de medicina».
Solicitan a la Fiscalía que abra diligencias, efectúe comprobaciones, y adopte medidas; que se tome declaración a direcciones, trabajadores y personal; que se pida a la Generalitat un dossier completo para conocer lo que se ha hecho y qué plan de inversiones tiene en cuanto a la mejora del centro a todos los niveles, y que visiten el centro representantes del ministerio público para conocer de primera mano la situación.
En su escrito aportan noticias de prensa del pasado julio sobre «condiciones infrahumanas, plagas de ratones y temperaturas asfixiantes»; y un amplio escrito de los trabajadores dirigido a la dirección territorial donde describen de forma detallada toda la problemática de instalaciones, climatización, plagas y personal, en el que se indica que no se les hizo caso en muchas de las cosas importantes que solicitaron y que «se optó por una intervención cosmética de las infraestructuras y lo demás se escondió en un cajón». Además, reprochan al director territorial que «no nos quiere recibir ni hablar con nosotros».
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