Xunta y sindicatos agrarios han dado hoy un paso más en su hoja de ruta conjunta para defender los intereses gallegos ante el impacto del acuerdo de la UE con Mercosur. Han firmado una declaración con «exigencias y compromisos» para minorar las eventuales consecuencias negativas, entre las que se encuentra la demanda de controles reforzados de las fronteras y auditorías en origen con el objeto de evitar una competencia desleal, al temer que los productores americanos tengan que hacer frente a menos obligaciones normativas que los europeos y, por ello, puedan vender su mercancía a menor coste.
El acuerdo lo firmaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y los máximos responsables de Unións Agrarias, Roberto García, y de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Roberto Bello. Con este acto se pone fin a una iniciativa emprendida hace un par de semanas en la que la Administración autonómica y los sindicatos agrarios se comprometieron a andar por la misma senda ante los retos que supone el acuerdo con Mercosur.
La UE tiene que decidir si lo aplica de manera provisional, al estar pendiente de que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo sobre su legalidad, pero mientras no se toma esa decisión, la Eurocámara ha aprobado un paquete de cláusulas de salvaguarda con el objeto de proteger al sector primario europeo.
La declaración conjunta firmada este miércoles es para «respaldar una aplicación práctica y reforzada» del citado acuerdo y de sus cláusulas de salvaguarda, que «serán las que protejan al sector», ha explicado la conselleira do Medio Rural.
María José Gómez considera que estas medidas de protección son «imprescindibles», pero que el documento firmado con las dos asociaciones agrarias «va más allá» e incluye «peticiones a mayores» tanto para el Gobierno central como para la UE.
Entre ellas, aparte de la exigencia del «cumplimiento estricto» de las citadas cláusulas, se pide una serie de «garantías» para proteger al sector primario, como un plan «verificable y reforzado» de controles en fronteras y auditorías en origen, tal y como se comprometió la UE, para que solo accedan a los mercados europeos productos que cumplan con la legalidad comunitaria.
También exigen contemplar si se produce un «daño» a una zona en concreto, por ejemplo, a Galicia, «sin necesidad de esperar para intervenir» a que la problemática tenga rango europeo. Así, la declaración busca que se lleve «cualquier problemática a la Comisión Europea si el Gobierno español tiene sospecha de algún incumplimiento».
Con anterioridad, a preguntas de los periodistas en otro acto, Rueda ha elevado a «fundamentales» este asunto y la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) y ha subrayado la relevancia para la Xunta de que «las cláusulas de salvaguarda sean efectivas, se apliquen de verdad y desde el principio».
Desde las organizaciones agrarias, tanto Bello como García han valorado esta «estrategia conjunta» en defensa del sector agrario gallego, que sitúa a Galicia «por delante» de otras comunidades, ha destacado el presidente de Asaga, quien ha dicho que se trata de «un frente común» para marcar una «posición clara».
García ha indicado que el acuerdo de la UE puede generar «incertidumbre», pero que el Mercosur también supone «posibilidades» para Galicia, por lo que con las herramientas necesarias que se están reclamando a España y las autoridades comunitarias y las que la Xunta está dispuesta a poner «no debería generar alarma y sí una oportunidad».
){kind=link}