Agentes de la Guardia Civil precintaron el pasado 3 de febrero un calderín vinculado al sistema de ventilación del piso tercero de la mina de Cerredo, donde se produjo la explosión que causó la muerte de cinco trabajadores el pasado marzo de 2025. Este precito se efectuó después de que la unidad que realiza las investigaciones sobre el siniestro recibiese el 16 de enero un comunicado anónimo, en el que se hacía referencia a una posible manipulación de un elemento del sistema de ventilación.
El anónimo fue remitido nueve meses después del siniestro, pero días después de que el juzgado de Cangas del Narcea dictase el auto por el que se decretaba el embargo de bienes de los cuatro imputados por el accidente: el empresario minero Jesús Rodríguez Morán (conocido como “Chus Mirantes”), su esposa, su hijo, y el ingeniero de la explotación, José Antonio Rodríguez Casillas. La jueza les considera responsables de cinco homicidios por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.
El documento que recibió la Guardia Civil señala textualmente:
“Se ruega investiguen en profundidad ya que este accidente ha sido provocado. Tengo que dirigirme por este medio ya que tengo miedo por mí y por mi familia. El dueño de la mina de Cerredo se metió en territorio de V. A. en Fabero y Toreno y este último dijo que se lo iba a llevar por delante por meterse en su territorio. La intención era dar un susto, no se pretendía matar a nadie”.
Reproducción del anónimo enviado a la Guardia Civil / LNE
La referencia a V. A. presuntamente se dirigiría al empresario minero Victorino Alonso. Chus Mirantes mantenía una disputa por unos acopios de carbón en Fabero (León).
Según el anónimo, el “supuesto sabotaje” se habría producido inyectando gas propano en los conductos de ventilación, para provocar la explosión. En todo caso, según las fuentes consultadas, si las medidas de seguridad fuesen las correctas, los detectores de gas habrían alertado a los trabajadores y debería haberse producido una chispa que iniciase la detonación.
A consecuencia de ese anónimo, el 3 de febrero, agentes del Laboratorio de Criminalística acudieron al lugar y comprobaron la existencia del calderín, ubicado en el exterior de la entrada del tercer piso.
“Dadas las dimensiones y el peso del referido elemento, no fue posible proceder a su retirada para trasladarlo a dependencias policiales”, señala el oficio de la Guardia Civil, que precintó el calderín y tomó muestras en las bocas de entrada y salida. Esta operación se hizo en presencia del hijo del empresario Chus Mirantes, Adrián Rodríguez, administrador de la empresa Blue Solving que era titular de los derechos mineros.
La hipótesis de un supuesto sabotaje ya fue planteada tras el accidente por el empresario Chus Mirantes. De hecho, el 6 de abril de 2025, LA NUEVA ESPAÑA ya informó de que la empresa aseguraba que la explosión resultaba «anormal». De hecho, el diputado de Vox Gonzalo Centeno preguntó directamente sobre esa posibilidad a Chus Mirantes el pasado 28 de enero, en la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de la mina, pero el empresario minero se negó a responder a esa y a otras preguntas. El anónimo se había remitido a la Guardia Civil apenas dos semanas antes.
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