La Conselleria de Vivienda revocará administrativamente los visados de los adjudicatarios de viviendas protegidas de la polémica la urbanización Les Naus, ubicada en el entorno de la Condomina, que no cumplan los requisitos establecidos por la normativa. La vicepresidenta primera y consellera del área, Susana Camarero, anunció esta decisión este jueves durante un acto en València junto a la alcaldesa María José Catalá, en el que aclaró que, tras conocer que podrían existir presuntas irregularidades en la concesión de visados, la administración ejercerá el derecho de lesividad para revocar las adjudicaciones de viviendas protegidas en los casos en los que se haya producido algún incumplimiento. Un anuncio que se produce una semana después de que la Generalitat y el Ayuntamiento firmaran un convenio por el que será el Consistorio el que ejercerá el derecho de compra preferente de estas viviendas públicas en caso de que algún propietario solicitara poner a la venta su casa.
Esta situación está condicionada a la documentación que se recabe por parte de la conselleria, que ya ha sido solicitada al menos a diez adjudicatarios, entre los que se encuentra el funcionario de la Dirección Territorial de Alicante que fue suspendido de empleo y sueldo la pasada semana tras darse a conocer que validó el visado de una vivienda de protección pública solicitada por su propia esposa, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, alegando estar en separación de bienes, y también de los procedimientos abiertos en la Fiscalía.
«Nosotros estamos en estos momentos con la investigación y, cuando finalice, todos aquellos expedientes, de momento tenemos uno, que hayan sido visados y otorgados irregularmente ejerceremos el derecho de lesividad para revocarlo», afirmó Camarero. La consellera de Vivienda añadió que además, «será la justicia la que determine a quién se adjudicaron las viviendas y quién las vendió, para esto está la justicia».
Respecto al caso del funcionario suspendido de empleo y sueldo, Camarero afirmó que «confían» en que este funcionario «sea solo uno» en toda la administración autonómica, en la que esperan no encontrar casos similares en otras direcciones territoriales. «Confiamos en que solo sea un funcionario. Estamos actuando desde hace unos días en todas las fases que podemos y, si tenemos que hacer más actuaciones, lo diremos», apuntó Camarero.
Qué es la declaración de lesividad y cómo se aplica
El derecho de lesividad es un procedimiento administrativo mediante el cual la administración puede anular un acto propio previamente dictado que, aunque sea favorable al interesado, resulta perjudicial o ilegal para el interés público. Se trata de un paso obligatorio antes de impugnar estos actos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y permite corregir errores en actos firmes que no pueden ser revisados directamente por la vía de oficio. La administración tiene un plazo de cuatro años desde que se dictó el acto para declarar su lesividad y, posteriormente, dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
En el caso de Les Naus, los visados de las viviendas se revisarán mediante este procedimiento. Si se comprueba que un adjudicatario no cumple los requisitos, por ejemplo, documentación incompleta sobre ingresos o bienes, se iniciará la revocación administrativa. No obstante, la actuación de la Conselleria se coordina con los procedimientos abiertos en la fiscalía: si la investigación judicial dictara alguna suspensión de este procedimiento, la tramitación administrativa se paraliza hasta que la autoridad judicial determine los pasos a seguir.
El foco inicial del procedimiento administrativo es un funcionario de la Generalitat que validó el visado de una vivienda de protección pública solicitada por su esposa, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, alegando separación de bienes. Este funcionario está suspendido cautelarmente de empleo y sueldo, y la Conselleria trasladó toda la información recabada a la Fiscalía para que adopte las medidas pertinentes. Tras este caso, se detectaron otras irregularidades en expedientes de adjudicatarios de Les Naus, por lo que se requirió a los propietarios los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos en un plazo de diez días. Una vez recibida, se determinará quiénes cumplen los requisitos y quiénes podrían ser objeto de revocación administrativa mediante lesividad. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso.
Investigación judicial y fiscalía
El caso de Les Naus ha pasado a la esfera judicial tras la admisión a trámite por parte de la magistrada del Palacio de Justicia de Benalúa, Amparo Rubio, quien se encarga de investigar la adjudicación de las 140 viviendas del residencial Les Naus, tras admitir a trámite la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. La causa apunta a presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas, afectando a funcionarios del Ayuntamiento, responsables de la cooperativa y la promotora, un notario y la exconcejala Rocío Gómez, entre otros.
Antes de que la magistrada asumiera la investigación, el asunto estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que había recibido denuncias del Ayuntamiento, de la Conselleria de Vivienda y de dos formaciones políticas, PSOE y Sumar. Una vez admitida la denuncia de Manos Limpias, la magistrada ha iniciado un procedimiento de investigación sobre el caso, con el objetivo de centralizar y coordinar todas las actuaciones.
En paralelo, los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, deberán remitir al juzgado todas las averiguaciones realizadas hasta la apertura de las diligencias, incluyendo un escrito de denuncia con los indicios de delito que habían recopilado.
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