Pensaba que lo más difícil que he hecho en mi vida es dejar de fumar (acupuntura, parches y chicles de nicotina, libros de autoayuda, gimnasio, dieta, meditación). Mis hijos no dan crédito cuando les digo que en las bodas de mi infancia, los novios llevaban paquetes de cigarrillos estampados con los nombres de los contrayentes a la mesa de los niños. Nos los entregaban a los postres y nosotros nos echábamos un piti entre risas y toses en el baile. «¿Pero vuestros padres os dejaban?», preguntan escandalizados. Ellos eran fumadores, nos prestaban el mechero. Aunque parezca increíble, en España la prohibición de vender tabaco a los menores data solo de 1982. Se estableció la limitación en los 16 años, y luego en 2010 se subió a los 18. Tres cuartos de lo mismo ocurrió con el alcohol, cuya venta a críos de menos de 16 se vetó en 1990, para elevarse a los 18 un lustro después. Hoy día nadie discute estas restricciones, ni los fumadores, ni quienes frecuentan los bares pedirían al Gobierno que se permita a la población infantil comprar tabaco o vodka libremente, confiando en su buen juicio. Edúcalos bien y beberán solo agua. Vigílalos como toca y no conseguirán un cigarro de extranjis. Así que sí, muy agradecida a Pedro Sánchez por su proyecto de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 (ojalá fuera a los 18). Toda ayuda es poca.
Más difícil que dejar de fumar ha sido para mí quitarme de las redes sociales ladronas de tiempo. Son adictivas y malas para la cabeza. No lo digo yo, sino un ejército de científicos, médicos y expertos de toda índole, que llevan tiempo demostrando su perniciosa influencia sobre la salud mental de los adolescentes, sobre todo de las chicas. Hay autores que vaticinan que se acabará por prohibir directamente la entrega de un teléfono con internet a los menores, como se obligó por ley a colocar sistemas de sujeción especiales para ellos en los coches, con un descenso abrumador de las muertes infantiles en accidentes. Es una cuestión de tiempo y de civilización. Nuestros padres desconocían el alcance del daño a la salud que producía el tabaco, nosotros aún no nos hemos percatado del perjuicio que causa a los niños la exposición permanente a los mensajes tóxicos que circulan por internet. Y si lo intuimos estamos completamente solos ante el peligro. Ni las autoridades educativas ni la sanitarias han hecho hasta ahora esfuerzos reales para acompañar a las familias que se resisten a dar el móvil a sus hijos, cursen primaria o secundaria.
Por supuesto que han de ser las tecnológicas que se forran comerciando con los datos y la atención de los niños las que deben buscar las fórmulas para mantenerlos alejados de contenidos que ni entienden, ni pueden gestionar, so pena de multas. Seguro que gente tan lista como para crear herramientas que envían mensajes subliminales continuos de contenido sexual, comercial o político a los jóvenes usuarios encuentran la forma de crear barreras infranqueables en sus servicios. Sea cual sea el alcance de la medida anunciada por el Gobierno, es un primer paso y no hay otro camino bueno que el ya transitado por Australia o Francia en el mismo sentido. Basta ver la reacción mafiosa contra Pedro Sánchez ante la merma de su negocio de los millonarios tecnoligarcas que tiran la red y atrapan a nuestros pezqueñines.
Suscríbete para seguir leyendo
