La espera media para el reconocimiento de la discapacidad ha caído de manera notable en todas las Islas. Si en 2023 un tinerfeño tenía que esperar unos 732 días por este derecho, el mismo expediente podría resolverse ahora en 565 días. En lo que va de legislatura, por tanto, la demora se habría recortado en casi medio año. Pese a que se trata de un importante avance, el Archipiélago aún está lejos de los seis meses que la ley establece como plazo máximo.
Aunque en el último año se haya avanzado a paso firme, Canarias arrastraba un volumen de solicitudes que le ha impedido ajustarse a los tiempos legales. Entre 2020 y 2025 se registraron 89.964 peticiones de reconocimiento o revisión del grado y se resolvieron 67.271. Esta diferencia acumulada –según apuntó este martes en el Pleno del Parlamento la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado– explica «los retrasos de varios años que han sufrido miles de personas y sus familias». El punto más crítico, manifestó, se produjo en 2023, cuando entraron 19.757 solicitudes y solo se resolvieron 6.345, aproximadamente un tercio.
La situación en estos últimos meses se ha revertido. Entre 2023 y 2025, el número de expedientes resueltos casi que se ha triplicado, lo que significa que la lista ha comenzado a disminuir. En 2023 se atendieron 6.345 solicitudes; en 2024, 11.420; y en 2025, se alcanzaron las 17.265 resoluciones. «La mejora es medible y sostenida. No solo eso, las revisiones también aumentan, lo que contribuye a mantener un sistema actualizado», alegó.
Tres factores clave
A su juicio, esta tendencia positiva responde a la combinación de tres factores: «Una normativa que simplifica la tramitación, una gestión digital basada en datos y un refuerzo efectivo de los equipos que permite, por primera vez, resolver más expedientes de los que entran en todas las islas».
Precisamente, Lanzarote y La Graciosa se han convertido en las primeras islas sin lista de espera en esta área, según anunciaron a principios de este mes. En concreto, en estas dos zonas se están valorando expedientes posteriores a agosto de 2025.
Cómo evitar un nuevo tapón
Para evitar que se vuelva a producir un atasco y con la esperanza de que el resto de islas pudieran también ajustarse a los plazos legales, Bienestar Social creó un nuevo decreto, ya ratificado por el Parlamento, que permite reconocer ciertos grados de discapacidad en supuestos claros, cuando existe un informe médico concluyente y la patología está prevista en la norma. Esta medida, celebró Delgado, evita exploraciones innecesarias, libera agenda y permite concentrar el trabajo presencial en los casos más complejos, acortando plazos sin perder garantías.
A este nuevo marco normativo se suma una modernización de la gestión, con una herramienta digital de tramitación que permite el seguimiento de expedientes en tiempo real y con cuadros de mando mensuales que miden entradas, resoluciones y carga pendiente. Se trata de una dinámica diseñada para detectar cuellos de botella y redistribuir recursos isla por isla, «sin esperar al cierre anual».
Sedes repartidas por Canarias
En este sentido, el reconocimiento de la discapacidad se ha hecho finalmente accesible a todos los canarios –al menos en las islas capitalinas– gracias a la creación de varias sedes repartidas por Garachico, Santa Úrsula, San Miguel, Gáldar y Agüimes. La previsión es atender a 11.500 personas, que se ahorrarán largos desplazamientos hasta las oficinas centrales, ubicadas en Santa Cruz y en Las Palmas de Gran Canaria. Para garantizar el servicio a todo el territorio, también hay equipos que se desplazan a El Hierro, La Gomera y La Palma. En los enclaves restantes, Lanzarote y Fuerteventura, la Consejería ha abierto oficinas permanentes que acelerarán las valoraciones y que les harán menos dependientes de la isla vecina.
La responsable del área afirmó que en esta reorganización se está dando prioridad a los expedientes más antiguos y a los casos de mayor vulnerabilidad. «El plan de choque se ha centrado de forma directa en reducir la lista de espera acumulada», concluyó.
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