El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que investiga la trama de tráfico de cocaína en la que está implicado el exjefe de la Unidad de delitos económicos (UDEF) de la Policía Nacional Óscar Sánchez, valida la investigación de la Fiscalía Antidroga y Asuntos Internos frente a las acusaciones de la defensa, que manifestó en un recurso en el que pedía el archivo de la causa para el agente que «existen indicios de que la realidad ha sido tergiversada en los oficios e informes policiales que pretendían justificar la incautación y la entrega controlada» de cocaína de la que se le imputa.
Lejos de dar la razón a esta parte, el titular de la plaza de Instrucción número 1 del Tribunal Central de Instancia considera que las pesquisas señalan que el inspector investigado, aprovechando la apertura de investigaciones reales totalmente ajenas a su entramado, creó «un auténtico campo de minas alrededor de las personas y sociedades de las que él y su entorno familiar más cercano reciben fondos» para de esa manera detectar si estaban siendo realmente investigados por otros grupos policiales.
En todo caso, y tras el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones y la solicitud de comparecencia por parte del propio ex inspector — que guardaba ocultos en las paredes y el jardín de su vivienda más de 20 millones de euros— el magistrado le cita para el próximo 9 de marzo, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El magistrado también rechaza que pueda hablarse de vulneración del derecho de información y del derecho a un proceso con todas las garantías.
La semana pasada, el juez acordó la libertad provisional, previo pago de 50.000 euros, para Francisco de Borbón Graf von Handerberg, sobrino del rey emérito, a quien se imputa una su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales de las actividades de la red de narcotráfico, en concreto del dinero de uno de los cabecillas del clan de narcotráfico, Ignacio Torán, en prisión desde el pasado lunes.
Recurso
En su recurso, la defensa del ex inspector reprochaba al juez que se ocultara a las defensas la información por la que conocieron los datos de la aprehensión de 1.605 kilos de cocaína en 2021 en Algeciras y agrega que no cree que esa información viniera de la información policial extranjera, concretamente de Colombia, y de esa manera se habría manipulado el punto de arranque de la investigación.
El juez responde al respecto que la investigación se inició en enero de 2024 tras detectar Asuntos Internos que Sánchez estaba colaborando o estaba integrado en la organización que introducía cocaína en España y participaba en el blanqueo de las ganancias obtenidas en esta actividad.
La colaboración de Sánchez se concretaría, según las investigaciones que obran en la causa, en la realización de consultas en las bases de datos policiales para conocer y descartar la existencia de investigaciones sobre los miembros de la organización, introduciendo en esas bases policiales datos de personas, teléfonos, empresas y sobre todo de contenedores, con el objeto no de investigarlos realmente, «sino de asegurarse de que no estaban siendo investigados por otras unidades policiales y, en caso de que lo fueran, avisar a los implicados y favorecer la actividad de la organización».
El juez envía de nuevo a prisión al líder de la red de narcos del exjefe de la UDEF / EP
Criptoactivos
Y para ello tuvo que crear «todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos«, añade el juez que apunta que también se comenzó a investigar a su esposa, Noelia R.P., que también es Policía.
Otro oficio policial de marzo del 2024 da cuenta de vigilancias y seguimientos sobre varios de los investigados y aportaba una «investigación económica preliminar sobre los principales investigados y las empresas y sociedades con las que operan, analizando también los movimientos de sus cuentas bancarias». Tres meses más tarde, un nuevo analizaba pagos al núcleo familiar del matrimonio y a la hermana de la esposa, Yolanda R.P., así como la actividad económica de los miembros del grupo de presuntos narcotraficantes.
El juez apunta que la Fiscalía Especial le ha trasladado «la identificación de cuantiosos pagos recibidos en cuentas tituladas por el agente y su esposa Noelia procedentes de la estructura societaria controlada por los dirigentes de la organización criminal; así como sobre la creación de una sociedad holding «con un capital social superior al medio millón de euros con origen en los fondos de la misma estructura empresarial, de la que la cuñada de Sánchez es socia mayoritaria.
Otros indicios pasan por «la utilización anómala de los sistemas de coordinación de inteligencia policial» y «las consultas efectuadas en los ficheros policiales de acceso restringido sobre los vehículos oficiales que efectúan seguimientos a uno de los dirigentes de la organización», y nada de ello tiene su origen en la citada por la defensa incautación de droga en Algeciras, que se investiga por los tribunales competentes en dicho territorio. No obstante, admite que dicha incautación resulta conexa a los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional.
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