El sector de la sanidad privada ha respondido este martes a la aprobación, en Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Sanidad, del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que busca garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha manifestado «su rechazo frontal» a la norma y asegura que invade competencias autonómicas. «La norma parece nacer con escasas -cuando no nulas- posibilidades de prosperar», aseveran.
Con datos de la patronal, entre el 28 y el 42 % de la actividad hospitalaria en España se lleva a cabo en centros privados. Por áreas de actividad, esto representa el 33 % del total de intervenciones quirúrgicas, el 24,5 % de las urgencias atendidas, el 21,6 % de las consultas y el 22,6 % de los ingresos hospitalarios. Además, en España hay 777 hospitales (públicos y privados), de los que el 56 % (432 centros) son de titularidad privada y concentran el 31 % del total de camas instaladas en el país.
En un comunicado, ASPE indica que la nueva ley es «una iniciativa que constituye un ataque dogmático a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas y que nace con el declarado objetivo de prohibir, limitar y/o condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico desde hace tres décadas ha puesto legítimamente a su alcance».
«Hasta ahora, las autonomías han podido optar tanto por fórmulas de gestión directa como de gestión indirecta, amparadas por la Ley 15/1997, de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, que establece de manera clara que la prestación y gestión de los servicios sanitarios puede llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas», apunta la patronal.
Acusan al ministerio dirigido por Mónica García de «criminalizar al sector sanitario en su conjunto». El sector sanitario se opone «de forma unánime a los intentos del Gobierno de derogar no solo la Ley 15/1997, sino también de facto la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS, una norma clave que adapta el sistema sanitario a un escenario de descentralización autonómica y refuerza principios esenciales como la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social», añade ASPE.
La patronal alude a un contexto marcado por «listas de espera estructurales en récords históricos, saturación asistencial y creciente presión sobre áreas clave como la cirugía programada, el diagnóstico o la oncología»
La patronal muestra «especial preocupación» por la prohibición definitiva de los modelos de concesión administrativa. Fórmulas, señala, que han permitido diversos modelos innovadores de financiación, construcción y explotación de hospitales y centros sanitarios. «Restringir de manera rígida los instrumentos de gestión disponibles en manos de las comunidades autónomas reducirá la capacidad de respuesta del sistema en un contexto marcado por listas de espera estructurales en récords históricos, saturación asistencial y creciente presión sobre áreas clave como la cirugía programada, el diagnóstico o la oncología».
«Transparente y eficiente»
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), por su lado, defiende una colaboración público-privada «transparente y eficiente con el objetivo de garantizar la accesibilidad, la calidad y la mejor atención sanitaria posible en beneficio del paciente».
Considera que «la limitación a la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y la facilitación de la reversión de fenómenos de gestión privada de servicios públicos pueden suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria«.
La colaboración público-privada en España, señala esta entidad, «permite aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes. La limitación de esta colaboración podría generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario».
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