Las claves
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El Parlamento Europeo acogió este martes un debate monográfico sobre la «regularización masiva» anunciada por Pedro Sánchez en España, en el que el comisario de Migración, Magnus Brunner, lanzó una advertencia inusual: «Hay que hacer que, como regla general, las personas en situación irregular abandonen la Unión Europea; si no, las reglas no son creíbles».
Desde la tribuna, subrayó que hoy sólo uno de cada cinco irregulares es retornado y que esa tendencia «debe invertirse». En plena tormenta política dentro y fuera de España, Bruselas envió así el mensaje de que el inminente proceso de regularización no puede convertirse en una puerta trasera al espacio Schengen.
Pero el austriaco Brunner fue aún más allá, sin sujetarse al habitual lenguaje diplomático de la Comisión. «Todos los Estados tienen que velar porque sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otros países de la Unión Europea», recalcó.
El comisario advirtió, no obstante, que la normativa comunitaria fija reglas claras sobre los efectos de las regularizaciones nacionales. El comisario subrayó que un permiso de residencia en un país «no otorga libertad total de movimiento» y que, si se pide asilo en otro Estado miembro, «el migrante debe volver al país que le dio ese permiso».
El contexto explica la dureza del tono, un día después de que este diario revelara que el Gobierno de Estados Unidos ha pedido por escrito «explicaciones» a Bruselas sobre la regularización masiva en España.
Washington trasladó la semana pasada su «preocupación» por el posible efecto llamada y por las implicaciones en materia de seguridad y control de fronteras. Esa queja por escrito elevó el asunto a la categoría de problema transatlántico, no sólo intracomunitario.
El debate no habría llegado tan rápido a la Eurocámara sin la iniciativa del Partido Popular Europeo (PPE). La familia política de Alberto Núñez Feijóo logró introducirlo de urgencia en la última reunión de la Mesa del Parlamento, gracias a la «profunda inquietud» expresada por al menos 13 gobiernos nacionales.
Varios de ellos alertan de que una regularización tan amplia, sin coordinación, «puede desestabilizar Schengen» y «alimentar a las mafias» que se benefician de la migración irregular.
La Comisión llevaba semanas marcando distancias con el plan de Sánchez, apoyándose en documentos propios que piden desde 2024 que las regularizaciones se coordinen entre Estados y, desde 2008, que sean «selectivas» y ligadas al mercado laboral.
Bruselas teme que una amnistía administrativa masiva, como la que ofrece España, en la que basta una «declaración responsable» para «entender» que no hay antecedentes penales, acabe convertida en un coladero que blanquee expedientes sólo por el paso del tiempo.
El Ejecutivo comunitario sugiere que no se puede cambiar por la puerta de atrás lo pactado en el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Pero los eurodiputados intervinientes fueron aún más claros.
Desde el PPE, el sueco Tomas Tobé acusó directamente a Sánchez de desafiar el sistema Schengen y de jugar con la estabilidad europea por «su supervivencia política».
Reprochó al presidente español vivir en una «realidad alternativa» y convertir la regularización en un gesto «no humanitario, sino para permanecer en el poder», mientras «exige a otros socios que asuman la solidaridad que genera Madrid».
La socialista española Iratxe García devolvió el golpe y acusó a la derecha de «inyectar veneno con miedo y mentiras como Trump».
La líder del S&D europeo recordó que «cientos de miles de migrantes ya conviven, trabajan, cuidan a mayores y recogen cosechas, pero se les niegan derechos básicos», lo que considera «una injusticia».
Defendió que España y Europa necesitan migración para sostener el crecimiento económico y las pensiones y recriminó al PPE que «se haya rendido al discurso de Vox» cuando impulsó en su día la regularización de José María Aznar y hace apenas dos años apoyó la toma en consideración de la ILP para la regularización masiva.
La exministra Irene Montero, portavoz de La Izquierda, preguntó «por qué la derecha no quiere» que se documenten a los migrantes que ya están en España. Y acusó a estos grupos de «buscar mano de obra para explotar», recordándoles que la esclavitud acabó en el siglo XIX, y el mandato cristiano de «tratar a los demás como te gustaría que te trataran».
Desde Renew Europe, el liberal Jan-Christoph Oetjen adoptó un tono más matizado con España. Recordó que el país tiene tradición de regularizaciones en contextos de economía sumergida, para gente con empleo sin derechos, pero defendió «poner orden» para diferenciar entre quién necesita ayuda y quién debe ser retornado.
Eso sí, advirtió de que «una medida de este calado exige transparencia, implicar a todos los partidos y respetar escrupulosamente la legislación europea».
La intervención más dura contra Sánchez fue la de Dolors Montserrat, portavoz del PP español y secretaria general del PPE.
Acusó a Sánchez de querer regularizar a más de 800.000 personas «por decreto, sin revisar su historial criminal», en contra de la política europea y con efectos «devastadores» para los Veintisiete.
Denunció que la medida, en realidad, alimentará la economía sumergida, al no estar vinculada a un contrato u oferta de trabajo, y que «dará alas a las mafias».
Según la política popular, el presidente la impulsa sólo para «enmascarar su corrupción y asegurarse la reelección». Por todo ello, pidió al comisario que «active los mecanismos de control» y exija explicaciones formales a Madrid.
