El juez de Madrid que investiga el caso Leire Díez, Arturo Zamarriego, informó a las defensas y a las acusaciones de la posible influencia que puede tener el caso SEPI en la causa en la que investiga sobre el supuesto acoso a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a dos fiscales de Anbticorrupción, según se constata en la grabación de la declaración del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, a la que ha tenido acceso esta redacción.
«Es muy difícil sacar de mi cabeza lo que ha sucedido después con la señora Leire Díez. Son hechos notorios, que ha sido detenida y hay otras investigaciones en marcha», explicó el magistrado, que después apuntó: «Yo no sé hasta qué punto van a o pueden tener influencia en esta, pero desde luego comprenderá que por mucho que yo intente que nuestra investigación se circunscriba a los hechos que son propios de nuestra investigación, a veces es difícil evitar que pueda producirse algún algún tipo de interconexión, ¿no? Interrelación entre una y otra. Yo intentaré evitarlo», zanjó el magistrado antes de interrogar a Hernando.
«Revelación de secretos»
Arturo Zamarriego tiene en su poder un informe de la UCO que no ha compartido con las partes personadas en el caso Leire Díez. Precisamente, en un escrito dirigido al propio magistrado, Leire Díez advirtió de que si las acusaciones populares tienen acceso a la investigación secreta de la UCO de la Guardia Civil del caso SEPI, en el que fue arrestada la exmilitante del PSOE, se podría cometer un delito de revelación de secretos. Además, consideró Leire Díez que si las acusaciones dispusieran de esa documentación, de caracter reservado, se podría producir «un juicio pararelo«.
En la Audiencia Nacional, la UCO investiga si el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero cobró mordidas a cambio del rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos (TR). Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó en 2021 el rescate por un total de 112,8 millones a esta sociedad, ubicada en la localidad de Amurrio (Álava).
Esta investigación, que permanece secreta, apunta que Fernández Guerrero habría utilizado para enmascarar estos cobros a la empresa navarra Servinabar 2000, que la Guardia Civil atribuye al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al empresario Antxon Alonso. El excargo de la SEPI ha amasado un importante patrimonio, que el PP valoró en el Senado en más de 10 millones de euros.
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