La Unión Europea ha dado luz verde este martes a una serie de salvaguardas ante el acuerdo comercial con Mercosur que a priori persiguen proteger al sector primario, pero que ni mucho menos convencen al campo, que las tilda de insuficientes e incluso cuestiona su utilidad.
El Parlamento Europeo, en concreto, contempla que los beneficios arancelarios para las importaciones de productos agrícolas desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podrán suspenderse temporalmente si el aumento de las importaciones causa un daño grave a los productores europeos.
Un 5% de auge en cinco años
La nueva normativa establece para ello que Bruselas deberá iniciar una investigación sobre la necesidad de medidas de protección si las importaciones de productos sensibles, entre los que se incluyen los cítricos o la carne de ave y vacuno, aumentan un 5% sobre la media de tres años (frente al 10% anual propuesto inicialmente) y, al mismo tiempo, los precios de importación se sitúan un 5% por debajo del precio en la Unión Europea. La solicitud de esta investigación de cara a poner en marcha acciones puede proceder tanto de los países como de representantes del sector primario. Además, la Comisión deberá presentar un informe cada seis meses como mínimo al Parlamento con la evaluación del impacto de las importaciones de productos sensibles.
«No aprovechan para nada y no nos valen», resume a este diario el secretario general de la Unió, Carles Peris, quien considera que pese a mejorar lo que había hasta el momento, las medidas de salvaguardia son «insuficientes» y «solo nos pueden servir para algún producto que se pueda almacenar y regular así un poco el mercado», pero no en productos de ciclo corto.
Peris insiste en la ausencia de un contingente aprobado, es decir, una cuantía determinada a la que se le aplican los beneficios arancelarios, para los cítricos en fresco, considerando que entonces «será difícil» activar una cláusula de salvaguarda. El secretario general incide en la dificultad de aplicar las medidas previstas, más aún cuando se importa gran parte de la fruta al inicio de la campaña. «Nos valen aranceles, siempre razonables, pero que regulen la importación y hagan subir el precio de la fruta que viene y que no nos acabe sustituyendo», sentencia Peris.
Mismas exigencias
El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, coincide en calificar de «claramente insuficientes» las cláusulas aprobadas por el Parlamento. «La mejor garantía para proteger a los agricultores y ganaderos europeos es introducir medidas que establezcan la reciprocidad, es decir, que las importaciones de países terceros cumplan las mismas exigencias que los productos europeos, y la complementariedad con la producción europea, de manera que solo entren importaciones para complementar la demanda en Europa”, argumenta.
Aguado tilda las medidas como “un parche justificativo para adelantar la puesta en marcha del tratado sin esperar al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que primero debería avalar si cumple o no con los tratados comunitarios”.
Ante el desacuerdo con el pacto comercial con Mercosur, el sector primario continúa con sus movilizaciones. Más de 400 agricultores y ganaderos de la Unió, de ellos más de un centenar de Castellón, participan este miércoles en Madrid en la manifestación convocada contra las políticas agrarias, entre las que se encuentra dicho pacto.
Y es que, la entidad incide en que mantienen el pulso debido a que a pesar de la paralización del pacto por la justicia, no se ha abandonado su puesta en marcha, ya que la Comisión Europea estaría intentando que entre en vigor provisionalmente. Será la cuarta movilización y, según indican, todo apunta a que «no será la última».
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