“Con inmediatez y ejemplaridad”. Así presume el Consell de haber actuado ante el escándalo de las viviendas de protección pública en Alicante. Lo dice su portavoz, Miguel Barrachina, con gesto solemne y memoria selectiva, como si bastara una rueda de prensa para borrar días de indignación ciudadana y una evidencia incómoda: la vivienda pública ha sido tratada como un privilegio interno del partido popular y no como un derecho social.
Porque si algo ha quedado claro en el caso de Les Naus no es la ejemplaridad, sino justo lo contrario. Ha quedado al descubierto un sistema desmantelado por el PP, sin controles eficaces, con conflictos de interés evidentes y con una alarmante normalización de que cargos públicos, familiares y personas del entorno del poder acaben beneficiándose de viviendas que estaban destinadas a quienes más las necesitan.
El Consell de Pérez LLorca quiere reducir todo a “una única irregularidad”: un funcionario que no se inhibió en un expediente que afectaba a su esposa. Y ya está. Caso cerrado. Como si el problema fuera una manzana podrida y no un cesto entero diseñado por políticos del partido popular para que nadie mirara demasiado. Como si no estuviéramos hablando de adjudicaciones a hijos, sobrinos, parejas y entornos directos de responsables políticos. Como si tres dimisiones no fueran la prueba de que aquí hay mucho más que un despiste administrativo.
La coartada es tan vieja como previsible: señalar al técnico, apartarlo a toda prisa, mandar el expediente a la Fiscalía y darse golpes en el pecho. El manual de supervivencia política. Pero la política no va solo de sacrificar peones para salvar al rey; va de asumir responsabilidades. Y ahí, cuando toca dar la cara, el silencio ya no es incómodo: es atronador.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, sigue instalado en una mezcla de victimismo y fuga hacia delante. Dice que no sabía nada. Que no había abierto el expediente. Que todo estaba en un cajón. La excusa perfecta: no mirar para no ver. Pero cuando un alcalde presume de no haberse enterado de que en su ciudad se repartían VPP entre cargos y familiares, lo que confiesa no es ignorancia, sino dejación de funciones.
Y mientras Barcala se esconde tras los papeles, el Consell mira hacia otro lado. Pérez Llorca, que salió el primero a certificar que “todo estaba correcto”, ahora guarda un silencio muy elocuente. No valora. No exige explicaciones. No marca distancia. Su portavoz se hace el distraído mientras Vox monta el numerito de pedir dimisiones contra un alcalde y un Consell que solo existen gracias a su apoyo. Protestan, se indignan y ponen cara grave… pero siguen votando lo mismo. Vox hace oposición por la mañana y sostiene al PP por la tarde. Y entre tanto teatro, la limpieza institucional vuelve a quedar en segundo plano: lo importante es que no se resienta la “relación de lealtad y confianza” entre socios.
Ese es el verdadero retrato del poder hoy en la Comunitat Valenciana: tolerancia con los abusos propios, rapidez solo cuando el escándalo ya es portada y un silencio calculado para que el foco no suba de nivel. No es casualidad que se insista tanto en que el funcionario “no era del PP”. Como si eso eximiera a quienes diseñaron, gestionaron y dejaron sin supervisión el sistema. Esos si que eran del PP. Mazón primero, y Pérez Llorca después.
Hablan ahora de más controles y de transparencia telemática. Curioso: mientras todo quedaba en casa, nadie los echaba de menos. Esos mecanismos ya existían bajo el gobierno de Ximo Puig, pero el PP se apresuró a “simplificar” el sistema para moverse con más comodidad. Las alarmas no fallaron: estaban desconectadas. Y solo se habla de volverlas a encender cuando los nombres han dejado de ser anónimos y el escándalo ya no cabía bajo la alfombra.
La vivienda protegida no puede ser un club privado ni una recompensa encubierta. Y la ejemplaridad no consiste en reaccionar cuando te pillan, sino en gobernar de forma que estos escándalos no sean posibles. Alicante merece algo más que comunicados defensivos y presidentes mudos. Merece saber la verdad completa, recuperar la confianza en lo público y, sobre todo, que nadie vuelva a confundir la vivienda social con un botín.
Porque cuando el poder se protege a sí mismo y deja desprotegidos a quienes esperan una VPP, el problema ya no es un expediente mal tramitado. El problema es el modelo. Y ese, por mucho que se empeñen, no se tapa con palabras grandilocuentes ni con silencios estratégicos.
Llegados aquí, no hay más salida que la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la recuperación inmediata de las viviendas adjudicadas de forma irregular, con su reintegro al parque público. Las VPP no son un botín, ni un favor, ni un derecho hereditario: son un recurso público para quien cumple los requisitos y espera sin padrinos. Todo lo demás —silencios, excusas y gestos tardíos— no es ejemplaridad: es cartón piedra sosteniendo un modelo agotado.
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