El resultado de las elecciones autonómicas vuelve a colocar a Aragón ante un escenario político tan reconocible como preocupante, la comunidad se confirma como un territorio cada vez más difícil de gobernar. Lejos de resolver la inestabilidad de la legislatura anterior, el adelanto electoral impulsado por Jorge Azcón ha terminado reproduciendo el mismo problema que decía querer evitar: la dependencia de la extrema derecha para construir una mayoría.
El presidente aragonés decidió anticipar los comicios con un objetivo, consolidar el poder del Partido Popular aprovechando el desgaste de la izquierda y el clima político nacional. La operación, sin embargo, ha quedado a medio camino. El PP gana, pero no lo suficiente. El cálculo electoral no ha proporcionado la autonomía política que buscaba Azcón, sino que ha reforzado la posición de Vox como árbitro imprescindible de la legislatura.
Este resultado revela hasta qué punto el adelanto electoral respondió más a una lógica partidista que a una necesidad institucional. Aragón no necesitaba votar antes, quien necesitaba mejorar su posición era el Gobierno autonómico. La consecuencia es un parlamento menos fragmentado pero con tres fuerzas en el podium, y una sensación de provisionalidad que se arrastra en la política aragonesa
La comunidad entra así en una nueva fase de incertidumbre. Vox, consciente de su fuerza parlamentaria, no tiene incentivos para cerrar rápidamente un acuerdo de gobierno. La cercanía de las elecciones generales convierte la negociación en una pieza más de la estrategia nacional de la derecha. Mantener la presión sobre el PP permite a la formación de extrema derecha marcar agenda, endurecer el discurso y demostrar capacidad de influencia sin asumir todavía el desgaste de gobernar.
Mientras tanto, la izquierda vuelve a pagar el precio de su división. La pérdida de apoyo electoral no solo debilita al bloque progresista, sino que facilita que la gobernabilidad dependa de quienes hacen de la confrontación su principal herramienta política. La fragmentación no es únicamente un problema aritmético, es también la señal de una dificultad más profunda para construir un proyecto común reconocible por el electorado.
Aragón se consolida, así como un ejemplo de la política española contemporánea con mayorías imposibles, gobiernos condicionados y legislaturas que empiezan con fecha de caducidad implícita. El adelanto electoral no ha resuelto la ingobernabilidad, simplemente la ha hecho más visible.
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