Pese a que el real decreto que hará realidad la regularización extraordinaria de migrantes todavía tiene que superar varios trámites para estar aprobado definitivamente –y que con toda seguridad el plazo para recibir solicitudes no se hará hasta principios de abril–, el nerviosismo por acceder a la medida ya se ha hecho palpable. Prueba de ello son las largas colas que se han producido estas semanas en algunos consulados o las quejas del principal sindicato de los funcionarios de la administración que temen no poder absorber la carga de trabajo que supondrían los al menos 500.000 expedientes que el Gobierno calcula tratar.
Así, y aunque todavía queda por establecer cuál será el circuito exacto para presentar estas solicitudes, empiezan a preocupar las sospechosas ofertas de asesoramiento jurídico que se dejan ver por redes sociales y que llegan a muchos de los migrantes interesados en acceder a la medida. «En nuestras consultas, desgraciadamente, estamos recibiendo muchos casos y estamos haciendo mucho énfasis en que las personas mantengan la calma y no caigan en estas trampas», explican desde los servicios jurídicos de la Fundació Migra Studium, que ofrece asesoramiento jurídico gratuito a personas en situación irregular.
«Estamos recibiendo muchos casos», denuncian desde la Fundació Migra Studium
Son ofertas que, por un precio que puede ascender a varios cientos de euros, garantizan el éxito de la regularización, a pesar de que todavía no exista una fecha confirmada para poder comenzar a entregar la documentación. «668 euros. Se paga en dos plazos […] La idea es que se tenga todo listo para marzo de 2026 seguro y se empieza a subir [a tramitar la documentación] el 1 de abril», reza una oferta que llegó a una usuaria de la oenegé de inserción laboral T’acompanyem.
«Ofrecer un servicio con ‘garantía de éxito’ sin una normativa sectorial específica que lo regule no es ilegal en sí mismo, pero es extremadamente arriesgado y a menudo pueden constituir un engaño», recuerdan desde Migra Studium. «Lo que no se puede hacer es engañar a las personas y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad para obtener un beneficio indebido», añaden. «En muchos casos, las personas que acaban cayendo, hace años que esperan regularizar su situación, y por eso están dispuestas a pagar cantidades económicas desproporcionadas», lamentan.
Es un diagnóstico similar al que hacen en la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), que se encargaba hasta hace pocos días del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) del Ayuntamiento de Barcelona. «Siempre ha pasado con los cambios de ley. Los servicios públicos no dan abasto para poder dar asesorías gratuitas a toda la gente que lo necesita y ellos se buscan la vida: llaman a gestorías, abogados, van a locutorios y pagan lo que sea», denuncia Soazig Noirault, directora operativa de Inclusión de ABD Barcelona. «Es normal que, por el historial que tenemos con los tiempos de las tramitaciones en Extranjería, la gente se espabile y los abogados jueguen con esta desesperación», añade su compañera, Mònica Plana.
«Es normal que, por el historial que tenemos con los tiempos de las tramitaciones en Extranjería, la gente se espabile», denuncia Soazig Noirault, de ABD
“Es el Gobierno el que puede hacer algo” contra estas prácticas, puntualiza por su lado Lamine Sarr, portavoz de Regularización Ya, una de las plataformas impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular –firmada por más de 900 entidades– que ha acabado adoptando el Gobierno en el Real Decreto. Sarr asegura que están “trabajando al máximo” para intentar frenar estos fraudes, pero que es difícil que su mensaje «llegue a todo el mundo». El pasado miércoles, la Secretaría de Estado de Migraciones hizo un «llamamiento a la calma» y pidió a los interesados consultar «fuentes oficiales del Gobierno» para informarse de los pasos a seguir.
El papel de las entidades
Las entidades sociales, de momento, se encargan de mantener la calma entre las personas que atienden a la espera de que se apruebe definitivamente el decreto, aunque todo apunta a que tendrán un papel destacado en la definición misma del circuito para entregar la documentación. «Siempre reivindicamos la colaboración público-social […], pero, en este caso, todavía más, porque queremos que se garantice que todas las personas que tienen derecho a acceder a la medida no se queden fuera«, aseguran fuentes de la Taula del Tercer Sector.
Así lo corroboran también las voces de la Fundació Migra Studium, que asegura poder colaborar tanto en información y asesoramiento como con la emisión de informes de vulnerabilidad, que podrían acabar siendo una vía para acceder a la regularización. También dan fe de ello desde ABD, entidad que pone el acento en la posibilidad de traducir documentos oficiales, por ejemplo.
Sea como fuere, ambas entidades coinciden en exigir que la Administración cumpla con sus obligaciones y que no utilice a las entidades como sustitutas. «Nuestro papel es acompañar, no asumir funciones de la Administración», sentencian desde Migra Studium.
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