«Indra no tiene capacidad para desarrollar obuses», criticó Alejandro Page, director general de Santa Bárbara, la filial española de la multinacional estadounidense General Dynamics, en un reciente encuentro con medios de comunicación. La contratista, especializada en carros de combate y blindados, ha impuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) por los créditos al 0% de 3.000 millones de euros recibidos por la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para el desarrollo de los dos grandes contratos de artillería de cadenas y ruedas del Ejército. Además, prepara otro contra el contrato de esta adjudicación, que se eleva hasta los 7.240 millones, porque argumenta que el proceso de adjudicación de los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Gobierno se han llevado a cabo «sin ninguna publicidad ni concurrencia», dirigidos por el Ministerio de Defensa.
La cotizada española se ha personado en el caso como empresa afectada, igual que Telefónica, Escribano (EM&E) y Oesía, para posicionarse a favor de la financiación dada por el ministerio de Industria para las adjudicaciones de Defensa y trabaja con el objetivo de cumplir con el encargo del Gobierno que encabeza Pedro Sánchez, ser una empresa de defensa de referencia en Europa y que contribuya a la seguridad y autonomía estratégicas. Estos días, además, Indra vive momentos de agitación después de que el Gobierno muestre sus dudas ante la potencial fusión con Escribano (EM&E). Moncloa no quiere perder el control de una compañía estratégica, que debe ganar tamaño y capacidad industrial para poder estar en los grandes contratos europeos de armamento como las próximas generaciones de cazas. Sin embargo, Indra y Santa Bárbara llevan un año de guerra de guerrillas ante el nuevo escenario inversor en el sector que ha generado la guerra de Ucrania y la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
Cuestión de números
Santa Bárbara, que cuenta con fábricas en Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha sido seleccionada para modernizar el tanque de infantería Pizarro por 263 millones de euros, lo que supone el 0,7% de los 34.000 millones concedidos por Defensa. Indra, por su parte, ha conseguido contratos por un valor de 5.667,4 millones, el 17,8%, que se eleva hasta 14.404 millones, el 45%, si se suma lo logrado por sí misma y sus alianzas con Airbus, Telefónica y Escribano (EM&E).
Hasta ahora, Santa Bárbara era el gran socio comercial de las Fuerzas Armadas en blindados y tanques, pero la estrategia de Defensa pasa por aumentar la soberanía tecnológica y militar nacional y de ahí la apuesta por Indra, actualmente controlada en parte -en concreto, el 28%- por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Santa Bárbara era hasta 2001 parte del conglomerado industrial del Estado hasta que fue vendida al gigante estadounidense General Dynamics por 831,9 millones de pesetas, cinco millones de euros al cambio actual. General Dynamics es la quinta compañía armamentística del mundo con unos ingresos de 43.930 millones de euros, capitaliza 80.000 millones y cuenta con contratos con la mayoría de ejércitos de los países que forman parte de la OTAN.
Pese a estas cifras, fuentes del sector indican que General Dynamics ha ido «menguando la capacidad industrial de Santa Bárbara» en estos últimos años por la falta de contratos con la Administración española, algo que ha causado malestar en parte de las Fuerzas Armadas, que se decantan ahora por potenciar a Indra frente al músculo de la contratista norteamericana.
En busca de alternativas
El Gobierno se acoge al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE) para adjudicar a Indra la mayor parte de estos contratos del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, por el que puede otorgar sin concurso lo que considere. La tecnológica garantiza retorno industrial en España y además le sirve para ganar tamaño ante los grandes programas europeos que licite la Comisión Europea. Indra, pese a su crecimiento en el último año, aún sigue siendo la empresa de defensa más pequeña entre sus competidores directos del Viejo Continente, como la italiana Leonardo, la alemana Rheinmetall, las francesas Thales y Safran, y la británica BAE Systems.
Es cierto que Indra no tiene obuses en su cartera de productos, pero ha firmado un acuerdo con la compañía surcoreana Hanwha Defense, que tiene entre su catálogo el obús autopropulsado K9 Thunder y puede ser una alternativa al modelo de Santa Bárbara, aunque también sondea opciones que le pueden brindar Leonardo o Rheinmetall. Corea del Sur es un socio global de la OTAN, pero no es miembro. Santa Bárbara, por su parte, defiende que sus lanzapuentes Anacona y el obús autopropulsado Némesis «están basados en tecnologías maduras, de propiedad intelectual española y europea, y con capacidad de fabricación en España» y por ello considera que «no se debe recurrir a otras alternativas fuera del marco de la Unión Europea y la OTAN».
Mientras Indra deshoja la margarita de quién será su socio industrial para la fabricación de los futuros obuses, esta semana su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, anunció que la compañía contará con una segunda fábrica en España para producir vehículos militares, si bien no detalló si se trata de una planta de nueva construcción o de la adquisición de unas instalaciones ya existentes. Esta segunda fábrica se dedicará, al igual que ‘El Tallerón’ de Gijón (Asturias), a la fabricación de vehículos blindados, aunque todavía se desconoce su ubicación.
La tecnológica cerró a finales de junio del año pasado la compra de la antigua planta de ‘El Tallerón’ en Gijón, que pertenecía a Duro Felguera y se dedicaba, antes de su nuevo uso, a la producción de calderería pesada. La compra de estas instalaciones se produjo después de que General Dynamics se negase a vender a Indra su fábrica en Trubia (Asturias).
Condenados a entenderse
La guerra total entre Santa Bárbara e Indra no es nueva, aunque ahora haya llegado a un punto de no retorno. Ángel Escribano llegó a la presidencia de la empresa participada por el Estado hace un año y desde el principio tuvo muy claro que el crecimiento de Indra pasaba por el negocio de la defensa, y en concreto por los tanques. El directivo intentó comprar Santa Bárbara sin éxito tras la negativa de General Dynamics, consciente de que su filial española tiene margen de crecimiento en pleno auge de la inversión en defensa y que desde sus plantas fabrica para las Fuerzas Armadas de Letonia o Alemania. Ante el rechazo, Escribano llegó incluso a plantear la «nacionalización» ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados y el Senado.
Esta tensión se ha ido incrementando por los roces surgidos en el consorcio Tess Defence, en el que Indra tomó la mayoría accionarial en junio ante los retrasos del blindado 8×8 Dragón y las disputas internas entre las cuatro empresas que lo desarrollan: la propia Indra, que ahora controla el 51,01% de las acciones y el 16,33%, por separado, EM&E, Sapa y Santa Bárbara. Las Fuerzas Armadas recibieron el pasado año 41 unidades del Dragón, pero estaban acordados inicialmente 57. Una reciente modificación contractual acordada antes de final de año rebajó esa cifra a 42. En 2024 se había pactado el suministro de 92 vehículos, pero finalmente no se llegó a entregar ningún blindado durante ese ejercicio. La participación en Tess, no obstante, les condena a una y otra empresa a entenderse.
Baile de fichajes
La tecnológica que lidera Escribano, además, ha realizado importantes fichajes entre los puestos directivos de Santa Bárbara, como su actual responsable de comunicación Rafael Moreno, quien ocupó este mismo cargo en la filial española del gigante americano durante 22 años; Ángel de Álvaro, en la compañía entre 1997 y 2025 en diferentes cargos como director jurídico y secretario general, y Modesto Martínez, el acctual director de desarrollo de negocio de la división de vehículos blindados de Indra. Este mes también ha contratado a dos ingenieros de peso en la planta de Asturias, como Lorenzo Vicente Álvarez, responsable de ingeniería hasta hace apenas un mes, y Landelino Zapico, que hasta octubre del año pasado fue el encargado de supervisar las pruebas de compatibilidad electromagnética.
Este baile de fichajes ha llevado a la compañía que pilota Page a acusar a la cotizada española de espionaje industrial por sustraer presuntamente documentos confidenciales relacionados con la fabricación de vehículos blindados. En concreto, se trataría de información acerca de la producción de blindados zapadores Castor y vehículo de combate sobre ruedas 8×8 Dragón, el tanque estrella del Ejército español. Santa Bárbara ha pedido explicaciones a la tecnológica española a través de un burofax en el que cita como responsable de esta filtración al propio De Álvaro.
Una cotizada española frente a una filial de un gigante estadounidense
Indra en cifras
Centros de producción
▶ San Fernando de Henares (Madrid): fábrica de radares (centraliza la producción de sistemas radar, con procesos/líneas de fabricación y test).
▶ Aranjuez (Madrid): planta de Indra Sistemas ligada a transporte, seguridad y defensa, con actividad en electrónica de programas como Eurofighter, módulos para fragatas F110 e integración de equipos electroópticos (8×8), entre otros.
▶ Torrejón de Ardoz (Madrid): Indra Technology Hub (macrocomplejo para concentrar capacidades tecnológicas, con laboratorios y enfoque en manufactura avanzada para defensa y espacio, según la financiación anunciada).
▶ Gijón (Asturias): planta de ‘El Tallerón’ (adquirida para transformarla en una de las fábricas más modernas de vehículos militares y carros de combate en Europa).
▶ Málaga (Parque Tecnológico de Andalucía – Campanillas): centro de aviónica avanzada y computadores de misión, con línea propia de producción (electrónica y mecánica) para defensa y aeroespacial.
▶ Villadangos del Páramo (León): fábrica para drones multipropósito y municiones merodeadoras (anunciada como futura planta).
▶ Vigo (Parque Tecnológico de Valadares): vía SPARC Foundry, con Indra como socio mayoritario, es una fábrica de chips de nitruro de galio (GaN), con entrada en operación prevista para 2027.
Principales contratos
Defensa
▶ Obuses autopropulsados (ATP) de ruedas y cadenas adjudicados por el Ministerio de Defensa de España a Indra y Escribano (EM&E) por alrededor de 7.240 millones de euros.
▶ Modernización y compra de centros de operaciones de artillería por 2.031 millones.
▶ Programas de radio terrestre SCRT por 1.421 millones.
▶ Vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8×8 Dragón a través del consorcio Tess Defence.
Movilidad / Transporte
▶ Transport for London (TfL) – gestión de acceso y billetes de toda la red de Londres (metro, buses, tranvías, ferris) en el que se incluyen servicios de ciberseguridad: contrato hasta 2034 (con opciones hasta 2039) por 975 millones.
Gestión del tráfico aéreo (ATM) / Radares civiles
▶ Administración Federal de Aviación: sustitución de radares de vigilancia por 340 millones para fabricar radares de nueva generación dentro del programa de reemplazo de sistemas radar. Producción en la nueva planta del área de Kansas City (EEUU).
▶ NATS (Reino Unido): modernización de la red de vigilancia aérea.
▶ Aerocivil (Colombia) – modernización de la red de vigilancia aérea.
Santa Bárbara en cifras
Centros de producción
▶ Trubia (Asturias): fábrica / planta industrial. Es el gran polo de fabricación de vehículos; por ejemplo, el inicio de la producción del VCR 8×8 Dragón se anunció en la fábrica de Trubia.
▶ Alcalá de Guadaíra (Sevilla): fábrica / planta industrial.
▶ Córdoba (Rabanales 21): nuevo centro de apoyo e innovación anunciado en 2025 para reforzar la presencia y la conexión con su planta de Alcalá de Guadaíra y la Base Logística del Ejército de Tierra.
Principales contratos
▶ Vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8×8 Dragón a través del consorcio Tess Defence.
▶ Modernización de los vehículos de combate de infantería y caballería Pizarro por 261,8 millones.
▶ Sostenimiento de los Leopard 2E y 2A4 por valor de 208 millones.
▶ Mantenimiento del vehículo de combate Hunter del Ejército de Letonia por 225 millones hasta 2037.
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