La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y para los exconcejales Antonio Lidón y Antonio Rodríguez Murcia, junto a tres dirigentes del extinto Orihuela Club de Fútbol José Rodríguez Murcia, José Agustín Rodríguez Gascón y Domingo Alcocer, por delitos vinculados a la concesión presuntamente irregular de cuatro subvenciones municipales por un total de 824.000 euros entre 2007 y 2009. El arranque del juicio estaba previsto en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial el pasado jueves pero ha sido aplazado y se ha señalado de nuevo para principios de 2027.
Según figura en la causa, la Fiscalía realizó el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento oriolano para que se persone como perjudicado y reclame la indemnización de los 824.000 euros desviados, personación que acilitaría la recuperación del dinero público supuestamente malversado a favor de las arcas municipales y que no consta que se haya formalizado.
La acusación
La acusación del Ministerio Público, según señalaron fuentes del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, se centra en un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con fraude, castigado con dos años de cárcel, y un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con fraude de subvenciones, penado con seis años adicionales. Para Antonio Rodríguez Murcia y Antonio Lidón se añade una petición de 20 meses de multa por negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, derivada de presuntos conflictos de intereses no declarados al participar en la aprobación de ayudas destinadas a una entidad en la que ambos tenían intereses patrimoniales directos.
Primera ayuda
En la causa se describe la supuesta vulneración de la normativa de subvenciones públicas. La primera ayuda de 100.000 euros, concedida en noviembre de 2007 para la «realización de actividades deportivas», fue ingresada en la cuenta del club el 28 de diciembre de ese año y transferida ese mismo día a la mercantil San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, empresa presidida por el empresario oriolano José Rodríguez Murcia y en la que también ostentaba cargos su hijo José Agustín Rodríguez Gascón.
Segunda subvención
La segunda subvención, de 84.000 euros, aprobada el mismo 28 de diciembre de 2007 por idéntico concepto, fue reintegrada en efectivo el mismo día de su ingreso -12 de marzo de 2008- para pago de nóminas en el club, entre ellas 5.000 euros destinados a Antonio Lidón Ferrández, hijo del entonces concejal de Deportes.
La tercera ayuda, de 80.000 euros concedida en mayo de 2008 supuestamente para «contratos publicitarios», carecía de contrato suscrito y su importe fue liquidado íntegramente el día de su recepción -11 de julio de 2008-, mediante cheques y efectivo para cubrir nóminas y saldar deudas del club.
El patrocinio
La cuarta y más cuantiosa subvención, de 560.000 euros (de los 700.000 inicialmente pactados), se otorgó en julio de 2008 mediante un convenio para la «explotación publicitaria de la marca Centenario de Miguel Hernández», pero el dinero fue destinado íntegramente a reducir el saldo negativo de una póliza de crédito del club, sin que exista documentación que acredite la difusión publicitaria comprometida más allá de la exhibición simbólica de un logo creado por el Ayuntamiento para el centenario en las camisetas de los jugadores.
Polémica por el uso del logo de Miguel Hernández en el aniversario de su centenario de 2010 / INFORMACIÓN
Entre los beneficiarios identificados figuran 22.411,28 euros transferidos a Samiguil, mercantil asociada al empresario promotor especializado en obra pública para distintas administraciones, Domingo Alcocer, y 21.000 euros en cheques a favor del hijo del exconcejal Lidón.
Plan estratégico
El sumario judicial señala la ausencia de plan estratégico de subvenciones en el Ayuntamiento oriolano a la hora de autorizar aquellas subvenciones, la concesión nominativa sin convocatoria pública ni justificación objetiva del tratamiento singular y la falta de cualquier mecanismo de control posterior.
Ni el órgano gestor, la Concejalía de Deportes, ni la Intervención Municipal dirigida entonces por Javier Cifuentes -hoy asesor a tiempo parcial del alcalde de Orihuela Pepe Vegara-, también acusado y a quien el Fiscal solicita ocho años de prisión, exigieron documentación justificativa antes del pago ni realizaron comprobaciones materiales o financieras posteriores.
Sin inhibirse
Antonio Rodríguez Murcia, teniente de alcalde entonces y vocal de la junta directiva del club hasta julio de 2008, participó en la aprobación de subvenciones sin inhibirse pese a ser hermano del presidente del club y avalista de su póliza de crédito. En paralelo, los dirigentes del Orihuela C.F. nunca presentaron justificación alguna del uso que estaban realizando de las ayudas ante el Ayuntamiento. De hecho, la documentación aportada como supuesta justificación fue elaborada de forma sobrevenida tras iniciarse la investigación judicial en 2015.
La quiebra de San José
El club fue disuelto judicialmente en julio de 2017, perdiendo personalidad jurídica. La mercantil San José Inversiones figura como responsable civil subsidiaria por los 100.000 euros transferidos directamente a su cuenta en diciembre de 2007. Transferencia que el principal responsable de la empresa hizo solo cuatro meses antes de presentar concurso voluntario de acreedores, en marzo de 2008, con uno de lo pasivos más abultados de la crisis del ladrillo en la provincia de Alicante: 144 millones de euros. Quiebra que arruinó a decenas de familias de la pedanía oriolana de Molins que habían invertido todos sus ahorros en la promotora.
El cuarto juicio
Cuando finalmente se celebre la vista oral será la cuarta vez que la exalcaldesa del Partido Popular de Orihuela se siente en el banquillo de los acusados. Lorente ya fue condenada por prevaricación por adjudicar a una empresa la ejecución de unas obras de un parque en la pedanía del Escorratel 18 días después de que se realizaran.
También fue juzgada y condenada por su participación en la trama del amaño del contrato del servicio de recogida de basuras de Orihuela a favor del empresario Ángel Fenoll en el caso Brugal, en el que también fue acusada en la rama que investigaba el supuesto amaño del contrato de gestión comarcal de basuras, de la que fue absuelta con el resto de implicados en un fallo que está recurrido por la Fiscalía Anticorrupción.
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