El absentismo laboral se ha consolidado como uno de los principales desafíos del mercado de trabajo en Euskadi. Con un coste directo de más de 5.000 millones de euros al año y una media de 25 días de ausencia por trabajador, las empresas recurren cada vez más a la figura de los detectives privados para verificar la legitimidad de las bajas y combatir el fraude. Escucha la entrevista en COPE de Arantza Busto, detective en el País Vasco.
Un recurso para empresas de todo tamaño
La contratación de detectives ya no es exclusiva de grandes corporaciones, como demuestra el reciente caso de la empresa Mercedes en Vitoria. Según la detective Arantza Busto, «es un ejemplo de lo que están haciendo muchas empresas de todos los tamaños», incluidas pymes, que lo abordan como una decisión de coste beneficio para protegerse de las altas pérdidas que genera una baja fraudulenta.
La actuación de los detectives está amparada por el Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el interés legítimo de la empresa para realizar labores de vigilancia y control. El proceso se inicia con la firma de un contrato y una investigación previa para conocer las rutinas de la persona, seguida de vigilancias y seguimientos para documentar su actividad real durante la baja.
Arantza Busto, detective, en COPE Euskadi
Los límites de la legalidad
El trabajo de campo debe respetar siempre los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la intimidad, el derecho al honor, etc… Los detectives pueden grabar en cualquier espacio público, pero nunca instalar cámaras en un domicilio, aunque sí es posible grabar desde la calle si no hay «expectativa de privacidad», como cuando te asomas en tu casa a una terraza, ahí, en la terraza de casa, una persona sí puede ser grabada. Para que el informe sea válido en un juicio, «la legalidad lo tenemos en la cabeza metida», afirma Busto.
En este momento nuestra actividad para casos de absentismo laboral ronda el 90 por 100″
El peso de este tipo de casos es tal que la propia detective cifra su volumen de trabajo actual en esta área en un porcentaje altísimo. «En este momento ronda el 90 %«, asegura. Esta tendencia, que ha ido en aumento desde la pandemia, no implica que todas las bajas sean fraudulentas, pero sí que las empresas actúan ante sospechas fundadas.
Contrario a la creencia popular, las infidelidades son un asunto «anecdótico» en la profesión. La mayor parte del trabajo, al margen del ámbito laboral, se centra en casos de familia, como la disputa de custodia de menores o el impago de pensiones. También señala que, por supuesto, no todas las bajas son fraudulentas.
