Donald Trump ha hablado tanto sobre Venezuela y sus propios planes desde el pasado 3 de enero que sus palabras durante el Desayuno Nacional de Oración, el pasado jueves, no merecieron quizá en Caracas la atención debida. O tal vez fueron tan elocuentes que no suscitaron respuesta del Gobierno interino, cuya cooperación «excepcional» volvió a ser resaltada frente a un auditorio bipartidista. «He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca algo como esto», dijo. «Recibimos millones de barriles de petróleo al día. Es un gran negocio para nuestro país«. Venezuela «tienen más petróleo que casi nadie, excepto nosotros. Y, por cierto, nosotros y ellos juntos tenemos el 68% del petróleo del mundo«. Después del exultante comentario de Trump, Reuters informó que EEUU prepara la emisión una licencia general que autorizará a las empresas extranjeras a producir petróleo y gas en territorio venezolano. Y la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo: «El equipo del presidente trabaja sin descanso para garantizar que las compañías petroleras inviertan en la infraestructura petrolera de Venezuela. Estén atentos». El multimillonario aspira a que las empresas norteamericanas inviertan en el país caribeño.
Mientras Trump pintaba el horizonte de los colores de la prosperidad, la «presidenta encargada», Delcy Rodríguez, estaba sentada en su despacho con directivos de Repsol y la francesa Maurel & Prom. Todo esto sucedía una semana después de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional (AN) de una reforma de la ley de hidrocarburos que le permitirá a las multinacionales obtener mayores beneficios. El economista Asdrúbal Oliveros estimó que, a partir de la nueva situación, el PIB podría expandirse de manera notable en 2026. Rodríguez, en tanto, dijo que Venezuela está decidida a transformarse en «una potencia energética» después de años de desgracia económica, causada, según Maduro, por EEUU, y con ese propósito ofrece a los inversores «seguridad jurídica del Estado».
La «presidenta encargada» se desdobla en sus intervenciones como si fuera una contorsionista. No deja de referirse a los sucesos del 3 de enero que derivaron en la «ausencia forzada» de Nicolás Maduro. Reitera que ella no hace más que actuar en su nombre y que todo lo impulsado estaba ya presente en su «espíritu». Se advierte no obstante una adecuación de su lenguaje a una realidad que otros maduristas no dejan de percibir como humillante, pero, a la vez, imposible de revertir por el momento. Al conmemorar el pasado miércoles el fallido alzamiento militar del 4 de febrero de 1992 que catapultó a la figura de Hugo Chávez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, por entonces uno de los alzados, llamó a aprender, como sucedió décadas atrás, a convertir derrotas en victorias «a largo plazo«. Cabello, quien se desempeñó sin contemplaciones como el brazo armado de Maduro y se mantiene en el poder, al punto de ayudar a que su hija sea nombrada ministra de Turismo, dijo además que «debemos tener inteligencia para actuar y tomar las decisiones adecuadas, que a veces son incómodas«. Sin embargo, «nuestro enemigo histórico es el mismo».
Luis Britto García, columnista del diario oficial Últimas noticias recordó: «Somos víctimas de una agresión alevosa, sanguinaria y no provocada. Sin previa declaratoria de hostilidades, con armamento tecnológicamente superior, masacraron a centenares de compatriotas, en su mayoría no combatientes». Mientras no se firme «un tratado de paz digno, estamos en guerra: Ejército y autoridades de Estados Unidos son enemigos, y como tales deben ser tratados». El ministro de Defensa y principal autoridad militar, el general Vladímir Padrino López, acaba de admitir de manera sorpresiva lo que era evidente antes del 3 de enero, salvo para un madurismo que se embriagaba con victorias imaginarias. «Yo vi de primera mano a los pilotos listos, trajeados, para salir al combate. Por supuesto, con la supremacía aérea que había, más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, era inviable sacar un avión. Era mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos«. El 12 de diciembre de 2025, el general pensaba otra cosa durante la actividad por el aniversario del Comando Aeroespacial de Defensa Integral (Codai): «Solamente les decimos desde aquí que no se equivoquen, porque tenemos la capacidad para reaccionar y para defender nuestro espacio aéreo«.
La amnistía y sus voces
Veinte años atrás, Chávez olía «azufre» en la Asamblea General de Naciones Unidas porque por su estrado había pasado el «diablo», George Bush. Maduro quiso sacar lustre a ese uso de la lengua cuya propagación parece adquirir carácter testimonial. Los efectos del 3 de enero sobre el habla del Estado son notables y es Jorge Rodríguez, hermano de la «presidenta encargada» y el portavoz más altisonante del presidente «secuestrado», el que pone en escena la dimensión de los cambios que se operan en Venezuela. En calidad de presidente de la Asamblea Nacional (AN) no solo es el entusiasta impulsor de la Ley de Amnistía. Es, en los hechos «otro» Rodríguez el que se permite un giro retórico que apenas un mes atrás habría sido considerado inverosímil o ficcional. «Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. A mí no me gustan los presos», dijo el psiquiatra de profesión quien establecía de modo tajante la diferencia entre los «presos políticos» y los «políticos presos» por cometer delitos «contra la seguridad». Eran los que debían permanecer detrás de las rejas sin contemplaciones.
Jorge Arreaza fue ministro de Exteriores de Maduro y ahora es diputado. Le tocó presentar el proyecto del Ejecutivo y lo hizo también imbuido de la pirueta discursiva de las autoridades provisionales. Delcy Rodríguez, explicó Arreaza, «está dispuesta a tomar las decisiones a que haya lugar para que la patria se conduzca por los caminos de la paz», porque se debe «humanizar y crear convivencia con las diferencias», así como «sanar heridas, reconocernos, entendernos«. Los fundamentos del proyecto de la «presidenta encargada» no dejan de ser sorprendentes. Se admite que «personas de distintas corrientes políticas, así como ciudadanos sin militancia alguna, se han visto involucrados en procesos penales, medidas restrictivas o situaciones de persecución vinculadas a hechos de naturaleza política o al ejercicio de derechos ciudadanos».
El caso Saab
Así como el lenguaje oficial documenta el corte en Venezuela respecto de su pasado reciente, también tienen lugar hechos que invitan a vislumbrar hasta qué punto la «cooperación» de carácter «excepcional» a la que hizo referencia Trump se comprueba en otras áreas. El empresario colombiano-venezolano Alex Saab era ministro de Industria de Maduro. Estados Unidos lo consideró relacionado con el lavado de dinero y la secreta administración de una supuesta fortuna del «presidente obrero». Delcy Rodríguez lo sacó del gabinete.
Desde Colombia llegaron noticias sobre su arresto. De acuerdo con The New York Times Saab fue detenido en las primeras horas del miércoles 4 de febrero en su residencia en Caracas, durante un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el FBI estadounidense. Un portavoz policial estadounidense señaló a Reuters que fue clave la diligencia de la «presidenta encargada». La confirmación de esa trama supondría un severo golpe contra Maduro, preso en EEUU. Jorge Rodríguez fue consultado sobre ese episodio. «Soy diputado. No forma parte del ámbito de mi atención». Cinco años atrás, cuando Saab había sido detenido en Cabo Verde para ser extraditado a Estados Unidos, Rodríguez prometió acciones legales y diplomáticas para protegerlo. Saab, de 54 años, fue liberado en 2023 cuando la Administración de Joe Biden intentaba negociar con Maduro unas elecciones libres al año siguiente. El fiscal general, Tarek William Saab, desmintió primero el arresto y después dijo «desconocer» qué sucedía. Luigi Giuliano, el abogado de Saab, aseguró que su cliente se encuentra en libertad. Pero es invisible. Tal vez porque se trata de otro desajuste entre las palabras y la realidad en Venezuela.
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