Takaichi Sanae busca reforzar su liderazgo para quebrar el orden de posguerra

Japón celebrará elecciones generales anticipadas este domingo en una convocatoria que llega poco más de un año después de los últimos comicios y apenas tres meses tras la llegada al poder de Sanae Takaichi. Se trata de un calendario inusual incluso para un sistema acostumbrado a la volatilidad política.

El adelanto responde a una decisión claramente política y revela la voluntad de la nueva primera ministra de someter a las urnas un proyecto que aún no ha sido validado electoralmente y que apunta a una ruptura con algunos de los consensos que han definido la política japonesa de las últimas décadas.

El adelanto electoral obedece, en gran medida, a un cálculo estratégico del Partido Liberal Democrático (PLD), en el poder de forma casi ininterrumpida desde 1955.

Takaichi busca aprovechar una ventana de oportunidad antes de que el desgaste del Gobierno, las tensiones internas dentro del propio PLD o las consecuencias sociales y diplomáticas de sus primeras decisiones empiecen a hacerse visibles.

La cita con las urnas se convierte así en una herramienta para consolidar su liderazgo y reforzar su autoridad en un sistema tradicionalmente marcado por el equilibrio entre facciones del mismo partido.

Frente al avance del oficialismo, la oposición llega a las urnas profundamente fragmentada, una debilidad que, por contraste, refuerza el relato de inevitabilidad que proyecta el Gobierno.

La creación del Chūdō Kaikaku Rengō, una alianza forzada entre el Partido Democrático Constitucional (PDC) y el Kōmeitō tras la ruptura de este último con el PLD, ha sido recibida con escepticismo tanto por los analistas como por las propias bases.

El nuevo bloque nace sin una narrativa común clara y con dificultades para movilizar a un electorado acostumbrado durante décadas a la cooperación entre el PLD y el Kōmeitō.

La herencia de esa colaboración prolongada pesa especialmente en esta campaña.

Durante años, ambos partidos construyeron redes territoriales, lealtades locales y mecanismos de movilización electoral que hoy resultan difíciles de reconvertir en favor de una oposición improvisada.

Más que una alternativa de gobierno coherente, la nueva alianza aparece como una suma táctica diseñada para minimizar daños, lo que limita su capacidad para disputar el liderazgo político a Takaichi y reduce la contienda a una validación implícita del proyecto del Ejecutivo.

Más allá del cálculo electoral, la convocatoria llega en un momento de redefinición del rumbo político del país, marcado por un endurecimiento del discurso sobre seguridad e identidad nacional.

En apenas unas semanas, el Gobierno ha impulsado una línea más restrictiva en materia de inmigración, ha reabierto debates hasta ahora considerados tabú —como la posibilidad de dotar a Japón de capacidades nucleares propias en un entorno regional cada vez más inestable— y ha elevado el tono en su relación con China, recuperada como amenaza central en el relato oficial.

Este giro no solo tiene implicaciones internas, sino que sitúa a Japón en una nueva posición dentro del equilibrio estratégico de Asia oriental y pone a prueba los límites del pacifismo constitucional que ha definido al país desde la posguerra.

En paralelo a este giro ideológico, el Ejecutivo ha desplegado un paquete de medidas de marcado carácter electoralista orientadas a aliviar, a corto plazo, el malestar social provocado por la inflación y el estancamiento salarial.

Entre las iniciativas más visibles figuran la reducción temporal del precio de la gasolina (llegando a menos de 138 yenes, unos 0,70 euros el litro), el abaratamiento drástico del pasaporte y de otros trámites administrativos para los ciudadanos japoneses, así como la reapertura del debate sobre una posible rebaja del IVA al consumo, actualmente fijado en el 10%.

Medidas populistas y fácilmente comunicables, con un impacto inmediato en la percepción de las familias, pero que eluden abordar los desequilibrios estructurales de la economía japonesa, como la precarización del empleo, la pérdida de poder adquisitivo o la sostenibilidad a largo plazo del Estado del bienestar en una sociedad cada vez más envejecida.

Uno de los ejes centrales de la campaña es el endurecimiento de la política migratoria, articulado a través de un conjunto de medidas destinadas a limitar la llegada y la permanencia de extranjeros en un país que, de forma paradójica, depende cada vez más de la mano de obra foránea.

El Gobierno ha anunciado un refuerzo de los controles de visados, una mayor capacidad de expulsión para personas con permisos irregulares o caducados y una revisión a la baja de determinados programas de trabajo temporal.

También ha puesto el acento en un control más estricto del acceso a los servicios sociales, con el argumento de proteger los recursos públicos para los ciudadanos japoneses.

Estas decisiones chocan con la realidad demográfica del país, marcada por una caída sostenida de la población activa y por sectores clave —como la construcción, la atención a la dependencia o la agricultura— que ya sufren una escasez crónica de trabajadores.

Más allá de las medidas concretas, lo más significativo es el tono del discurso gubernamental, que ha abandonado la tradicional ambigüedad japonesa sobre la inmigración para adoptar un relato claramente identitario.

Sin recurrir a una retórica abiertamente xenófoba, Takaichi ha insistido en la necesidad de preservar la «cohesión social», el «orden público» y los «valores culturales» del país, conceptos que funcionan como un marco implícito de desconfianza hacia el extranjero.

Un lenguaje hasta hace poco marginal en el discurso institucional, que conecta con los sectores más conservadores del electorado y refleja una tendencia global a instrumentalizar la inmigración como problema político.

El riesgo, advierten varios analistas, es que Japón termine convirtiendo una necesidad estructural en un conflicto identitario de difícil gestión.

Otro de los elementos más delicados introducidos en esta campaña es la reaparición del debate sobre el armamento nuclear, uno de los grandes tabúes de la política japonesa de la posguerra.

Sin formular propuestas explícitas ni compromisos formales, figuras clave del entorno de Takaichi han comenzado a legitimar públicamente la discusión sobre la conveniencia de dotarse de capacidades nucleares propias, en respuesta al deterioro del entorno de seguridad regional.

El simple desplazamiento de esta cuestión desde el terreno de lo impensable al de lo opinable supone una ruptura profunda con los consensos construidos tras Hiroshima y Nagasaki y abre la puerta a una redefinición de los límites morales y políticos del Estado japonés, más allá del resultado inmediato de las elecciones.

En paralelo, la relación con China ha sido incorporada de forma explícita al relato electoral como principal foco de tensión externa.

El Gobierno ha recuperado un discurso que sitúa a Pekín como la mayor amenaza estratégica para Japón, tanto en el plano militar como en el tecnológico, reforzando una narrativa de presión permanente que legitima el endurecimiento de la política de defensa y la búsqueda de respaldo electoral en clave de firmeza nacional.

China reaparece así como enemigo estructural en el discurso oficial, un recurso eficaz para cohesionar al electorado conservador y desplazar el debate político hacia el terreno de la seguridad y la identidad.

Este enfoque, sin embargo, simplifica una relación mucho más compleja.

China sigue siendo el principal socio comercial de Japón y un actor central en sus cadenas de suministro industriales y tecnológicas.

La instrumentalización de la política exterior con fines electorales ignora esta interdependencia y corre el riesgo de traducirse en costes económicos, diplomáticos y estratégicos a corto y medio plazo.

Al convertir la rivalidad con Pekín en un eje central de la campaña, el Ejecutivo introduce un factor de tensión estructural que trasciende el ciclo electoral y condiciona el margen de maniobra del país en un entorno regional ya marcado por la inestabilidad.

Más allá del calendario y del resultado electoral, la convocatoria anticipada revela una estrategia política de fondo: emplear las urnas como mecanismo de validación acelerada de un giro ideológico antes de que este encuentre resistencias sociales e institucionales más estructuradas.

En ese contexto, el Ejecutivo de Takaichi ha optado por una fórmula conocida en otros escenarios políticos: la identificación de un enemigo interno, asociado a la inmigración, y de un enemigo externo, encarnado en China, como herramientas para aglutinar apoyos y desplazar el debate público hacia el terreno de la identidad y la seguridad.

El resultado es una combinación de medidas económicas de corto alcance, un discurso identitario cada vez más explícito y el cuestionamiento de consensos históricos que amenaza con alterar de forma duradera los equilibrios del sistema político japonés y los límites del consenso democrático construido en la posguerra.