«Quizá podríamos usar un trato un poco más suave, pero tenemos que seguir siendo duros. Estamos lidiando con los peores criminales». Así se refería esta semana en una entrevista televisiva el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las operaciones que está llevando a cabo su policía migratoria, pero los datos, incluso siendo incompletos, demuestran la falsedad de la premisa.
El 74% de los inmigrantes que en enero estaban en custodia de ICE o la Patrulla Fronteriza, las dos agencias policiales de migración, aduanas y fronteras del Departamento de Seguridad Nacional, no tienen ninguna condena penal ni antecedentes, según las últimas estadísticas que ha hecho públicas la propia ICE.
Esas cifras, que llegan hasta el 25 de enero, y que se han facilitado con retraso, no incluyen ni la gente que está en instalaciones cerca de la frontera para detenciones a corto plazo, ni oficinas sobre el terreno de ICE, tribunales y otras localizaciones donde la agencia retiene gente.
De las 70.766 personas en custodia (la cifra más alta desde que hay datos y la primera vez que se supera la barrera de 70.000), más de 34.000 aparecen como ni condenadas ni con cargos pendientes, simplemente en custodia por «otras violaciones de inmigración». Hay algo más de 18.000 con cargos penales pendientes y otros tantas ya condenadas, pero según TRAC, un centro de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, muchos de esos con condenas las tienen por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico.
El relato y la realidad
Trump está tratando de reconducir al menos el relato oficial tras el rechazo social y político que han desatado las agresivas y letales tácticas desplegadas por los agentes federales en Minneapolis. Después de las muertes a manos de esos agentes de Renée Nicole Good y, sobre todo, Alex Pretti, el presidente realizó un relevo en el mando de las operaciones y puso al frente a Tom Homan, su ‘zar de la frontera’, que llegó también con un mensaje de repliegue federal a cambio de más colaboración de autoridades locales y estatales y de una operación más concentrada en criminales.
Hasta ahora, en cualquier caso, la actividad de Seguridad Nacional no ha hecho distinciones y el número de gente detenida prácticamente se ha doblado desde hace un año, cuando Trump volvió a la presidencia.
Austin Kocher, un profesor que en el pasado investigó para TRAC y que ahora mantiene un substack en el que facilita y analiza datos de inmigración, ha escrito que «desde el verano prácticamente todo el aumento en las detenciones de ICE ha llegado de personas sin cargos o condenas penales, un área de enorme crecimiento sostenido que contradice la narrativa de la Administración Trump de que se concentran en lo peor de lo peor». Kocher eleva hasta el 92% el porcentaje de detenidos en custodia de ICE (no incluye la agencia de fronteras CBP) que no tienen ningún antecedente penal.
Habeas corpus
La campaña contra la inmigración de Trump, y su apuesta por las deportaciones masivas, está topando con otra barrera. En esa campaña la Administración ha realizado un cambio de política que ha retirado a los jueces de inmigración una autoridad que tuvieron durante décadas, que permitía dejar en libertad bajo fianza a los inmigrantes en detención que no representan riesgos de fuga o para la seguridad pública.
Los abogados de muchos de esos detenidos sin antecedentes, que Trump intenta mantener en custodia indefinidamente pero que tienen derecho a pelear por sus casos salvo que tengan una orden definitiva de expulsión o lleven menos de dos años en el país, están apelando a la justicia federal. Solicitan habeas corpus para sus clientes y, según un análisis de los casos que ha realizado ‘The New York Times’, han logrado que muchos de esos jueces federales, no de inmigración, hayan dejado en libertad a cientos de detenidos.
Algunos expertos consideran que la política de Trump acabará ante el Supremo y que puede ser validada por el alto tribunal, pero mientras tanto el sistema judicial se está viendo saturado con estos casos.
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