La pieza que sigue sin encajar en el puzle de la investidura para dar oxígeno a Pedro Sánchez hasta 2027 e intentar sacar adelante unos Presupuestos es Junts. Las relaciones entre el Gobierno y los posconvergentes están rotas, pero no por ello desde el Gobierno tiran la toalla. El reparto de banderas para tratar de recomponer la mayoría de investidura incluye a todos los socios. En ocasiones, incluso se prioriza complacer a la formación de Carles Puigdemont, aun a riesgo de soliviantar a socios del arco izquierdo. Prueba de ello es la modificación del decreto del escudo social, rebajando la prórroga de los desahucios para dejar fuera a los pequeños propietarios. A esta concesión en materia de “okupación”, se suma la de la seguridad, con la aprobación de la ley contra la multirreincidencia prevista en el pleno del Congreso de la próxima semana.
Tanto los cambios en la moratoria antidesahucios, que para Junts son todavía insuficientes, como el desbloqueo de su norma estrella para endurecer la multirreincidencia en el Código Penal fueron pactados con el PNV. Los nacionalistas vascos están aumentando su papel de mediador y esta es una de las bazas que tienen en el Ejecutivo para acercar posiciones. Aunque en público se niegan conversaciones con los de Carles Puigdemont, fuentes conocedoras de las negociaciones siempre dejaron entrever que, de forma más indirecta que directa, la interlocución se mantenía. Por ello, alientan la posibilidad de volver a acercarse y recetan paciencia en este proceso.
Los socialistas tienen marcado en rojo en el calendario como posible punto de inflexión el regreso de Carles Puigdemont a Catalunya. Confían en que la aplicación de la amnistía, a la espera del TJUE, se producirá más pronto que tarde. Esta “normalización total” se considera una ventana de oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. En el ministerio de Hacienda tienen asumido que la aprobación de los Presupuestos dependerá en buena medida de la aplicación efectiva de la medida de gracia al líder de Junts, sobre la que se sustentó el grueso del pacto de investidura con un gran coste político para Pedro Sánchez.
El Gobierno gana tiempo así para tratar de encajar todas las piezas. También para que haga mella sobre Junts lo que denominan “presión ambiental” en materias como la financiación autonómica pacta con ERC. Su tercera baza para que los posconvergentes recuperen postulados más pragmáticos, dado que si el ‘cupo catalán’ es para el Gobierno una línea roja, consideran que no dejaría de tener coste para Junts ser los responsables de bloquear un nuevo modelo que daría a Catalunya cerca de 5.000 millones más de financiación y respeta el principio de ordinalidad.
“Si alguno no lo tiene claro, que pueda abstenerse y permitir que el modelo avance porque este modelo es mejor que lo anterior”, defendía ya tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta, el PSOE tendrá 121 votos y con todos sus socios sumará 179, con lo que la abstención de los posconvergentes dará un margen de un voto al Ejecutivo.
El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” se convierten así en tres de las bazas que manejan en Moncloa de cara a recuperar el “diálogo” con Junts. A ello se suma la pretensión de seguir avanzando en los acuerdos de investidura pendientes con esta formación. Entre ellos, la delegación de competencias en inmigración a Catalunya. Un comodín que ha proporcionado el acuerdo con Podemos para la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes. Como contrapartida, los morados se abren ahora a levantar su veto al proyecto para la delegación de competencias, siempre y cuando Junts se abra a modificar las referencias “racistas” en la exposición de motivos del proyecto.
Competencias en inmigración
Si se consuma este compromiso pendiente, Junts podría enarbolar una tercera bandera de peso, junto a la de la “antiokupación” y la de la seguridad, como cortafuegos a Aliança Catalana. Su principal competidor electoral ahora mismo y que según el último barómetro electoral del CEO (Centre d’Estudis d’Opinió) le disputaría la tercera posición arrebatándole una quinta parte de sus votantes.
El PNV mira de reojo a esta operación para que Euskadi no se quede atrás, visibilizando cada vez más los vasos comunicantes con Junts. El lehendakari Imanol Pradales, tras su reunión con Pedro Sánchez el pasado 27 de enero en La Moncloa, ya reivindicó más “herramientas” propias en la gestión migratoria y que Euskadi sea declarada ‘Frontera Norte’.
Este estatus supondría recursos adicionales y capacidades de interlocución con el gobierno galo, ante la realidad de que este territorio atiende a personas en tránsito hacia Europa. Asimismo, buscan el encaje para que la Ertzaintza participe juntos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de extranjería de cara a los procedimientos de expulsión.
El Gobierno se ha puesto de plazo para presentar los Presupuestos este primer trimestre de 2026 y de ahí que se hayan redoblado las cesiones a los socios, a la espera de Junts. Desde la financiación autonómica pactada con ERC al acelerón de las transferencias de competencias al PNV, que acumula la mitad de las aprobadas esta legislatura, hasta la prórroga del escudo social acordado con EH Bildu y la regularización de migrantes con Podemos.
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