El próximo jueves se podrá ver la primera foto del exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y del comisionista Víctor de Aldama sentados en el banquillo de los acusados frente a siete magistrados del Supremo. Todavía no se les escuchará hablar, pues las sesiones del juicio que analizará las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas a cambio de mordidas está previsto que comience en abril, si bien la ley obliga a celebrar una audiencia previa.
Se les atribuyen delitos cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y cuatro delitos de tráfico de influencias, pero las defensas tienen previsto argumentar que durante la instrucción del caso el juez Leopoldo Puente adoptó varias decisiones que vulneraron derechos fundamentales de sus clientes, buscando que se declare la nulidad. También defenderán la importancia de las pruebas de descargo, entre las que figuran la citación como investigados del hoy president de la Generalitat Salvador Illa, de la presidenta del Congreso Francina Armengol y de ministros como Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres.
Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, trataron de evitar estar presentes en este trámite legal, que tendrá un carácter muy técnico, y alegaron lo «incómodo» de los traslados y también motivos de salud para poder seguir la sesión por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real. Pero el tribunal rechazó el pasado jueves esta posibilidad y no podrán evitar su foto en el banquillo junto al empresario De Aldama. El comisionista pactó colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y reconoce algunos de los hechos por los que se piden hasta 24 años de cárcel para el que fuera secretario de Organización del PSOE y 19 años y medio para su excolaborador.
El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García llegan al Tribunal Supremo. / EUROPA PRESS – Archivo
En términos jurídicos, el Supremo da cumplimiento del artículo 785 de la ley procesal, reformado el pasado año, que regula este trámite previo y obligatorio en cualquier juicio. Además de valorar la posible suspensión del juicio oral, el tribunal deberá pronunciarse sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas.
Nuevo abogado
La sesión también permitirá percibir si el cambio de abogado de Ábalos a principios del pasado mes de enero — el despacho Chabaneix renunció por una cuestión de impago– modifica la línea de defensa expuesta en el escrito de defensa firmado por su entonces defensor, Carlos Bautista. El nuevo letrado, Marino Turiel, puede renunciar a testigos propuestos o cambiar la estrategia defensiva del exministro, por lo que su intervención centrará el interés de la sesión.
En el escrito presentado por el anterior abogado de Ábalos se pide la comparecencia como testigos en el juicio presidenta del Congreso, Francina Armengol, junto con los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska. Koldo no reclama al titular de Política Territorial, pero sí quiere que comparezca el exministro de Sanidad y hoy president catalán Salvador Illa. Fuentes de la defensa consultadas por EL PERIÓDICO inciden en que Koldo siempre ha señalado que Torres no tuvo que ver con esta compra de material sanitario y que el intento de implicarle en este sumario una mera invención del comisionista.
En la extensa lista de testigos de Ábalos también aparece Carmen Pano, la empresaria de hidrocarburos que dijo haber llevado en 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz y que está imputada en el procedimiento sobre un delito el fraude de IVA que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La empresaria se reafirmó en este episodio hace tan solo una semana, un día después de que Aldama rechazara ante Pedraz que fuera cierto.
Pacto y cuentas
Por su parte, Koldo exige que se aporte el acuerdo que Aldama realizó con Fiscalía Anticorrupción. Su defensa, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, argumenta que el «cambio de postura procesal» de Aldama –para quien la petición de cárcel ser reduce a 7 años, tras colaborar con el Ministerio Público– sugiere un acuerdo que afecta directamente a la situación de su cliente. Esta defensa quiere conocer «qué beneficios ha obtenido el señor Aldama a cambio de su declaración para poder proponer contraprueba dirigida a desvirtuar tales afirmaciones interesadas».
El empresario Víctor de Aldama a su salida del interrogatorio del juez instructor del ‘caso Koldo’, en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján – Europa Press
Koldo también quiere que el Supremo le permita presentar como prueba el informe sobre adecuación y contingencias del sistema de pagos en metálico del PSOE (2017-2024), a cargo dos profesores de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
La renuncia al escaño del que fuera ministro de Transportes no ha evitado que se fijara esta vista en el Tribunal Supremo, pues la ley establece que la competencia para juzgar se establece en el momento en el que se dicta la apertura de juicio oral. Otra parte de la trama Koldo que aún se sigue investigando, y que salpica también al que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, por presuntas mordidas a cambio de adjudicación de obra pública ha pasado ya a ser responsabilidad de la Audiencia Nacional.
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