La regularización de inmigrantes pactada por el PSOE y Podemos no es solo una política pública. Es una decisión que debe leerse en el marco de un contexto específico y teniendo en cuenta sus efectos políticos, tanto en el posicionamiento internacional de Pedro Sánchez como, en clave interna, en la dinámica de la competencia partidista.
En el plano exterior, la iniciativa se produce en un momento marcado por el endurecimiento del discurso y de las políticas migratorias en Estados Unidos. Las posiciones de Donald Trump, las actuaciones del ICE y las críticas que suscitan permiten un contraste claro en el que el presidente puede proyectarse como alternativa política frente a ese modelo, reforzando su perfil internacional y alineando su discurso exterior con la acción interna del Gobierno.
En clave doméstica, el momento elegido tampoco es irrelevante. La medida contribuye a desplazar la atención en un contexto especialmente adverso para el PSOE, agravado tras los accidentes ferroviarios, y se anuncia a las puertas de las elecciones autonómicas en Aragón. La inmigración se erige como una cuestión con un alto potencial movilizador y polarizante, que ordena el debate político y sitúa al PSOE en un terreno favorable para reforzar su perfil.
Desde esta perspectiva, la regularización cumple una doble función. Por un lado, fija la agenda y obliga al resto de actores a posicionarse en un tema especialmente sensible. Por otro, permite al Gobierno presentarse como actor con iniciativa en un ámbito en el que la indefinición suele tener costes electorales.
Los efectos sobre la competencia entre partidos son previsibles. La medida reactiva a Vox, que tiene en la cuestión migratoria uno de sus principales factores de movilización. Una reacción que refuerza el papel del PSOE como referente frente a la derecha radical y consolida una dinámica de confrontación clara. El PP, en cambio, queda en una posición incómoda, atrapado entre la presión de Vox para endurecer el discurso y su aspiración a presentarse como alternativa de gobierno. Más ambiguos son los efectos sobre la ordenación del espacio a la izquierda del PSOE. Mientras Sumar, Izquierda Unida y otras fuerzas avanzan hacia fórmulas de confluencia, la centralidad otorgada por los socialistas a Podemos, hoy fuera del Gobierno, introduce una disonancia estratégica. Al reforzar la visibilidad de un actor ajeno a ese proceso y competidor en el mismo espacio electoral, el PSOE reduce el protagonismo de su socio en un momento clave para la recomposición de la izquierda de la que depende.
En definitiva, la regularización refuerza el perfil internacional de Sánchez y consolida su posición como muro de contención frente a la derecha radical en un contexto de alta polarización. Desde esta lógica, la iniciativa se entiende mejor como una estrategia de movilización electoral que como una apuesta por la estabilidad parlamentaria o la continuidad de la legislatura, cuyo primer test será el próximo domingo en Aragón.
