El futuro del alcalde de Alicante, Luis Barcala, se decide lejos del Ayuntamiento. Después de que la oposición en bloque le exigiera su dimisión en el pleno de este jueves, debido al escándalo de las viviendas protegidas que destapó INFORMACIÓN, Vox guarda silencio por ahora sobre los movimientos de los progresistas para tratar de forzar la salida del dirigente popular. La formación de ultraderecha evita pronunciarse sobre hipotéticas mociones de censura o iniciativas para exigir la renuncia del regidor, a la espera de instrucciones que lleguen desde arriba, con el beneplácito de Abascal.
La relación entre el PP y Vox, socios habituales durante todo el mandato en el Ayuntamiento de Alicante, se tensa por momentos en distintos puntos del territorio nacional: desde Extremadura a Aragón, pasando por la capital. Con ese contexto, y en una organización de marcada estructura vertical (donde su líder, Santiago Abascal, ha ido dejando por el camino pesos pesados de la formación a medida que han mostrado sus discrepancias con la línea marcada por la dirección nacional) los concejales alicantinos de la agrupación no dan un paso sin el visto bueno de Madrid.
Un tablero en el que también es habitual que el presidente de los ultras utilice los territorios como fichas de dominó para la partida que libra en el terreno estatal. Prueba de ello fue, en julio de 2024, la ruptura de todos los gobiernos autonómicos del PP y Vox, incluyendo la Comunidad Valenciana, tras el desacuerdo protagonizado por ambas formaciones por el reparto de menores migrantes promovido por el Gobierno. Con tales antecedentes, parece poco probable que a Abascal le temblara el pulso a la hora de exigir la salida de un alcalde. Como plan B, el líder de Vox podría inclinarse también por mantener a Barcala en el centro del foco, incrementando la presión sobre él y sobre su gestión en el escaso tiempo que resta de mandato, con el objetivo de llegar reforzado a las próximas municipales y ampliar el «robo» de votantes a los populares.
Tras romper todos los gobiernos autonómicos en julio de 2024 por el reparto de menores migrantes, parece poco probable que a Abascal le temblara el pulso a la hora de exigir la salida de un alcalde
De ahí que se interprete la contundente petición de dimisión realizada este jueves, por partida doble, a través de la portavoz local, Carmen Robledillo, como un movimiento orquestado desde instancias superiores. Una teoría que cobra fuerza, especialmente, tras la negativa a pronunciarse en la que se han mantenido este viernes los de Abascal en Alicante: mientras la izquierda maniobra para estrechar el cerco en torno al alcalde y tratar de que su dimisión comience a apreciarse plausible, la crítica postura de los ediles de Vox se ha tornado, cuanto menos, esquiva: se acogen a su derecho a no declarar. Todo ello en menos de 24 horas.
La incertidumbre respecto a los próximos pasos de Vox (sabedores los de Abascal de que en apenas un año tendrá lugar una nueva cita con las urnas) se suma al malestar que ha generado en ciertos entornos del PP autonómico la postura mantenida por Barcala respecto a las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida a personas vinculadas con el Ayuntamiento. En un primer momento, el alcalde ya apuntó hacia un error del sistema y emplazó a la Generalitat a cambiar la normativa, que había sido modificada a finales de 2024 por el Consell de Mazón. Desde entonces, el dirigente alicantino tampoco ha perdido ocasión de recordar que la competencia para validar si los candidatos cumplían los requisitos es del gobierno autonómico y no del local. Una forma de echar balones fuera que no ha sentado bien a parte de sus compañeros de partido en la capital del Turia.
En cualquier caso, a la espera de la decisión de Abascal, el futuro de Barcala vuelve a estar, de nuevo, en manos de Vox. Una situación que se ha repetido una y otra vez, en menor medida, durante el presente mandato: desde la Zona de Bajas Emisiones, en la que los ultras obligaron al alcalde a pasar de «listas negras» de vehículos contaminantes a no imponer nuevas sanciones; a la decisión de «diluir» los puntos violeta o «resignificar» las visitas guiadas a los refugios antiaéreos, todavía pendiente de materializarse; o la dimisión del entonces concejal de Hacienda, Toni Gallego, precisamente por incumplir un acuerdo con los ultras.
Este mismo año, la mecánica ha vuelto a repetirse con la última declaración institucional en la que Vox hizo al ejecutivo de Barcala renegar del Pacto Verde (que el PP sí respaldó en Europa) y defender que las personas migrantes contribuyen a la «inseguridad» en los barrios, postulados que la formación ultra ya hizo asumir a Juanfran Pérez Llorca en su investidura y que el propio Abascal ha instalado en el discurso nacional de los populares. Otra ocasión en la que València y Madrid marcaron el rumbo de Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
