El Ministerio de Juventud e Infancia, en manos de Sumar, ha anunciado este jueves que se «desmarca» del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, «tras la negativa de Justicia a tener en cuenta las observaciones planteadas por este departamento con el propósito de corregir los riesgos que conlleva para la protección de las víctimas».
Dicho proyecto define y tipifica, por primera vez en Europa, el delito de violencia vicaria, que es aquella que se ejerce sobre los hijos para causar daño a la madre, con penas específicas y medidas civiles de protección. Fue aprobado en primera vuelta el pasado septiembre y en los últimos días se han intensificado las negociaciones, en el seno del Gobierno, con el objetivo de llevarlo, en segunda vuelta, al Consejo de Ministros del próximo martes, y de ahí enviarlo a las Cortes.
En este contexto, ha aflorado el malestar que ha causado la ley en una parte del movimiento feminista, que ha enviado carta abierta a los ministerios de Igualdad, Infancia y Justicia, firmada por la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional, en la que una veintena de organizaciones expresan su disconformidad con una norma que solo contempla «retoques superficiales» a un problema que «no es un fenómeno aislado ni marginal». Discrepan especialmente del nuevo delito de violencia vicaria, al considerar que contiene una redacción «neutra» y sin relación con la violencia machista.
En coherencia con estas voces, el ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, ha pedido a Justicia corregir esta nueva tipificación, así como el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha a los niños que contempla la ley. Según este departamento, son «aspectos indispensables para que la norma avance en garantía de derechos para las víctimas». Sin embargo, ante «la negativa de Justicia» a incluir estas modificaciones, el equipo de Rego ha comunicado que «abandona la coproponencia de la ley».
Madres protectoras
Según fuentes del Ministerio de Infancia, «la tipificación de la violencia vicaria que contempla en estos momentos el texto deja a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica». Del mismo modo, consideran «inaceptable que el texto siga permitiendo al agresor mantener contacto con hijos víctimas de violencia de género o vicaria» y que no se garantice el derecho a que sean escuchados en un proceso judicial.
Pese al portazo de Infancia, fuentes del Ministerio de Igualdad sostienen que la negociación en el seno del Gobierno sobre el anteproyecto legal sigue abierta. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresó este miércoles que «entiende la preocupación» del movimiento feminista y que, por ello, «han incorporado todas las alegaciones» que las organizaciones de mujeres han hecho llegar al Gobierno. Sin embargo, matizó, estas alegaciones tienen que ser «conciliables con una técnica legislativa correcta y en ese trabajo seguimos y seguiremos lo que haga falta para hacer un buen texto que satisfaga a las víctimas y también que sea correcto desde el punto de vista de técnica normativa».
Redondo recordó que es un proyecto legal «delicado» porque «no hay referentes» en el mundo y, al ser muy «novedoso», por eso está concitando dudas.
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