La fusión por absorción entre Indra y la compañía industrial madrileña Escribano (EM&E) se complica. La operación, ya de por sí compleja porque implica «conflicto de intereses» porque EM&E está controlada por el presidente de la cotizada, Ángel Escribano, y su hermano Javier, se ha enrarecido en los últimos días después de que el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) haya mostrado sus dudas sobre la fusión pese a que desde el comienzo del interés a finales de 2024 se había mostrado proclive a la absorción. Este miércoles Escribano se reunió en Moncloa con Manuel de la Rocha, director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia de Gobierno, en un encuentro en el que distintas fuentes confirman a EL PERIÓDICO que se producen con recurrencia.
Tanto el presidente de Indra como la SEPI niegan que en el cónclave se pidiese su dimisión a pesar de que las especulaciones al respecto han alimentado la reciente caída en bolsa de la tecnológica española. Las acciones de la tecnológica caen un 18% en las tres últimas sesiones, en un claro mensaje de que el mercado está con la actual dirección comandada por Ángel Escribano y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, decididos, ambos, a que la compañía se convierta en el «tractor» de la industria nacional de la defensa en pleno rearme europeo. Los títulos de Indra acumulan, pese a los retrocesos de estas tres jornadas, un alza del 185% en los últimos doce meses. De los Mozos apuntó este martes que si Escribano no fuese el presidente de Indra, la operación con EM&E «ya estaría hecha».
«Quiero ser claro: nadie ha pedido mi dimisión ni hay ningún proceso en ese sentido», ha afirmado el directivo en un comunicado remitido a la agencia Bloomberg este jueves. SEPI, por su parte, ha apuntado que el relevo del presidente de Indra no «está sobre la mesa» y que se pronunciará sobre la operación donde corresponde, es decir, en los órganos de gobierno de la compañía. «Evidentemente SEPI tiene opinión sobre las distintas alternativas, unas las apoyaríamos y otras no. Pero esa decisión se tomará cuando el asunto sea sometido al Consejo de Administración».
La SEPI es el primer accionista de Indra, con un 28% de las acciones, mientras que Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del presidente de Indra, tiene un 14,3% de los títulos y es el primer accionista privado de la compañía. El Consejo de Administración de Indra -en el que SEPI está representada- aprobó en diciembre por unanimidad buscar un encaje estratégico de EM&E. Además, la semana pasada se autorizó a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a negociar distintas alternativas, ya que no está claro que sea a través de una fusión de ambas firmas.
Estas alternativas llegan porque Moncloa no quiere perder el control de una compañía estratégica en pleno proceso de expansión de la inversión en armamento. Dos fuentes consultadas por este diario en Defensa niegan una participación de la cúpula del ministerio en las presiones que pueden rodear al presidente de Indra. “La ministra no enreda”, dice tajantemente una de ellas. Margarita Robles y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, la número dos que supervisa, vigila y licita los grandes proyectos públicos para la industria de defensa, estuvieron este miércoles de viaje en Galicia para asistir a un acto relacionado con aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito militar. En la comitiva no se habló de la situación de Indra ni de la de su presidente, indica una de las fuentes consultadas.
La alta valoración de EM&E enfrenta a los accionistas
La operación debe pasar aún por varias fases importantes y las dudas de Moncloa llegan porque la valoración de EM&E podría alcanzar los 2.000 millones de euros frente a los 8.120 millones que capitaliza Indra en bolsa y lo que podría llevar a los hermanos Escribano a controlar cerca de un 25% de la compañía si la operación se hace a través de una ampliación de capital en acciones y no dineraria. Desde el entorno de EM&E sostienen que Ángel Escribano «quiere seguir al frente de la compañía» y son partidario de que la fusión se hiciera a través de un canje en acciones.
Este encaje, sin embargo, diluiría a los actuales accionistas de Indra en la potencial ampliación de capital. El tercer grupo en el capital de la cotizada es SAPA, la compañía vasca dirigida por Jokin Aperribay -presidente de la Real Sociedad-, que siempre ha mostrado sus dudas sobre la operación y el «conflicto de interés», aunque en cualquier caso se alinerarán en el voto junto a la SEPI, sostienen fuentes de la empresa. SAPA, a su vez, es proveedor de General Dynamics, el gigante estadounidense con el que está enfrentado Indra después de que su filial española Santa Bárbara haya recurrido ante el Tribunal Supremo los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno valorado en 7.240 millones de euros.
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 le haya pedido la dimisión tras las informaciones que le situaban fuera tras la decisión de Moncloa){kind=link}