La regularización extraordinaria de migrantes presentada hace una semana por el Gobierno podrá beneficiar a entre 120.000 y 150.000 personas en Cataluña. Así lo ha confirmado la Generalitat, previamente a la cumbre institucional que ha celebrado en la tarde de este miércoles junto a la delegación del Ejecutivo nacional en la región, representantes del mundo local y agentes tanto económicos como sociales para formar una alianza con el fin de agilizar la nueva legalización de extranjeros, que se estima que a nivel estatal suponga el reconocimiento legal de las alrededor de 500.000 personas que se estima que podrán obtener un permiso de residencia y de trabajo en el país. De ser así, entre un 24 y un 30% de los regularizados se encontraría en el territorio catalán.
Desde la Generalitat se ha defendido la regularización extraordinaria de migrantes como una medida que servirá para dinamizar la economía y que no produce un efecto llamada. En este caso, además, tan solo se legalizará a los extranjeros en situación de irregularidad que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar que han residido en el país durante al menos cinco meses. Asimismo, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, se ha mostrado abierta a colaborar con el Gobierno en lo que sea necesario para poder llevar a cabo la regularización, sacando el mayor provecho posible.
Para ello, según reza un comunicado del Govern, la titular del Departamento de Derechos Sociales habría señalado durante la reunión del Consell Executiu del martes tres actuaciones clave. Estas iniciativas consisten en ayudar en la medida de lo posible a que la tramitación de la regularización sea “rápida, ordenada y eficaz” y maximice su impacto positivo sobre la economía catalana, acelerar la incorporación de los migrantes legalizados al mercado laboral y apoyar a los extranjeros beneficiados con orientativos e informativos.
Como ejemplo de que una legalización de los que ya viven en el país, regulada y ordenada, no solo supone un impulso para la economía, sino que no conlleva un incremento significativo del gasto en ámbitos como la salud o la educación, Martínez Bravo ha recordado esta semana las regularizaciones administrativas realizadas anteriormente. Seis de ellas también se llevaron a cabo de forma extraordinaria, de las cuales tres se produjeron durante los mandatos de Felipe González, afectando a 174.000 personas; dos fueron impulsadas por José María Aznar, regularizando a 503.327 extranjeros; y la última se hizo en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, beneficiando a 576.506 ciudadanos.
Los resultados de la cumbre
La reunión organizada este miércoles ha sido presidida por parte del Govern por Martínez Bravo. Tras finalizae el encuentro, la consellera de Derechos Sociales ha calificado la respuesta a la cumbre de «muy positiva y muy amplía» y ha manifestado que lo que se debe hacer en estos momentos es «establecer mesas de coordinación a nivel técnico» para comprobar los recursos que se necesitan para la correcta realización de la regulación extraordinaria.
Por su parte, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, también presente en el acto, ha destacado que parte del proceso de regularización debe consistir en asegurar que, aparte de otorgar un permiso de residencia y de trabajo a los migrantes en situación iregular, también se les proporciona oportunidades reales de tener una vida digna. Igualmente, ha avanzado que habrá más reuniones para hacer más concreciones sobre el procedimiento. «Creo que en un periodo de una semana o diez días podremos tener muchas mas respuestas de cómo se concretará o que papel tendran los ayuntamientos», ha declarado
El encuentro también ha contado con la participación del delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, que al terminar ha sostenido que este miércoles se ha formado «una alianza» entre entidades e instituciones, cumpliéndose de esta manera el objetivo principal de la cumbre. Asimismo, ha revelado que se contempla la posibilidad de que, con el fin de facilitar el proceso de regularización de migrantes, las entidades sociales o personas que las representan emitan informes de vulnerabilidad a las personas que han atendido para acreditar que estas llevan más de cinco años en España.
Un 18% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera
Según los datos más recientes del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), un 18% de la población del territorio catalán, equivalente a 1.444.192 personas, tiene nacionalidad extranjera. Una cifra que supone un aumento del número de migrantes de medio millón de personas en los últimos seis años. Además, el 35% de la migración de entre 25 y 44 años es de primera o segunda generación.
Por otro lado, Cataluña cuenta con un total de 663.980 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social. En este sentido, el Govern remarca que el papel de los migrantes es clave en varios sectores económicos y apunta que “para mantener la relación entre población no activa y población en edad de trabajar, España necesitaría 24 millones de inmigrantes hasta 2053”.
En comparación con el resto de comunidades autónomas, Cataluña se encuentra en la tercera posición en cuanto al porcentaje de migrantes respecto a la población de la región. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan a Baleares en primer lugar con un 21,28% de residentes con nacionalidad extranjera y a la Comunidad Valenciana en segundo puesto con un 19,31%. En cuarto lugar, detrás de Cataluña, se encuentra la Comunidad de Madrid con un 16,71% de personas procedentes de fuera de España.
Una regularización en un contexto de auge de la corriente antimigratoria
La regularización extraordinaria de migrantes servirá para garantizar los derechos de miles de personas migrantes en un momento de auge de los discursos antimigratorios que también está afectando a Cataluña, donde dos partidos xenófobos como Aliança Catalana y Vox ganan cada vez más fuerza según las encuestas. La corriente de mayor rechazo a la migración no solo se refleja en los sondeos sobre la intención de voto, como muestra la encuesta anual del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Cataluña (ICPS) – creado por la Diputación de Barcelona (DIBA) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) – que indica que dos de cada tres catalanes están de acuerdo con limitar la inmigración.
En concreto, el 63,7% de los encuestados afirma estar “muy de acuerdo” con dicha limitación, lo que supone un aumento porcentual de casi 10 puntos respecto a hace tan solo un año (54%) y de cerca de 20 puntos en comparación a hace dos (44,4%). Justamente, son los votantes de Aliança Catalana y Vox los que se muestran más partidarios de la idea, puesto que un 100% y un 90%, respectivamente, apoyan la iniciativa. Les siguen no muy de lejos el electorado del PP y el de Junts. En ambos casos, alrededor de un 80% de los votantes están a favor de limitar la inmigración.
