La disputa retórica de Pedro Sánchez con algunos de los grandes magnates de Silicon Valey no es nueva. Hace algo más de un año, coincidiendo con la toma de posesión de Donald Trump, el jefe del Ejecutivo comenzó a referirse a los propietarios de redes sociales como “tecnocasta” y señalar su interferencia en los procesos democráticos a través de la difusión de “bulos” o discursos de odio mediante manipulaciones algorítmicas. La defensa de los derechos digitales, en la que España fue pionera en 2021 con la Carta de Derechos Digitales para impulsar la directiva europea del ramo, evolucionó a un tono más duro al dibujar a los propietarios de las plataformas como una suerte de vanguardia de la “ola ultra”.
Un discurso que Sánchez internacionalizó en el Foro de Davos del pasado año, traduciéndolo además en una línea de actuación regulatoria en el marco de la UE y de la autonomía estratégica. Sin embargo, la respuesta de magnates como Elon Musk, dueño de X, o Pavel Durov, de Telegram, acusándolo de “tirano” o de coartar la libertad de expresión no se ha producido hasta que Sánchez puso sobre la mesa este lunes un paquete de reformas y anunciar una inminente cruzada legal, incluyendo la prohibición de acceso a los menores de 16 años. Pese a todo, en el Gobierno no se plantean por el momento cerrar sus cuentas institucionales en X o Telegram. Tampoco en otras plataformas como Tik Tok e Instagram, donde el jefe del Ejecutivo, lejos de apartarse, ha intensificado su uso.
La filosofía del Gobierno sigue siendo la de devolver a estas redes sociales los aspectos positivos para el debate público y su potencialidad para la democratización que tenían cuando nacieron. “Nosotros lo que queremos es que X o Telegram sean espacios seguros y regulados”, explican fuentes de Moncloa, descartando así dejar estas plataformas.
Se trata de la misma posición que ya mantuvieron cuando en febrero del pasado año Sumar y los ministros del socio minoritario sí optaron por abandonar la plataforma de Elon Musk, cambiándola por Bluesky, una alternativa más abierta, transparente y sin algoritmos intrusivos. “Defender la democracia es dejar de utilizar herramientas que la debilitan”, justificó entonces la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz.
Tras intensificarse el choque con los propietarios de las plataformas, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que el Gobierno debería cerrar sus cuentas oficiales en la red social X. Según ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio, se trata de una medida que ha sido planteada a la secretaría de Estado de Comunicación, de quien depende esa presencia institucional en las distintas aplicaciones digitales.
El jefe del Ejecutivo no cerró del todo esta puerta cuando anunció el pasado lunes en Dubái, en el marco de la cumbre World Governments Summit, el nuevo paquete de reformas para intentar poner coto a los abusos en internet. Si bien priorizó la apuesta por recuperar su esencia. “Algunos podrían decir que, si no nos gustan las plataformas de redes sociales, simplemente podemos abandonarlas. Que nadie está obligado a usar X o TikTok. Y tienen razón. Para muchos de nosotros, esta sigue siendo una opción. Pero sabemos que nuestros hijos y muchos ciudadanos no tienen esa opción. Las redes sociales se han convertido en una parte integral de sus vidas, de su realidad. Por lo tanto, si queremos protegerlos, solo podemos hacer una cosa: recuperar el control”, concluía en su intervención.
“Mejorar la democracia o erosionarla”
Sánchez volvía a replicar este jueves a los “tecnoligarcas” para defender que “la mejor regulación es la que sí existe, al servicio de la mayoría social”. Frente a la presión de las grandes plataformas digitales, Sánchez ha aprovechado su intervención en el VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado este jueves en Bilbao, para responder que “no nos van a quebrar”. “La voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo”, avisó.
Lo hizo tras referirse al mundo digital como un “Estado fallido” y establecer la dicotomía entre “ampliar o poner en riesgo los derechos, mejorar la democracia o erosionarla”. Tras ello, en referencia al mensaje enviado este miércoles por Telegram a sus usuarios, cuestionó la realidad “donde un tecnoligarca pueda meterse, como se metieron ayer, en móviles de millones de ciudadanos para decirles mentiras”.
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