El PP ha querido dejar claro que se opone rotundamente al decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar la situación de cerca de 500.000 migrantes que se encuentran en España sin papeles. Los populares, que tienen mayoría absoluta en el Senado, han aprobado una moción, la cual no es vinculante, en la que exigen «frenar» este proceso. Una posición que les ha valido las críticas de todo el arco parlamentario, desde Vox, que les acusa de ser tibios en sus propuestas, a EH Bildu y ERC, que han denunciado el discurso de odio de los conservadores.
El acuerdo que alcanzó el Ejecutivo con Podemos para poner en marcha la regularización no tendrá que pasar por las Cortes Generales. Sin embargo, el PP ha querido llevar el debate a la Cámara Alta, donde tiene aseguradas todas las victorias. La primera crítica de la senadora popular Inmaculada Hernández ha sido justo esa, que el Gobierno impulse «una regularización masiva eludiendo deliberadamente el debate parlamentario y el necesario control de las Cortes Generales».
A partir de ahí, la parlamentaria del PP ha tratado de desacreditar la medida asegurando que se trata de una «cortina de humo» de Sánchez ante los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona); que tiene como objetivo contentar a Podemos y reagrupar a la mayoría de la investidura; y que se ha hecho «sin analizar la capacidad de absorción» de un sistema público ya colapsado. «Esta regularización no es la solución. Es una huida hacia delante del problema y afecta y debilita el Estado social y democrático de derecho», ha concluido.
El ‘no’ a la medida
Aunque el análisis que hacen los populares encaja a la perfección en los discursos que han mantenido Junts y Vox, lo cierto es que ambas formaciones han querido desmarcarse y han criticado duramente a los de Alberto Núñez Feijóo. Los posconvergentes por dejarse «arrastrar» por Vox y los ultras por no decir «abierta y claramente» si están o no en contra de la inmigración ilegal. Por ello, se han abstenido en la votación, lo que ha dejado al PP en solitario.
Junts ha sido la nota discordante en el bloque de la investidura. Fue su rechazo a aprobar una iniciativa legislativa popular en el Congreso lo que llevó a Podemos a forzar la aprobación de este decreto. Así, el senador posconvergente Xavier Ten ha reprochado que mientras los morados bloquearon la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya ahora hagan este «chantaje» de impulsar una norma que la Cámara Baja no debatira. Además, al igual que el PP, ha denunciado la situación de los servicios públicos que deberán hacer frente ahora a medio millón más de personas.
Los socios del Gobierno
El resto de formaciones se han mostrado favorables al paso que anunció el Gobierno a finales de diciembre. La portavoz de ERC, Sara Bailac, ha defendido que regularizar a las personas migrantes es «asumir una responsabilidad colectiva» y «garantizar derechos básicos que deberían ser universales», aunque ha lamentado la tardanza del PSOE para adoptar esta decisión. La senadora de EH Bildu Olaia Duarte ha coincidido en que así se va a «sacar de la clandestinidad» a cientos de miles de personas que no tenían «reconocido ni siquiera el derecho a ser».
Además, ha denunciado la «hipocresía enorme» del PP que solo pretende convertir «a las personas migrantes en su diana porque necesitan crear un culpable al que la sociedad señale por todos sus males». Una crítica similar ha lanzado la senadora del PNV Nerea Ahedo, que ha pedido elaborar un plan para frenar los «discursos populistas contra la migración» como los que lanza el PP. En este punto ha confrontado con la bancada popular por tratar de engañar sobre las posibles alteraciones del censo electoral con esta regularización.
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