Aunque se han visto colas en determinados puntos de España, como consulados y oficinas de Extranjería, de migrantes con intención de regularizar su situación en España, el momento para hacerlo aún no está abierto y no se iniciará hasta dentro de dos meses más o menos, por lo que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), hace un «llamamiento a la calma«.
La Secretaría de Estado de Migraciones recuerda que hasta el próximo 6 de febrero, el texto inicial está a audiencia pública, lo que significa que se abre a la participación ciudadana para su consulta y presentación de aportaciones. Una vez concluido este período, se procederá a la inclusión de las aportaciones que se estimen y se remitirá a diversas instituciones para la remisión de informes.
La Secretaría de Estado de Migraciones hace un «llamamiento a la calma» y pide consultar solo fuentes oficiales
En este apartado, resultará fundamental el informe del Consejo de Estado, que otorgará las máximas garantías jurídicas a este Real Decreto, cuya redacción definitiva pasará de nuevo por Consejo de Ministros y, finalmente, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé sea en torno a principios del mes de abril. El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.
En todo caso, desde la SEM se pide a la ciudadanía que pueda resultar afectada por este proceso que consulte las fuentes oficiales del Gobierno de España y canales de información acreditados, como puede ser la página web y redes sociales de este Ministerio, para conocer de primera mano los plazos, así como el contenido final de un texto que, como se ha venido repitiendo en estos últimos días, aún no es el definitivo.
¿Provocará efecto llamada?
Desde el Gobierno de España aseguran que «no existe efecto llamada cuando se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes». Además, recuerdan que España cuenta hoy con un Reglamento de Extranjería que refuerza las vías regulares, seguras y ordenadas. El 95% de las personas migrantes llegan ya por estas vías, y las llegadas irregulares a costas se han reducido más de un 40% en 2025.
«Decir que regularizar beneficia a las mafias es ignorar una realidad evidente: la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas. Regularizar es cortar ese negocio», explican desde el SEM.
Entre los efectos positivos de este tipo de medidas, indican que la regularización de 2005 mejoró la integración laboral y la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación fiscal y redujo la informalidad en sectores dependientes de mano de obra migrante. «Además, los estudios disponibles concluyen que este proceso no generó un efecto llamada», agregan.
Refuerzan el sistema de pensiones
La autorización de residencia habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, eliminando trabas administrativas tanto para la persona trabajadora como para el empleador.
La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería. De hecho, la población migrante en España supone una gran fuerza laboral para nuestro mercado de trabajo y economía.
Desde la reforma laboral hay 800.000 afiliados extranjeros más y casi un millón desde antes de la pandemia.
Son vecinos y trabajadores en sectores esenciales como el cuidado, la agricultura o la hostelería, que contribuyen a la vida económica y social de barrios y municipios
2025 cerró con más de 3,1 millones de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, en máximos históricos. Representan ya el 14,1% de los cotizantes, con un crecimiento sostenido en sectores clave y también en el trabajo autónomo.
Cabe destacar que el 75% de los nuevos autónomos en 2025 son de origen extranjero. 29.272 de un total de 39.002. Esto representa 8 de cada 10 nuevos afiliados al RETA.
Los datos demuestran algo fundamental, y es que la aportación de las personas extranjeras es estructural, no coyuntural. Sostiene el empleo, refuerza el sistema de pensiones y contribuye a la prosperidad compartida.
A pesar de ese esfuerzo, desde el Ejecutivo señalan que esta regularización se hace «para reconocer derechos, y desde ahí permitir una integración laboral plena, libre y digna». «La medida permite regularizar la situación de miles de personas que ya forman parte de nuestras comunidades. Son vecinos y vecinas, y trabajadoras y trabajadores en sectores esenciales como el cuidado, la agricultura o la hostelería, que contribuyen diariamente a la vida económica y social de barrios y municipios», concluyen.
