El debate está aún sin resolver, aunque en vías de hacerlo. El futuro de la central nuclear de Almaraz está aún en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, que debe posicionarse sobre la viabilidad de prorrogar su vida útil, y del Gobierno después. Las energéticas propietarias de la central ya han formalizado su petición para prolongar su actividad hasta al menos 2030. Es precisamente esta decisión la que ahora ponen en cuestión no sólo movimientos ecologistas como Greenpeace, sino también expertos universitarios. Aseguran que prorrogar la vida de la central costará 3.831 millones de euros a los consumidores.
Greenpeace ha encargado un informe a profesores de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el impacto y repercusión que tendrá no cerrar Almaraz en 2027, como está previsto en el cronograma nuclear aprobado en 2019. El estudio ha sido elaborado por los investigadores Eloy Sanz Pérez, director de la cátedra de Transición Energética de la Universidad Rey Juan Carlos y el investigador Víctor García Carrasco, de la Universitat Politécnica de Catalunya.
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Caída de la inversión en renovables: 26.000 millones menos
En él, concluyen que prorrogar la vida útil de la central cacereña tres años más tendrá un sobrecoste de 3.831 millones sobre la factura de los consumidores. Además, señalan que frenará la inversión en energías renovables en España por un montante que estiman en 26.129 millones de euros.
El informe concluye que mantener la central nuclear no abaratará la electricidad a medio plazo sino más bien lo contrario. Apuntan a que se producirá una desincentivación en las inversiones en energías renovables lo que obligará a mantener una mayor dependencia del gas, más cara.
Los investigadores consideran que el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz se podría sustituir con energías renovables de manera inmediata tras su cierre y no se produciría ninguna dificultad de suministro. Actualmente la energía nuclear supone el 19% del ‘mix energético’ en España.
Más contaminación y menos descarbonización
Añaden que mantener abierta la central entre los años 2026 y 2033 supondría generar entre 5,8 y 12,3 MtCO2 adicionales a los que se registrarán en el momento de cierre previsto ahora. Una mayor contaminación que requerirá, señalan, del pago de nuevos derechos de emisión por un valor de 984 millones. Cuantías, señalan, que serán repercutidas en las facturas de los consumidores.
El estudio recuerda que cargar el sobrecoste en los consumidores es precisamente lo que el Gobierno siempre ha querido evitar y ha exigido para estudiar una posible prórroga. El estudio apunta que el cierre en 2027, como está previsto en el calendario, “es la vía más coherente para alcanzar la descarbonización”.
