El Ministerio de Transición Ecológica lanzó ayer la consulta pública previa destinada a elaborar las bases que regularán el primer concurso para implantar la energía eólica marina en España. Esta iniciativa ya arrastra más de un año de retraso desde que entró en vigor la regulación de esta energía renovable, en septiembre de 2024, lo que dificulta que la implantación de la misma esté operativa en el año 2030, que es el objetivo marcado por el Gobierno. Canarias es una de las zonas prioritarias para instalar los primeros parques eólicos en el mar, concretamente el área que se encuentra más avanzada y tiene el consenso de la mayoría de los sectores implicados es la franja litoral del sureste de Gran Canaria.
En la planificación realizada se han aprobado cinco zonas para el desarrollo de proyectos eólicos marinos -sumando un total de 5.000 kilómetros cuadrados, que representan el 0,46% de las aguas nacionales-, pero son cuatro las que han acaparado la atención de la mayoría de los promotores. Además de Canarias, con varios proyectos, destacan Galicia, Cataluña y Andalucía. En las Islas, tanto el Ejecutivo regional como los cabildos y las organizaciones empresariales han cerrado filas para el despliegue de la eólica marina por lo que supone de inversión, tanto nacional como extranjera, creación de empleo, descarbonización del Archipiélago y potenciación del sector industrial.
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata, aseguró tras conocer la decisión del Ministerio que «Canarias es la comunidad más preparada y con más potencial para la eólica marina, por eso es aquí donde tiene que desarrollarse en primer lugar. Tenemos la planificación, el interés de los promotores y la unidad institucional imprescindibles para el éxito del proyecto».
En relación con la consulta previa, el titular autonómico de Transición Ecológica señaló que «participaremos en esta fase de consulta con una premisa clara: sería un error introducir muchas áreas con diferentes niveles de potencial y consenso institucional, puesto que podría dilatar el proceso para quienes sí estamos preparados».
Sin embargo, la demora del Ministerio en este proceso está suponiendo un quebradero de cabeza para las empresas inversoras, que se han interesado en invertir en Canarias, que son varias de ámbito nacional pero también foráneas. Tanto desde las administraciones canarias -Gobierno y cabildos, sobre todo el de Gran Canaria- como desde las organizaciones empresariales se ha insistido en varias ocasiones ante el Ministerio de Transición Ecológica para que iniciara el procedimiento, ya que España se está quedando atrás en el despliegue de esta energía frente a otros países europeos como Reino Unido, Francia o Alemania, que cuentan con parques eólicos en el mar con una potencia de 37.000 megavatios (MW).
Lo único que tiene España son dos aerogeneradores marítimos flotantes, uno de ellos de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) en Gran Canaria, vinculados a la investigación científica.
El Gobierno central se ha escudado en razones orográficas y tecnológicas, ya que las aguas territoriales españolas son muy profundas y dificultan la instalación de los aerogeneradores anclados, por lo que se han acelerado los avances tecnológicos para el desarrollo de la eólica marina flotante, que es la modalidad de parques que se van a instalar. Asimismo, el Ejecutivo se ha tenido que enfrentar a la contestación de sectores vinculados al mar, como armadores y flota pesquera, y las afecciones al medio ambiente marino, con lo que la regulación se ha visto obligada a hacer un equilibrio entre el desarrollo de esta energía y el impacto en otros sectores.
Las estimaciones son que una vez resuelta la primera subasta para la eólica marina, serán necesarios entre 42 y 60 meses -cuatro o cinco años- para que los aerogeneradores instalados comiencen a producir energía, lo que rebasa el objetivo de que en 2030 España disponga de tres gigavatios (GW) de potencia.
Desde hace varios años, grupos empresariales potentes se han interesado en invertir en Canarias en el sector de la eólica marina, pero los retrasos en el procedimiento están suponiendo un coste que algunas empresas no están dispuestas a asumir, por lo que se llevan su inversión a otros lugares. Es el caso reciente de la empresa noruega Equinor, que junto con Naturgy tenía un proyecto para Gran Canaria y que ha desistido después de varios años de espera. Las Islas cuentan con inversión para más de 500 MW, aunque la previsión es que se instalen entre 200 y 250.
Pero si Canarias puede convertirse en punta de lanza en el despliegue de la eólica marina tendrá competencia de otras comunidades autónomas como Cataluña o Galicia, que pujan fuertemente para lograr el máximo número de adjudicaciones de parques eólicos. De hecho, ya ayer la Xunta advirtió que va a reclamar que Galicia «sea de las primeras comunidades donde comiencen a desarrollarse las subastas y, por lo tanto, la energía eólica offshore».
Por otro lado, la diputada del PP canario en el Congreso Jimena Delgado señaló ayer que este avance de la eólica marina «no llega por iniciativa propia del Gobierno, sino como consecuencia directa de la presión ejercida por el PP en el Congreso, donde registramos una proposición no de ley para exigir que se desbloqueara de una vez por todas la subasta de eólica marina».
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