Con el objetivo de «garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales», Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana desde Dubái que a partir de la «la próxima semana» se desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer el control de las plataformas digitales. Prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años (algo que ya estaba contemplado en la ley de protección digital, actualmente en el Congreso de los Diputados), frenar la ampliación de contenidos ilegales y considerar responsables penalmente a los directivos de las plataformas son algunas de las medidas. Algunas de ellas (no está claro cuál será la primera en aprobarse) incluyen modificaciones de leyes actuales y otras, creación de nuevos delitos y aprobación de nuevas normas. Muchas de estas iniciativas implicarán un largo periodo de tramitación ya que necesitarán el visto bueno del Congreso y el Senado para ser aprobadas definitivamente.
El Gobierno propondrá una reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, especialmente cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Fuentes de Moncloa recuerdan que así «se pondrá fin a la impunidad» derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que se difunden bajo su supervisión. De esta manera, altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrán responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de informaciones o vídeos. Esta medida se incluirá en un proyecto de ley que será remitido al Congreso y el Senado.
Se tipificará como nuevo delito la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Se reconoce que estos contenidos no surgen de forma espontánea, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados específicamente. Francia, por ejemplo, legisló al respecto en 2023. Al igual que la primera medida, esta se llevará a cabo a través de un proyecto de ley, que será aprobado en el Consejo de Ministros y después pasará al Congreso y el Senado. “La norma incorporará la responsabilidad penal de las plataformas cuyos algoritmos amplifiquen contenidos ilegales, superando la idea de que la tecnología es neutral”, concluyen fuentes de Moncloa.
El Gobierno desarrollará un sistema denominado «huella de odio y polarización”, destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social y amplifican el odio. El objetivo es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas. Esta medida se materializará mediante el desarrollo de una herramienta específica, que permitirá un «análisis riguroso» del comportamiento de las plataformas y de sus algoritmos
España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo los pasos de otros países como Francia y Australia. Además, las plataformas estarán obligadas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad, que vayan más allá de simples declaraciones formales, garantizando barreras reales y eficaces. Esta medida ya estaba incluida en el proyecto de ley de protección digital a los menores, que está actualmente en el Congreso de los Diputados y ha superado el trámite de las enmiendas. Fuentes de Moncloa aseguran que la iniciativa se desarrollará a través de prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo de esa ley.
El Gobierno actuará contra las posibles infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con inteligencia artificial de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos. El Gobierno trabajará conjuntamente con todos los poderes e instituciones, especialmente el Ministerio Fiscal, para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia frente a las infracciones detectadas.
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