Lo que convence a unos socios aleja a otros y viceversa. En esta disyuntiva se mueve el Gobierno, como se ha visto en la negociación para recuperar las medidas del decreto ómnibus, tumbado la pasada semana en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. A ello se añade la complejidad de que las relaciones con los posconvergentes estén rotas, por lo que las conversaciones en esta materia han sido indirectas, a través de la intermediación del PNV. De ahí que la prórroga del escudo social aprobada este martes en el Consejo de Ministros, troceándola en un decreto aparte para asegurar en otro limpio la revalorización de las pensiones, sigue en el aire.
En el Gobierno reconocen que no ha habido negociaciones con la formación liderada por Carles Puigdemont, lo que no asegura su voto a favor pese a ceder al dejar exentos a los propietarios de una única vivienda en alquiler de la prórroga de los socios. De hecho, Junts se ha mostrado escéptico ante esta medida reivindicada por el PNV. Por el contrario, las limitaciones a los desahucios para familias vulnerables mientras los servicios sociales les buscan una alternativa de realojo ya ha sido cuestionada por Podemos. Se calcula que ahora mismo estaban paralizados unos 60.000 desahucios de estas características, siendo mayoritarios los que corresponden a pequeños propietarios, que se han dejado fuera del escudo social.
A los vetos cruzados, se suman diferencias ideológicas evidentes entre los socios en materia de vivienda. Pese a todo, fuentes de Moncloa justifican que los cambios introducidos en el decreto social se ha llevado a cabo desde la perspectiva de que “consideramos que tienen más consenso”. “Llevamos unas medidas con un diseño que no salieron, esperamos que estas sí”, concluyen.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que “el diálogo sigue abierto”. “Antes, durante y después”, de la aprobación de los nuevos dos decretos, “para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias para que estas medidas vean la luz”, remachaba. Lo que al menos se asegurará el Ejecutivo es que los pensionistas no vean mermada su nómina en el mes de febrero. Junts, en línea con la crítica de los populares, habían tildado de “chantaje” que se mezclasen en un mismo texto el alza de las pensiones y la prórroga de los desahucios.
La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha descargado en las comunidades autónomas parte de la responsabilidad para dar solución a las familias vulnerables que ahora verían ejecutado su desahucio. Como competentes en materia de servicios sociales, Saiz señaló que “aquí hay una responsabilidad importante de las comunidades para ofrecer alternativas habitacionales”.
Financiación a las comunidades para el realojo
Desde el ministerio de Vivienda señalan igualmente que en el caso de las de las personas propietarias de una vivienda en alquiler, al no verse afectadas por la prórroga de este escudo social, “corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”. En paralelo, trasladan que el Gobierno seguirá aportando financiación a las comunidades “para contribuir al desarrollo de los parques de vivienda social y de los recursos de emergencia habitacional que den una respuesta estructural a las situaciones de vulnerabilidad”.
Por otra parte, en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, se triplica la inversión hasta los 7.000 millones, en parte para financiar líneas específicas para la construcción de vivienda social, “y también programas de ayudas para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género”, según señalan. El Consejo de Ministros de la pasada semana ya presupuestó en 300 millones los avales financiados por el Estado para este fin.
Tras un intenso fin de semana de negociaciones, este lunes en el Gobierno se abrían ya a la posibilidad de llevar por separado las medidas del decreto. Un cambio sustancial con respecto a la semana pasada, cuando la pretensión era “mantenerlo entero”, como también exigía el socio minoritario de la coalición. Pedro Sánchez fue contundente este domingo durante un mitin en Teruel, a dónde acudió para respaldar a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, que las pensiones “se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP».
Suscríbete para seguir leyendo
