Expertos del ámbito digital, educativo y sanitario coinciden en que la medida de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es necesaria para proteger la salud mental de los niños y adolescentes. Sin embargo, advierten que restringir su acceso no es suficiente y que es preciso que esta medida vaya acompañada de actuaciones educativas y de concienciación dirigidas a los menores, las familias y los profesionales que trabajan con niños y adolescentes. España se suma así a otros países como Australia, donde la normativa ya está en vigor, y Francia, que anunció su tramitación urgente la semana pasada.
Antonio Rial Boubeta, profesor e investigador de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en Ciencias del Comportamiento, valora que la Administración asuma su papel protector y defiende que esta prohibición no es nada nuevo, sino una medida alineada con las recomendaciones internacionales y con la evidencia científica sobre los efectos nocivos de las redes sociales en los menores.
En este sentido, señala que España simplemente eleva la edad de 14 a 16 años para ajustarse al marco internacional. Destaca que el régimen sancionador se dirige a la industria tecnológica —y no a los menores ni a las familias—. «Es una llamada de atención a la industria. No se trata de multar a niños ni a padres, sino de comprometer de una vez por todas a la industria tecnológica, que es la que tiene la mayor cuota de responsabilidad en todo lo que está ocurriendo con las redes sociales y la salud mental de los menores», argumenta el psicólogo, que fue uno de los asesores de la Ley de Protección del Menor en el Entorno Digital que está actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
«Es una llamada de atención a la industria tecnológica, que es la que más responsabilidad tiene»
El psicólogo y profesor de la USC subraya, no obstante, que la ley es «necesaria pero insuficiente» y que debe complementarse con actuaciones educativas, sanitarias y familiares. Pone como ejemplo a Galicia, que impulsa planes de bienestar digital basados tanto en la regulación de la industria como en la prevención, la educación y el acompañamiento y recuerda que el acceso a redes sociales es mucho más temprano que la edad límite que se ha establecido. «El debate no es solo si la edad debe ser 16 años. El problema real es que, incluso con la edad en 14, no se cumplía», afirma.
Respecto a esto, explica que España acaba de presentar el estudio de referencia mundial en esta materia, ‘Infancia digital’, que muestra datos contundentes: el 78,3 % del alumnado de quinto y sexto de Primaria, es decir, niños de 10 y 11 años, ya está presente en alguna red social, y el 43,6 % en tres o más. Antes de los 14 años, más del 86 % ya utiliza redes sociales.
Víctor Salgado, abogado especialista en Derecho Digital, califica el anuncio del presidente Sánchez de «sorprendente». «Supone un posible cambio respecto a la Ley de Protección del Menor en el Entorno Digital, actualmente en tramitación parlamentaria, que se limita a elevar de 14 a 16 años la edad para que los menores puedan consentir el tratamiento de sus datos y abrir cuentas en redes sociales, sin establecer prohibiciones», recuerda.
El abogado explica que será necesario analizar con detalle su desarrollo jurídico, especialmente en el ámbito penal, que exigiría una ley orgánica, mayorías cualificadas y una definición muy precisa de posibles responsabilidades penales de las plataformas y de sus directivos, así como de la eventual manipulación de algoritmos.
«Me genera preocupación que la verificación de edad quede en manos de las propias plataformas. Preferiría que se recurriera a soluciones como el proyecto piloto de la cartera digital europea en el marco del Reglamento eIDAS 2, que permitiría verificar la edad sin comprometer otros datos personales y reforzar la privacidad», opina.
«Me genera preocupación que la verificación de edad quede en manos de las propias plataformas»
Asimismo, insiste en la necesidad de que las medidas legislativas estén acompañadas de una educación digital. «Cualquier iniciativa orientada a proteger a los menores en el entorno digital es positiva. No obstante, debe complementarse con otras medidas: formación, educación digital y concienciación. La responsabilidad no puede recaer únicamente en las plataformas, aunque su papel sea muy relevante, sino también en los padres, educadores y profesionales que trabajamos en este ámbito», sostiene.
En similares términos se expresa Fernando Suárez, presidente del Colegio, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) y del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII), que apuesta por que la regulación vaya acompañada de educación digital, formación a familias y docentes, y políticas públicas que fomenten un uso crítico y saludable de la tecnología. «La responsabilidad es compartida entre administraciones, plataformas, sector educativo, familias e industria», opina.
«Me parece fundamental para proteger la salud y reducir los daños a los adolescentes»
Aunque reconoce que la medida «es entendible», no cree que la prohibición, por sí sola, sea la solución. «Puede generar una falsa sensación de seguridad, como si con limitar el acceso a las redes sociales se resolvieran los problemas del entorno digital, cuando en realidad existen muchos otros riesgos a los que los menores siguen expuestos», comenta.
Sobre su efectividad en la práctica, Suárez explica que desde el punto de vista técnico, sí es viable impedir o limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, siempre que se implanten sistemas de verificación de edad robustos, estandarizados y supervisados. Pese a esto, matiza que los sistemas de verificación son claramente insuficientes y fácilmente burlables, limitándose a simples autodeclaraciones, lo que permite a cualquier menor acceder sin dificultad a redes sociales y otros contenidos inapropiados.
«El odio, la desinformación y la polarización son caldo de cultivo para captar la atención»
Para José Manuel Suárez Sandomingo, presidente de la Asociación de Pedagogos de Galicia, es «razonable que se limite el acceso a las redes a los menores de 16 años y que las plataformas estén obligadas a implementar sistemas de verificación de edad que sean verdaderamente eficaces, no meros trámites simbólicos». Asimismo, entiende que la creación de sistemas de rastreo, cuantificación y trazabilidad del contenido también se vuelve necesaria. «Las huellas de odio, la desinformación y la polarización se han convertido en un caldo de cultivo que alimenta la competencia entre ‘influencers’ y plataformas por captar atención a cualquier precio», opina.
El pedagogo añade que Galicia ya se ha adelantado en alguna medida la propuesta legislativa del Gobierno central con su Plan integral de bienestar digital, en donde se «incluye un contrato de vida en línea con la finalidad de fomentar la responsabilidad y la desconexión del alumnado, entre otras muchas medidas, y que incluso dispone de un presupuesto económico para su implantación».
«Prohibir el acceso puede generar una falsa sensación de seguridad»
La psicóloga educativa Alba Fernández aplaude la medida por necesaria. «Aunque prohibir no suele ser una medida acertada, porque suele generar mayor deseo, en esta área me parece algo fundamental para garantizar la seguridad y reducir los daños en los adolescentes. Paralelamente, es muy importante realizar un trabajo de concienciación de los peligros y buen uso de las tecnologías», opina.
La especialista explica que es necesario ser conscientes del impacto que el uso de las plataformas digitales genera en un cerebro adolescente, en cuanto a «la posible adición que puede generar un mal uso, a la distorsión del mundo real y a una búsqueda exacerbada de un perfeccionismo inexistente que se traduce en problemas de autoestima y /o salud mental».
La psicóloga apuesta por promover talleres y charlas formativas actualizadas donde se entrene en desconexión digital, protección de datos personales, derechos digitales, inteligencia artificial, así como vigilar a las empresas para que no eludan la revisión del buen uso de contenidos y usuarios. «Es importante animar, concienciar y entrenar a los ciudadanos en que denuncien estas plataformas, e introducir el uso de aplicaciones de bienestar digital, control y supervisión digital», opina
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