Durante décadas, Aragón ha sido observada desde Madrid y Barcelona como una comunidad discreta y funcional, más eficaz que ruidosa. Una economía sólida, con niveles de renta y empleo situados históricamente en la parte alta de la tabla nacional, pero sin fuegos de artificio. Aunque capaz de resistir crisis que golpearon con mayor dureza a otros territorios de España, ha sido poco dada a liderar los rankings de crecimiento o inversión. Esa condición intermedia –ni locomotora ni vagón– le ha valido una etiqueta recurrente en los análisis políticos: la del Ohio español. Un territorio bisagra, representativo del promedio nacional, donde se anticipan tendencias y se deciden equilibrios.
No es una metáfora menor en vísperas de las elecciones autonómicas del próximo domingo, 8 de febrero, cuando la economía vuelve a situarse en el centro del debate político. Hoy, sin embargo, Aragón se asoma a un cambio de relato gracias a la ola de inversiones milmillonarias captadas en los últimos años. Se trata de una amalgama de proyectos que prometen movilizar más de 70.000 millones de euros entre 2024 y 2041, con un claro predominio de los centros de datos. De ahí que este territorio haya empezado a recibir otro sobrenombre que también salta el charco: el de la Virginia europea. Este nuevo cuño responde a su ambición de replicar un pujante ecosistema empresarial en torno a las granjas de servidores que está atrayendo a mansalva.
También destacan otras inversiones de gran calado, como la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos que la china CATL y Stellantis promueven en Figueruelas (Zaragoza), así como grandes proyectos energéticos o agroalimentarios. Un escenario inédito que abre una etapa de oportunidades sin precedentes y permite a esta tierra «hermosa, dura y salvaje», en palabras del cantautor y escritor José Antonio Labordeta, vislumbrar un futuro de prosperidad y crecimiento.
¿Las razones de semejante éxito? La comunidad autónoma está sabiendo aprovechar la amplitud de su territorio para atraer y desarrollar grandes iniciativas logísticas, industriales y agroalimentarias, con bazas conocidas como la disponibilidad de suelo a precios competitivos que otras regiones vecinas, una envidiable localización geoestratégica y su ingente capacidad para generar energías renovables, actualmente las fuentes de electricidad más limpias y económicas. Esto se lo debe a la calidad de sus recursos naturales, con una elevada radiación solar en gran parte de su territorio, especialmente en las zonas bajas del valle del Ebro, y un recurso eólico de primer orden, impulsado por un cierzo que es seña de identidad.
Los proyectos ya anunciados prometen movilizar un total de 70.000 millones de euros hasta el año 2041
A estos factores se ha sumado una Administración autonómica que ha apostado principalmente por acortar plazos. La fórmula del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), que permite acelerar la tramitación de iniciativas estratégicas, se ha convertido en uno de los principales reclamos para grandes proyectos industriales y tecnológicos, según reconocen de forma recurrente las propias empresas.
Mucho suelo, poca gente
Ese impulso puede traducirse en un mayor protagonismo, capacidad de decisión y peso específico de Aragón dentro del conjunto de España. Pero antes deberán resolverse importantes retos para absorber esta deslumbrante demanda inversora. El más inmediato es el empleo, es decir, captar y retener suficientes trabajadores para afrontar la construcción y puesta en marcha de unas infraestructuras que empiezan a pasar del papel a la pala.
Con el 10% del territorio nacional, Aragón es la cuarta comunidad autónoma más extensa, una superficie que supera en más de seis veces la del País Vasco y la de Madrid, y que dobla la de la Comunidad Valenciana, pero con una baja densidad de población. Apenas cuenta con el 3% del total de España, con 1.375.040 habitantes, lo que la sitúa entre las regiones menos pobladas del país y, por ende, también con menor peso político.
Esa gran dimensión territorial, unida a una demografía dispersa y envejecida –en el undécimo lugar a nivel demográfico–, constituye también una de sus principales desventajas, al encarecer de forma notable la prestación de los servicios públicos. Por este motivo, combatir la despoblación rural y corregir los desequilibrios internos –casi el 60% de la población se concentra en Zaragoza y su área metropolitana, que absorben también la mayor parte de la riqueza regional– sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes y un eje central de la estrategia económica y social de la comunidad.
Paz social y estabilidad
Si Aragón resulta atractivo para los inversores no es solo por el suelo o la energía. Hay un factor menos visible, pero a la vez determinnate: la paz social y su baja conflictividad. Esta comunidad es la única autonomía de España que, de manera ininterrumpida durante más de tres décadas, se ha apoyado en acuerdos tripartitos de diálogo social entre los sindicatos, las patronales y el Gobierno autonómico. Ese clima de concertación ha permitido gestionar crisis y afrontar reformas y cambios de ciclo sin grandes conflictos laborales.
A ello se suma una estabilidad política notable. Pese a contar con ocho partidos representados en las Cortes de Aragón y a haber conocido gobiernos de distinto signo y coalición, la comunidad ha mantenido una línea económica relativamente continuista. Esa estabilidad, no obstante, empieza a mostrar algunas fisuras con el crecimiento de la ultraderecha y una mayor polarización del debate público.
Además de las comparaciones habituales con Ohio como termómetro electoral de España, Aragón se mira ahora también en el espejo de otro estado norteamericano. Aspira a convertirse en la versión europea de Virginia, considerada la meca mundial de los centros de datos. Así lo viene proclamando desde hace dos años el presidente autonómico, el dirigente popular Jorge Azcón, al calor de la veintena de proyectos que pretenden anclar sus nubes tecnológicas en el mapa regional, en un radio de 100 kilómetros en torno a Zaragoza.
Con una potencia agregada de en torno a 3.000 megavatios (MW) y unas inversiones que superan ya los 50.000 millones de euros, la capacidad proyectada para estos complejos configura uno de los mayores polos digitales del viejo continente, solo por detrás de Londres y Fráncfort.
Oportunidad y riesgo
El impacto potencial de esta gran ola inversora es enorme, pero no por ello está exento de sombras. Se trata de proyectos intensivos en capital, energía y equipamiento importado, con una fase de construcción que concentra buena parte del empleo, mientras que su explotación posterior genera menos puestos de trabajo directos de los que a menudo se prometen. Además, la presión sobre la red eléctrica, el agua y el suelo abre algunos interrogantes respecto a la capacidad real del territorio para absorber todos los planes ya anunciados.
Los últimos datos oficiales dibujan una economía sólida, aunque no desbordante. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el producto interior bruto (PIB) aragonés creció un 3,1% en 2024, cuatro décimas por debajo del promedio nacional. No es un mal dato, pero confirma una tendencia: la comunidad avanza a buen ritmo, aunque algo por detrás de las regiones más dinámicas.
La lectura es más favorable cuando se analiza la riqueza por habitante. Con un PIB per cápita de 36.446 euros, Aragón se sitúa en el quinto puesto del ránking nacional, casi el 12% por encima de la media española, y con el mayor crecimiento acumulado desde 2019 entre las comunidades más ricas. Es decir, la región no crece menos por una cuestión de debilidad estructural, sino porque su demografía ha sido históricamente menos expansiva.
Industria, logística y energía
Las previsiones de los principales servicios de estudios apuntan a un comportamiento en línea con la media nacional en 2025, con una industria y una construcción más dinámicas que en el conjunto del país y una demanda interna todavía vigorosa.
Ese empuje se refleja en el mercado laboral, que vive un momento dulce. El año 2025 se cerró con 633.131 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta de la serie histórica al cierre de un ejercicio. La tasa de paro (7,7%) es la cuarta más baja de España, según la última Encuesta de Población Activa.
Tierra de fábricas
Aragón sigue siendo, ante todo, una comunidad industrial. Es la segunda donde esta actividad tiene mayor peso en el PIB –por encima del 22%, solo por detrás de La Rioja–. La automoción continúa siendo su columna vertebral, con la planta de Stellantis en la localidad de Figueruelas como eje de un ecosistema que aporta alrededor del 6% de la riqueza anual del territorio.
A pesar del momento complejo que atraviesa el sector, marcado en esencia por la incierta transición hacia la movilidad eléctrica, su futuro en la comunidad resulta muy prometedor gracias a las inversiones captadas, en especial la gigafactoría de baterías y el desembarco productivo de la marca china Leapmotor. El presente, no obstante, continúa siendo exigente, con ajustes productivos, recortes de empleo y el cierre de algunas fábricas de proveedores.
La segunda gran palanca es la logística. La centralidad geográfica de Zaragoza, a medio camino entre Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, ha permitido consolidar uno de los principales polos logísticos del sur de Europa, con prescriptores de primer orden como Inditex o Amazon. Plataformas como Plaza son ya infraestructuras maduras, con una capacidad de arrastre probada sobre el empleo y la inversión.
El tercer pilar es la energía. Aragón se ha convertido en una potencia renovable, con una producción eléctrica que roza el doble de su consumo. Ese excedente, durante años criticado por no generar suficiente valor local, es una de las claves que explican el desembarco de industrias electrointensivas como los centros de datos o la gigafactoría.
No obstante, el despliegue masivo de renovables no está exento de tensiones. A la contestación social en algunos territorios se suman las dudas sobre la tramitación, el control administrativo y el modelo de desarrollo de determinados proyectos.
También debilidades
Pero no todo acompaña. El principal desequilibrio interno sigue siendo territorial. Zaragoza y su entorno metropolitano concentran más de la mitad de la población y la mayor parte de la riqueza, mientras amplias zonas rurales afrontan envejecimiento y pérdida de servicios. El riesgo es que la nueva ola inversora refuerce aún más esa brecha.
A ello se suma otro gran reto: la escasez de vivienda, tanto en compra como en alquiler, un déficit que empieza a afectar tanto a los entornos urbanos como a los rurales. En el ámbito empresarial preocupan asimismo las tensiones para cubrir determinados perfiles técnicos, la dependencia exterior en bienes de equipo y un sector exterior que ha mostrado signos de deterioro en los dos últimos años, especialmente por el desplome de las exportaciones del automóvil.
Los estudios recientes cifran en torno a 70.000 millones de euros las inversiones estratégicas previstas en Aragón hasta 2041. Nunca antes la comunidad había afrontado un reto de esta magnitud. El éxito no dependerá solo de atraer proyectos, sino también de ejecutarlos correctamente, generar tejido local, evitar cuellos de botella y repartir los beneficios de la forma más equilibrada posible.
En definitiva, Aragón ha pasado de ser una economía discreta y previsible a concentrar una de las mayores expectativas de crecimiento del país. Nunca antes había reunido tantos proyectos estratégicos ni afrontado una transformación de esta magnitud en tan poco tiempo. La próxima legislatura del Gobierno autonómico dirá si ese salto es estructural o si el nuevo relato acaba desdibujado. El margen de error es mínimo. El reloj ya está en marcha.
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