La AP-7 es mucho más que una autopista. Es la segunda vía terrestre más larga de España y la gran arteria del Mediterráneo y uno de los principales ejes vertebradores de la Comunitat Valenciana. Por ella circulan mercancías, trabajadores, estudiantes, turistas y buena parte del pulso económico del país. Es la gran arteria que conecta las principales capitales del arco mediterráneo como contrapeso al eje central. Hoy, sin embargo, esa columna vertebral muestra signos evidentes de agotamiento. El pasado 20 de enero, en Gelida (Barcelona), ese deterioro cruzó una frontera inédita: por primera vez en la historia, una autopista estuvo implicada directamente en un accidente ferroviario mortal.
Desde la supresión de los peajes, la AP-7 ha ganado tráfico y ha perdido mantenimiento. Miles de camiones han abandonado las carreteras convencionales para circular por una vía concebida para ser rápida, en un contexto de menor demanda imposible de absorber sin inversión sostenida. El resultado es visible y medible, Prensa Ibérica lo ha radiografiado: más de un centenar de desperfectos graves a lo largo de su trazado, un firme parcheado, problemas de drenaje, socavones y un incremento alarmante de la siniestralidad, con tramos que duplican o triplican la media estatal. A su paso por la Comunitat Valenciana, la AP-7 tiene puntos donde parece un tablero parcheado y las reparaciones no dejan de ser puntuales. Aquí, conviven el mosaico de parches con las grietas, el asfalto ‘rayado’ y el mal drenaje de algunos tramos.
Estos problemas no son solo estéticos. Afectan a la seguridad. También en la Comunitat Valenciana y precisamente en la AP-7, a la altura de Torrevieja, se sitúa el punto negro con mayor índice de peligrosidad de las autopistas españolas, con un índice de 43,2 puntos, cuando la media nacional es de solo 8.
La gratuidad fue celebrada en un primer momento por los usuarios, pero la percepción está evolucionando. El paso de un modelo de pago por uso a uno sostenido íntegramente vía impuestos ha limitado la capacidad de reacción y de conservación de la infraestructura. Hoy no pagamos directamente por circular, también pagan con sus impuestos los que no la utilizan o la utilizan menos y en cambio asumimos colectivamente los riesgos, los accidentes, las colas interminables y, en el peor de los casos, las muertes.
Ante este escenario, conviene abrir un debate que durante años se ha esquivado por impopular: el del pago por uso. La alternativa no es solo, aunque también volver al peaje, sino de plantear fórmulas razonables —viñeta, copago, sistemas electrónicos— que permitan garantizar un mantenimiento digno de autopistas que, aunque amortizadas siguen exigiendo nuevas inversiones para asumir una demanda que se multiplica al ritmo del crecimiento económico.
En Europa existen modelos diversos que demuestran que este debate no es ni nuevo ni excepcional. Países como Suiza o Austria aplican sistemas de viñeta anual que permiten circular por su red de alta capacidad con costes asumibles y previsibles. Otros, como Alemania, aplican peajes específicos a los vehículos pesados en función de la distancia recorrida y del nivel de emisiones. Los países nórdicos combinan gratuidad parcial con tasas urbanas y sistemas inteligentes de gestión del tráfico. Ninguno de estos modelos es trasladable sin más, pero todos comparten una premisa: sin una fuente estable de financiación, no hay mantenimiento posible.
Consecuencias graves
La combinación de autopista de pago y vía alternativa gratuita, tan denostada en su día, ofrecía además una distribución más equilibrada del tráfico y de las cargas. Permitía elegir, descongestionaba e introducía un cierto principio de corresponsabilidad. La acumulación actual de vehículos pesados y la falta de inversión ya no son un problema teórico ni una molestia pasajera. Empiezan a tener consecuencias graves y transversales, que afectan a la seguridad vial, al transporte ferroviario y a la cohesión territorial.
Que el pago recaiga íntegramente en todos vía impuestos no es automáticamente más justo, sobre todo cuando quienes más presión realizan sobre la vía no siempre contribuyen proporcionalmente a su conservación. La AP-7 está al límite. Mantener la gratuidad sin garantizar recursos suficientes supone seguir degradando una infraestructura crítica. Cuando una autopista mal mantenida acaba provocando una tragedia más allá de su asfalto, el debate se convierte en una cuestión ineludible de responsabilidad pública.
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