El teniente de la Guardia Civil de la localidad valenciana de Bétera detenido este miércoles en su chalé de la exclusiva urbanización de Torre en Conill, acusado de maltrato habitual y de tres delitos de violación a su expareja, una joven de 28 años, ya había sido denunciado por violencia machista hace varios años por su entonces pareja, agente también del Instituto Armado, de la que, al parecer, llegó a tener una orden de alejamiento, según fuentes de toda solvencia consultadas por Levante-EMV. De momento, la jueza titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de la localidad valenciana de Llíria ha ordenado que se le coloque un dispositivo electrónico de control (una tobillera con GPS) para vigilar el cumplimiento de la orden de alejamiento que le impuso este jueves por la que se le prohíbe acercarse a menos de 700 metros de la joven y que se ponga en contacto con ella por cualquier medio.
La magistrada, especialista en violencia de género, adoptó de oficio la imposición del control telemático debido a que, a pesar de la gravedad de los delitos imputados y de las evidencias iniciales en contra del arrestado, la fiscal no pidió prisión, por lo que, en esa situación, los jueces no pueden decidir el encarcelamiento de un reo. Pero sí otras medidas cautelares para proteger a la víctima como es la orden de alejamiento de 700 metros, inusualmente elevada -la mayoría suele ser de 300 metros, o de 500, como mucho-, o el dispositivo con geolocalización.
Los hechos denunciados ahora se corresponden a varios momentos distintos de la relación mantenida entre la chica y el oficial de la Guardia Civil, que comenzó en septiembre y se ha prolongado durante apenas cuatro meses, hasta este mes de enero. La víctima ha reflejado en la denuncia que la primera agresión sexual se produjo a las pocas semanas, en un hotel durante un viaje, pero no denunció por «miedo» a las posibles represalias del presunto maltratador, a quien describe como «violento y controlador», y porque, siendo el máximo responsable de la Guardia Civil en el área donde ella reside, temía que no la creyesen, que cerrasen filas en torno a él y que alguien le reprochase que no se había resistido en esas agresiones sexuales.
De hecho, argumentó a los agentes y a la magistrada que ha tardado tres meses en dar el paso y denunciar, entre otras razones, porque ha llegado a estar convencida de que si no lo hacía, su expareja «me mataría».
ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
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Bloqueada, mirando a la pared: «Que acabe pronto»
La mujer ha explicado, primero en la denuncia y después, ante la jueza, que en las tres ocasiones -la última, con la relación ya rota- ella le dijo claramente que no quería mantener relaciones sexuales, pero que él hizo caso omiso y continuó hasta consumar la agresión sexual. «Le dije que no quería. Luego me quedaba bloqueada, mirando a la pared, esperando a que acabara lo antes posible», ha descrito. La tercera vez, por ejemplo, sucedió en el chalé del acusado, al que ella acudió después de que él la convenciese de que se iba a suicidar con la pistola reglamentaria, de la que, asegura, le envió una fotografía. Al parecer, fue por WhatsApp y empleó el recurso de visualización única, de manera que la víctima no ha podido mostrar esa imagen ni a la Guardia Civil ni a la magistrada. Acogiéndose a ese hecho, el acusado declaró en el juzgado que, en realidad, se trataba de la foto de una pistola de agua, ridiculizando a la mujer por no haber sabido distinguir un arma real de una de juguete.
Por esa razón, la jueza ya ha autorizado al Equipo Mujer-Menor (Emume) de Llíria, la unidad del Instituto Armado especializada en delitos de violencia machista que asumirá el caso, al volcado del contenido del teléfono del arrestado para recuperar y analizar no solo esa fotografía, sino también el resto de imágenes y mensajes enviados a lo largo de todos esos meses, en los que habría frases vejatorias, insultos machistas y constantes menosprecios, así como mensajes de manipulación emocional con amenazas de suicidio, lo que le ha valido la acusación de coacciones. De momento, la mujer ha dado acceso a su teléfono para certificar la existencia de esas conversaciones y su contenido.
El relato de la joven de 28 años, plasmado en la denuncia y en su declaración, incluye constantes episodios de control, tanto físico -dónde estaba en cada momento, con quién, adónde iba…-, como de las redes de la chica o de su teléfono móvil, con broncas continuas por ataques de celos e intentos de aislamiento social de ella.
Apertura de expediente y retirada de armas
Tras la detención del teniente, que pasó la noche en el calabozo del cuartel de Llíria sin mostrar signos de preocupación o abatimiento, y la imposición de medidas cautelares por parte del juzgado, la Comandancia de la Guardia Civil de València ha abierto el correspondiente expediente informativo, que podría acabar en sanción en función de cómo discurra el procedimiento penal. Además, como es habitual en todos los casos de violencia machista en que el acusado dispone de armas, se le ha retirado no solo la pistola reglamentaria, sino el resto de armas a su nombre.
Al tratarse de un oficial, el atestado no ha sido instruido, como ocurriría con cualquier persona ajena al cuerpo, por el Emume o la Policía Judicial de Llíria, compañía a la que pertenece Bétera, ya que ambos equipos tienen al frente a sendos sargentos (suboficiales), sino que lo ha hecho el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, dado que tiene un rango superior al del acusado.
Tal como ha informado este viernes el TSJCV, el teniente de la Benemérita detenido «queda investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones».
