En un cuarto de siglo, el primero del XXI, muchas cosas y muy profundas han cambiado en la derecha a nivel mundial, hasta dar con un polémico empresario y showman como Donald Trump en la mismísima Casa Blanca, y en España, donde una formación de la extrema derecha ha alcanzado por primera vez cotas de representación hasta situarse como la tercera del país, caso de Vox. Circunstancia esta última que ha forzado en buena medida a la formación conservadora tradicional, el Partido Popular (PP) a resetear hasta extremos insospechados hace décadas su propuesta política.
De entre todos los planteamientos en que eso ha ocurrido, destaca sobremanera el de la inmigración, un terreno en el que Alberto Núñez Feijóo decidió este pasado otoño, mediante un plan específico presentado a bombo y platillo en Barcelona, situar a su formación con un discurso duro en la materia. El PP defiende ya desde entonces, y sin ambages, deportaciones, limitaciones a los asilos que concede España o, entre otras medidas, severos recortes a las ayudas públicas que reciben quienes llegan de fuera de nuestras fronteras, singularmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Un año antes de ese volantazo político y estratégico, el Grupo Popular sumó en 2024 su voto en el Congreso de los Diputados a la mayoría que permitió superar su primera criba en la Cámara Baja, la de la admisión a trámite, a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con mayor apoyo de toda la historia de la democracia, respaldada por multitud de ciudadanos, colectivos y también la Iglesia, a favor de regularizar a los inmigrantes que residen en España sin papeles.
Ese respaldo parlamentario, antagónico al rechazo que mostraron entonces los de Santiago Abascal, contrasta con la furibunda oposición ahora a la regularización que por decreto, y tras un acuerdo con Podemos, ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez y que se estima afectará a medio millón de personas. Por más que desde Génova se pretenda hacer pedagogía acerca de que votar a favor de admitir a trámite una determinada propuesta no significa necesariamente aceptarla en sus términos, a los que de hecho los populares presentaron enmiendas para haber restringido, llegado el caso, las condiciones para regularizar a quienes no lo estén pero vivan en España.
Aunque en realidad la posición ahora de Feijóo pone en solfa muchas más cosas, y culmina un viaje realizado en este convulso arranque de siglo, el que va de las regularizaciones que hizo el primer Gobierno del PP, el de José María Aznar, en el que el actual líder popular ocupó relevantes cargos de la administración como la presidencia de Correos o la dirección del extinto Insalud, hasta el rechazo actual.
Rajoy defendió la regularización como vicepresidente
La hemeroteca deja a este respecto huellas muy sorprendentes. La primera de las tres regularizaciones que afrontó el Gobierno Aznar -quien precisamente se distingue en la actualidad por posiciones enormemente críticas con Vox, mucho más que las del otro presidente popular de la democracia, Mariano Rajoy– fue defendida por un tal Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y primer portavoz de aquel Gobierno. Fue el primero de tres procesos regularizadores, que se completaron ya en la segunda y última legislatura de aquel Ejecutivo, la de la mayoría absoluta.
En aquel momento fue el mencionado Rajoy, a la sazón vicepresidente primero, quien explicó a la opinión pública el proceso que a la postre regularizaría a medio millón de personas, en una época en la que el PP presumió del crecimiento económico del país impulsado en buena medida por la febril actividad inmobiliaria, y también de que nunca hasta ese momento había habido en España tantas personas ocupadas y cotizando a la Seguridad Social (SS), y nunca tantas mujeres. «España tiene que ser un país de acogida y es voluntad del Gobierno que lo sea. España fue durante muchos años un país del que emigraron muchísimos de nuestros compatriotas. Por fortuna para los españoles, las cosas han cambiado y nosotros queremos ser un país de acogida y queremos ser un país de acogida que proporcione un nivel de vida digno a todas aquellas personas que vengan a España. Eso es muy importante: un nivel de vida digno a todas aquellas personas que vengan a España», afirmó entonces Rajoy desde la sala de Prensa de la Moncloa, una década antes de convertirse él mismo en el residente principal del complejo presidencial.
El expresidente, un dirigente siempre muy cercano a Feijóo, sostuvo entonces, cuando los niveles de llegada de inmigrantes no eran tan grandes como en la actualidad, que «el Gobierno, el país y el Estado tienen que hacer el mayor esfuerzo del que sean capaces para que la gente pueda llevar una vida digna». No olvidó Rajoy, durante toda una larga rueda de prensa en el verano del año 2000, tras el último Consejo de Ministros del curso 1999-2000, en la que acompañó al portavoz de aquel Gabinete, Pío Cabanillas, en poner en valor el número de inmigrantes que se habían dado de alta en la SS, solo en el régimen agrario, por aquel entonces, más de 40.000 en el último año y medio transcurrido.
De nuevo las palabras de Rajoy no ahorraban énfasis alguno para defender filosóficamente la regularización migratoria: «Lo que hay que hacer desde una posición de sensatez, de cordura, de equilibrio, es hacer el esfuerzo para que estas personas vengan aquí y estén en la misma situación que los españoles: tengan un puesto de trabajo, tengan su afiliación a la Seguridad Social, tengan su asistencia sanitaria, tengan el derecho de educación y puedan ejercer todos sus derechos. Pero esto solo se puede hacer si hay una regulación», concluyó. Si bien es cierto que todo ello se vehiculó entonces mediante una reforma integral de la ley de extranjería, que atendió también a las observaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Feijóo, en aquel momento alto cargo de la administración y a punto de cumplir cuarenta años, apenas podía imaginar que terminaría defendiendo una posición totalmente antagónica a la que llevó a cabo aquel Gobierno, como ahora hace en su condición de líder de la oposición.
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