Delcy Rodríguez ha tomado este viernes la decisión política más audaz desde el 3 de enero, el día que la historia venezolana del siglo XXI se partió en dos tras el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas especiales norteamericanas. La «presidenta encargada» anunció durante la sesión solemne de apertura judicial 2026 una Ley de Amnistía General para todos los que participaron en protestas o acciones antigubernamentales desde 1999, el año cero del chavismo, hasta la actualidad. La medida será presentada ante la Asamblea Nacional (AN) por la Comisión para la Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia y la Paz. No es un dato menor que la legislatura la encabece su hermano, Jorge Rodríguez. Una amnistía de semejante alcance supone en los hechos una desautorización de lo actuado por Diosdado Cabello, el responsable del ministerio del Interior y la seguridad interna que se había endurecido sustancialmente desde 2024, con la polémica reelección presidencial de Maduro.
El Gobierno asegura haber liberado más de 600 presos. Los organismos humanitarios reducen esa cifra a la mitad. Esa discusión parece haber sido superada a partir de la novedad comunicada por la mandataria interina apenas pocas horas después de haber hablado por teléfono con Donald Trump y que el magnate republicano resolviera reabrir el espacio aéreo venezolano para compañías de su país. «Es muy difícil hablar de justicia en un mundo en el que cada día hay menos derecho», dijo Rodríguez y aludió a la «violación del derecho internacional» que derivó en los cambios que se operaron en el seno del poder. «El ataque, la agresión militar externa, el secuestro de un jefe de Estado, de una primera dama, diputada de la República, no pueden sino significar que hay menos derecho en el mundo». Más allá de la argumentación, compartida dentro y fuera de Venezuela por dirigentes e intelectuales que no necesariamente simpatizaban con Maduro, la «presidenta encargada» acaba de dar un paso que coincide con los requerimientos que habían sido fijado desde afuera del país sudamericano. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, estableció la liberación de todos los presos políticos como un punto neurálgico de la agenda de Washington. El otro es la apertura al capital extranjero en la industria petrolera, y la AN lo acaba de bendecir con una reforma de la ley de Hidrocarburos.
«Reparar heridas»
Rodríguez rindió tributo a quienes murieron «combatiendo» el 3 de enero «en condiciones de gran desigualdad». Pero más allá de la expresión de indignación por lo ocurrido hace casi un mes, su propuesta no hace más que sintonizar con los condicionamientos de la administración de Trump. En ese contexto se explica el giro que, una vez más, sorprende a los opositores. «Que sea una Ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reimplantar la justicia en nuestro país y que sirva para rescatar la convivencia entre los venezolanos«. La «presidenta encargada» precisó que quedarán exceptuados de este beneficio «aquellos procesados, condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves de los derechos humanos».
Uno de los anuncios de mayor impacto político interno se relaciona con el Helicoide, nada menos que el símbolo de la arquitectura represiva de los últimos años. Aquella construcción modernista dejará de funcionar como centro de detención. «Hemos decidido que las instalaciones se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto». La transformación del portentoso edificio será coordinada por la Comisión por la Convivencia Democrática y la Paz junto con otros ministerios.
«Vengo a esta Cámara como presidenta, pero también como abogada», dijo Rodríguez a los magistrados, e invocó su propia tragedia familiar. «Mi padre estuvo preso, y murió fruto de tortura». Jorge Antonio Rodríguez era guerrillero y lo capturaron en 1976. «Creo en la Constitución». Pero, además, Rodríguez se mostró favorable a una gran consulta nacional que permita establecer un nuevo sistema de justicia y que ese poder del Estado, alineado con Maduro de manera automática hasta su descabezamiento, «se convierta en la reina de las virtudes republicanas y que podamos garantizar la paz y el futuro de Venezuela como una nación independiente, libre, soberana y de paz». Naturalmente, la «presidenta encargada» aseguró estar transitando un camino que no se aparta del «el espíritu de Chávez y de Maduro».
Suscríbete para seguir leyendo
