El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha pronunciado este viernes sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas a cargos del Ayuntamiento de Alicante, tal como desveló el diario Información.
Según presidente autonómico, que ha hablado de esta cuestión a petición de los medios en una visita a Ontinyent, en la provincia de Valencia, “lo primero que ha hecho la Generalitat es pedir un certificado a los técnicos para que certifiquen si todas las personas que han recibido una de esas viviendas cumplían o no los requisitos”.
Llorca ha asegurado que este mismo viernes “por la mañana” ha recibido un certificado “por parte de los funcionarios” que garantizaría el cumplimiento de los requisitos para obtener dichas viviendas. A su vez, ha señalado que “la Generalitat revisa que esas viviendas sean protegidas y que las personas que optan cumplan los requisitos”, y ha matizado que estas condiciones “estaban aprobadas desde la época del ‘Botànic’”, en referencia al Gobierno de Ximo Puig entre 2015 y 2023. “A partir de ahí, el uso que le den a esa vivienda no le corresponde a la Generalitat”.
«Grave»
Pese a estos argumentos para defender la labor del gobierno autonómico, Llorca ha considerado que “lo que se ha podido conocer estos días” le parece “grave”. Sin embargo, también ha defendido al Ayuntamiento, institución señalada por estos hechos, porque “está haciendo una revisión de todos los expedientes a través de los funcionarios”. “Y en base a las conclusiones que se saquen habrá que adoptar las medidas pertinentes”, ha concluido.
Según el presidente de la Generalitat, el tema le ha generado “preocupación” y ha “pedido explicaciones técnicas al departamento de vivienda de la Generalitat”, que le ha derivado información que, según él, “acredita que todas las personas que optaron a esas viviendas cumplían los requisitos”.
En concreto, el secretario territorial adjunto de Vivienda, Vicente Caturla, ha emitido un informe este mismo viernes a la Dirección General de Planificación y Políticas de Vivienda de la Generalitat en el que «se hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa de aplicación».
Solicitud de informe
Sin embargo, pese a estas comprobaciones, la Secretaría Autonómica de Vivienda, dirigida por Sebastián Fernández, se ha dirigido a la Dirección Territorial para solicitar otro «informe detallado» en el que se haga constar el «número de viviendas que conforman la promoción calificada», la «acreditación documental del cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios para el acceso», la «acreditación del correcto cumplimiento del procedimiento preceptivo«, la «identificación de las personas intervinientes en el expediente de referencia» y «cualquier otro extremo que desde ese servicio territorial se considere necesario».
El informe se ha solicitado para que sea remitido «a lo largo de la mañana del próximo lunes 2 de febrero«.
Los hechos
Tal como reveló INFORMACIÓN este jueves, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez; Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo; y los dos hijos y un sobrino de la funcionaria municipal María Pérez-Hickman, fueron agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ejecutó en la ciudad en dos décadas. Pérez-Hickman ha dimitido de su cargo de directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos este viernes, tras saberse los hechos, aunque volverá a ejercer como jefa del servicio del área de Contratación en el Consistorio.
Las casas fueron adjudicadas en una urbanización de 134 pisos de tres y cuatro dormitorios con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios comunes, que fue levantada sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas mediante un proceso previo de enajenación.
La urbanización, de 8.618 metros cuadrados, fue adjudicada a la Cooperativa Residencial Les Naus por 6,67 millones de euros en marzo de 2022. Cuatro años después, las personas citadas han adquirido y tienen escrituradas a su nombre algunas de estas viviendas que en el Registro de la Propiedad constan con la “calificación definitiva de vivienda protegida de nueva construcción pública”.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió a investigar los hechos y este viernes ha comparecido sin admitir preguntas para asegurar que la elaboración del expediente de aclaración de los hechos se realiza con “máxima celeridad”.
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