La vía abierta por el Gobierno para intentar amarrar a Junts a la legislatura depende en último término de Podemos. La regularización extraordinaria de migrantes fue la moneda de cambio para que el partido morado se abriese a negociar el traspaso de competencias de migración a Cataluña, una de las principales exigencias de Carles Puigdemont. Una negociación que, sin embargo, presenta importantes escollos que amenazan con complicar un posible acuerdo.
El pacto entre PSOE y Junts para el traspaso de competencias en septiembre desató un cruce de acusaciones entre Podemos y el partido independentista. Los morados criticaron duramente el «racismo» y los «tintes xenófobos» del texto, que sitúa la inmigración como un «riesgo para la convivencia y la cohesión social». Unos reproches que fueron respondidos por Junts; su secretario general, Jordi Turull, llegó a tildarles de «catalanófobos», algo que los morados tildaron de «gilipollez».
En Podemos admiten ahora que la regularización de migrantes era condición previa para abrirse a negociar el traspaso de competencias. La interlocución de los morados se ha producido únicamente con el Gobierno, y dan por hecho que, de volver a sentarse a negociar, serán de nuevo convocados por el Ejecutivo.
El compromiso adquirido, eso sí, consiste en volver a debatir la propuesta, sin que haya garantías ciertas de que vaya a darse un acuerdo. A día de hoy, sin embargo, esa negociación ni siquiera se ha abierto ni ha habido interlocución alguna con Junts. Sólo a través de los medios han intercambiado posiciones
En varias entrevistas, Míriam Nogueras, portavoz posconvergente en el Congreso, se ha abierto a modificar la exposición de motivos, donde justifica la necesidad de la transferencia de las competencias para garantizar la «cohesión» y la «seguridad». Sin embargo, desde Junts defienden que el articulado de la norma no se toca. Y aquí está el problema, puesto que Podemos también ve objeciones a varios artículos de la proposición de ley (consultar en PDF aquí). Y las condiciones que ha puesto hasta el momento residen al menos en tres apartados.
Más Mossos
La primera de ellas es la segunda disposición adicional de la norma, que amplía la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta los 26.800 agentes en 2032, al considerar que es una forma de vincular inmigración con inseguridad. «Ellos querían pactar una proposición de ley con el PSOE que es abiertamente racista en su exposición de motivos pero también en su articulado, diciendo que el traspaso de competencias tenía que verse acompañado de un crecimiento de los Mossos, precisamente porque asocian la inmigración con un problema de delincuencia», señaló este miércoles Irene Montero en una entrevista en RAC1.
El 23 de septiembre, la proposición de ley para la cesión de la migración decayó en el Congreso precisamente por el rechazo de Podemos. Desde la tribuna, su diputado Javier Sánchez Serna argumentaba su rechazo en el «racismo» de la norma.
«Hoy nos posicionamos frente a una nueva iniciativa que trata la inmigración como un peligro social», comenzó, antes de recordar declaraciones de dirigentes de Junts como Miriam Nogueras en las que se refería al «descontrol migratorio» o la expresión «aquí no cabemos todos» que atribuyó a Turull.
«Carles Puigdemont ha llegado afirmar que sin nuevas restricciones sobre la inmigración, no se puede asegurar la identidad de Cataluña. De verdad, ¿alguien piensa que todo esto va de competencias?», se preguntó el diputado desde la tribuna del Congreso. «Lo que han pactado el PSOE y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante».
Contrataciones en origen y CIEs
En este punto, expuso alguna de las cuestiones que rechaza Podemos. «Esta proposición no solamente habla de competencias, plantea cosas como que la Generalitat determine los perfiles de trabajadores extranjeros a contratar», criticó, en referencia a las contrataciones de origen, que quedarían en manos de la Generalitat.
Se trata del artículo 5, por el que se delega a Cataluña «la previsión anual» de «las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen(…), en relación con las necesidades de Cataluña». Unas posiciones que los morados rechazan al considerar que responden únicamente a una visión mercantilista de la migración, y que podría limitar su recepción a cuestiones económicas.
En su argumentación de rechazo, el diputado de Podemos también criticó la cesión de «la gestión de los CIEs». Se trata del traspaso a la Generalitat de los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIEs) que consta en el texto, donde se especifica una transferencia de la «gestión integral» de estos espacios, lo que incluye la «dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros». La posición de los morados es que estos centros deben directamente cerrarse.
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