El sistema educativo de Baleares se prepara para un cambio estructural de calado, pero el hito administrativo llega empañado por una sombra de sospecha técnica que cruza España de sur a norte. La multinacional andaluza Ayesa, empresa a la que el Govern balear ha adjudicado por 5,4 millones el contrato para implantar Llull, el nuevo sistema de gestión de datos educativos que sustituirá al Gestib, se encuentra actualmente bajo la lupa por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
Ayesa es la empresa que este próximo lunes, día 2 de febrero, desplegará la Finestra Electrònica Llul, un sistema que no será una opción, sino el canal exclusivo y obligatorio para que los 849 centros educativos de las islas realicen cualquier trámite, comunicación o gestión con la Conselleria de Educación y Universidades.
La coincidencia en el calendario es, cuando menos, llamativa. Mientras los peritos y la Guardia Civil analizan en laboratorios por qué falló la soldadura que la empresa contratada por el Ejecutivo de Marga Prohens certificó como segura en la vía donde descarriló el tren Iryo el pasado 18 de enero, los equipos directivos de los colegios de las islas ultiman su formación para confiar toda su documentación, nóminas y gestión económica a la arquitectura digital diseñada por la misma ingeniería.
La tragedia de Adamuz, que se cobró 45 vidas por la rotura de un carril instalado hace menos de un año, ha puesto bajo el foco la fiabilidad de los protocolos de supervisión de una empresa que ahora posee las llaves de uno de los sistemas de datos más sensibles del archipiélago.
Según la nota de prensa emitida por la Conselleria el pasado 20 de enero, a partir del 2 de febrero de 2026 todos los canales tradicionales de comunicación quedarán relegados y será la Finestra Electrònica Llull la que centralizará desde la mensajería interna entre el colectivo docente hasta el envío de documentación oficial, avisos urgentes, agendas personales y el flujo de estados de las comunicaciones en tiempo real. La administración defiende que este paso demuestra su «compromiso con la modernización» y la «desburocratización», buscando una agilidad que el anterior sistema, el Gestib, supuestamente ya no podía ofrecer.
Sin embargo, lo que la administración presenta como un avance tecnológico, sindicatos como el STEI lo ven como una entrega arriesgada de soberanía digital. Y es que la obligatoriedad de usar este canal privado para la comunicación pública otorga a Ayesa un control total sobre el tráfico de información del sistema educativo.
¿600 kilómetros de éxito?
La relevancia de Ayesa en el tejido industrial español es clara. En su portal oficial, la compañía detalla que mantiene desplegados equipos de supervisión de obras ferroviarias que superan los 600 kilómetros en todo el país. Entre sus contratos estrella figuran la consultoría técnica de la línea de alta velocidad Palencia-Santander y la supervisión de las nuevas vías en la estación de Atocha en Madrid.
En estos proyectos, Ayesa se define como la «compañía encargada de velar por que se cumplan todas las exigencias en materia de seguridad y calidad». Es precisamente esta función de «velar por la seguridad» la que ha saltado por los aires en Córdoba. El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó que Ayesa -como recuerda El Periódico, del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca- fue el gestor externo que emitió las 114 certificaciones de las soldaduras de la zona accidentada, sometiendo al menos un 30% de ellas a una doble verificación.
El hecho de que una vía fabricada en 2023, instalada en 2025 y revisada días antes del siniestro se rompiera por una soldadura mal ejecutada sitúa a Ayesa en el punto de mira como otras grandes empresas que supervisaron o trabajaron directamente en la línea ferroviaria siniestrada.
El ‘escudo’ de la Conselleria
La relación entre Baleares y Ayesa no es nueva, pero sí cada vez más controvertida. Ya en octubre de 2025, cuando saltaron las primeras alarmas por la adjudicación de 5,4 millones de euros para el sistema Llull, la Conselleria de Educación salió en defensa de la empresa. Ante las denuncias del STEI sobre la implicación de la multinacional en tramas como el caso Acuamed, el caso de la Fórmula 1 en Valencia o la trama del 3% de Convergència, la administración autonómica fue tajante: «La adjudicataria no tiene ninguna prohibición legal para contratar con el servicio público español».
La adjudicataria no tiene ninguna prohibición legal para contratar con el servicio público español
Desde la Conselleria de Antoni Vera se señaló en ese momento que el proceso de licitación había sido «fiscalizado exhaustivamente» por la Intervención General, los Servicios Jurídicos y la Comisión de Informática de la CAIB. Según la versión oficial, Educación no puede «impedir legalmente» que Ayesa concurra a concursos públicos mientras no exista una resolución judicial firme que la inhabilite. Respecto al acceso a los datos, la administración se escudó en cláusulas contractuales que obligan a la empresa a cumplir con la Ley de Protección de Datos.
Antecedentes de ciberseguridad
La confianza que la Conselleria deposita en los protocolos de Ayesa choca con la realidad vivida por la empresa en 2024. Un sofisticado ciberataque mediante el ransomware ‘Black Basta’ logró exfiltrar 4,5 terabytes de información interna de la compañía, que terminaron publicados en espacios ocultos de la red conocidos como la dark web. La filtración no fue menor: según señaló eldiario.es, incluyó desde proyectos de ingeniería críticos y actas de accionistas hasta datos personales (DNI, pasaportes y cuentas bancarias) de una treintena de trabajadores y directivos, afectando incluso a expedientes de expropiación forzosa de Adif supervisados por la firma.
Este precedente es una de las razones que quita el sueño a algunos miembros de la comunidad educativa balear. Si una empresa líder en tecnología no pudo proteger su propia información corporativa ni la de sus empleados frente a un grupo de cibercriminales, el traslado de toda la gestión educativa de las islas a su plataforma Séneca (rebautizada como Llull) se percibe como una apuesta de alto riesgo. La integración en un único sistema de los procesos económicos, académicos y administrativos —que Ayesa vende como una ventaja para «personalizar las estrategias de enseñanza»— es, a ojos de los más críticos, la creación de una ‘joya de la corona’ digital demasiado jugosa para ser gestionada por una entidad con grietas en su seguridad.
El Segundo Cinturón de Palma
El vínculo de Ayesa con Baleares se extiende más allá de las aulas. La compañía forma parte de la UTE que recibió 1,1 millones de euros para redactar el proyecto del Segundo Cinturón de Palma. En esta obra de 110 millones, Ayesa diseñó un túnel de 845 metros y dos grandes rotondas destinadas a aliviar el tráfico de Mercapalma y el Fan Mallorca.
Los ingenieros de la firma han definido los elementos de drenaje y las medidas de seguridad y salud de una infraestructura que debe soportar el tránsito de miles de mallorquines, mientras sus colegas en la península deben, en la actualidad, explicar por qué falló la supervisión de las soldaduras en Adamuz. La capacidad de Ayesa para «velar por la calidad» en sentido amplio, como reza su publicidad, está hoy bajo el microscopio de la opinión pública y de la justicia.
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